El gobierno brasileño que lidera el presidente Luiz Inácio Lula da Silva está comprometido con la tarea de aprobar el fin de la jornada laboral de seis días de trabajo por solo uno libre en las próximas semanas.

Luego de que el propio Lula manifestara en su mensaje a la ciudadanía por el Día de los Trabajadores que quería acelerar el trámite de esta norma en el Congreso, adonde fue enviada hace varias semanas, en las manifestaciones del 1° de Mayo, tanto en San Pablo como Río de Janeiro, ministros y aliados del gobierno argumentaron que la sociedad debería presionar a diputados y senadores para que reduzcan la jornada laboral.

El ministro de Trabajo y Empleo, Luiz Marinho, afirmó que el gobierno cumplió con su cometido al enviar un proyecto de ley al Congreso sobre el tema. Sin embargo, señaló que la aprobación dependerá de la movilización social. “La manifestación de la sociedad es fundamental en este proceso, porque conocemos el Congreso, sabemos cómo funciona”, declaró el ministro en un acto celebrado en el interior de San Pablo.

Desde el Palacio de Planalto, el final de la semana laboral de seis días se tomó como una cuestión prioritaria como forma de recuperar impulso tras los dos reveses consecutivos que tuvo el gobierno la semana pasada en el Congreso: el rechazo de la nominación de Jorge Messias al Supremo Tribunal Federal (STF) y la anulación del veto de Lula al Proyecto de Ley de Sentencias, que reduce las condenas del expresidente Jair Bolsonaro y otros condenados por los atentados perpretrados en la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia del 8 de enero de 2023.

El fin del modelo se está debatiendo en la Cámara de Diputados mediante una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que, de ser aprobada, será analizada por el Senado, pero desde el Ejecutivo de Lula también se envió un proyecto de ley alternativo, por vía de urgencia, para acelerar el proceso en el ámbito del Congreso.

En pleno año electoral, es improbable que los legisladores, sean del partido que sean, se opongan a la iniciativa, que tiene una altísima aceptación entre la ciudadanía, pero de todas maneras desde el gobierno existe el temor de que el texto final de la norma se debilite.

De acuerdo con lo que informó el portal Metrópoles, dentro de la Cámara de Senadores se está debatiendo la posibilidad de implementar un período de transición para la entrada en vigor de la nueva legislación laboral que podría durar hasta cuatro años.

Esta idea es mayormente rechazada desde el Ejecutivo, que está abierto a negociar la transición, siempre y cuando se limite a ciertos casos, como los pequeños empresarios y otros sectores más afectados por el cambio. Por otra parte, el gobierno de Lula tiene puntos que son considerados innegociables: que la semana laboral no exceda en ningún caso las 40 horas semanales, que haya cinco días de trabajo y dos libres, y que no haya reducción salarial.

El temor a posibles cambios fue una de las razones que llevaron al gobierno a presentar su propio texto para su evaluación por el Congreso. Esto se debe a que la PEC, una vez aprobada por los parlamentarios, no requiere la aprobación presidencial, a diferencia de un proyecto de ley, que sí necesita la sanción presidencial. En la práctica, la PEC elimina la facultad de Lula para vetar secciones que pueda considerar perjudiciales a su proyecto.

Medios brasileños informaron que el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, integrante del partido derechista Republicanos, tiene previsto poner a consideración de los legisladores la norma en el correr de este mes.

Se espera que el martes el relator del tema, el diputado Leo Prates, también integrante de Republicanos, presente su dictamen sobre la nueva legislación. El calendario prevé la votación del PEC en la comisión especial entre el 25 y 26 de mayo, y el análisis en el plenario el miércoles 27.