En los últimos tiempos, la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad de la República (Udelar) ha sido una institución sobre la que se ha opinado en columnas, debates y redes sociales. Miremos lo saludable de esto: es muy importante que la sociedad en general discuta sobre su Universidad, sobre quiénes hoy pueden acceder a ella, sobre qué conocimiento se brinda y, por supuesto, sobre la pertinencia social de ese conocimiento, pero una discusión en apariencia nueva es sobre quiénes pueden hacer uso de sus instalaciones. Es deber de la institución llevar el debate a un plano de responsabilidad con la comprensión pública del problema real.

El artículo 2º de la Ley Orgánica de 1958 señala que la Udelar “tendrá a su cargo la enseñanza pública superior en todos los planos de la cultura, la enseñanza artística, la habilitación para el ejercicio de las profesiones científicas y el ejercicio de las demás funciones que la ley le encomiende. Le incumbe asimismo, a través de todos sus órganos, en sus respectivas competencias, acrecentar, difundir y defender la cultura; impulsar y proteger la investigación científica y las actividades artísticas y contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública; defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno”.

El mencionado artículo es una declaración de compromiso social único en el mundo, basado en el modelo de universidad latinoamericana propuesto por las revueltas estudiantiles de Córdoba en 1918. Evidentemente, como todo en el plano legal, está cargado de ideología, pero lo que hace hermoso a este artículo es que está bastante lejano de los textos legales de la ideología dominante, casi una isla, por lo que no es casual que los principios que lo guían sean cada tanto cuestionados.

Existe un problema grave hoy en los órganos de conducción de la FCS y es que, en parte, en sus órdenes cogobernantes ha permeado un relato basado en el sentido común, las prenociones sobre la realidad y, lo que es aun más grave, la necesidad de dar respuestas a la demanda de cierta parte de la opinión pública de manera urgente. Este camino es peligroso, ya que, como bien dice el artículo 2º, una de nuestras obligaciones es propender a la comprensión pública de los problemas de interés general. El camino no puede ni debe ser a la inversa. Hay que evitar que las prenociones y la opinión de columnistas de ocasión contaminen el debate. Nos encontramos en un estado de la sociedad en el que el relato sobre lo urgente se construye desde lo mediático y lo urgente suele ser acompañado por lo punitivo. Una vez más, es nuestra responsabilidad como cientistas sociales poder escapar a eso y analizar ciertos asuntos con las herramientas con las que contamos de modo privilegiado. Sobre todo porque esta situación puntual expresa posiciones y posturas acerca de la sociedad en general y, más específicamente, sobre la marginalidad, el territorio y las políticas sociales.

Los espacios en la FCS

El uso de espacios de la facultad por personas que no son estudiantes, docentes ni funcionarios o funcionarias de la institución no es nada nuevo. El edificio de la FCS ha sido siempre utilizado para la realización de actividades externas: congresos, debates, etcétera. La biblioteca es un punto de referencia para muchas personas que van a hacer uso de sus instalaciones. ¿Cuál es el “problema” actual? En mayo de este año, la institución identificó que algo así como 100 personas, muchas de ellas en situación de extrema vulnerabilidad, usaban los espacios como lugar de “achique” durante el día, en especial su sala de informática. Obviamente esto es un conflicto y no hay que ser ingenuos/as. Estamos hablando de 100 personas que se acercan a un lugar nuevo, con pautas de convivencia establecidas, y esto implica que la adaptabilidad a ellas no va a ser fácil. Pero tampoco hay que ser ingenuos/as en creer que los relatos de caos dan cuenta de la realidad actual de la facultad.

Obviamente, han ocurrido eventos aislados de violencia y robos, que no son la generalidad ni el comportamiento típico de las personas que allí concurren para “achicar”. Ya han existido en el pasado eventos de este tipo: estamos hablando de una facultad en la que conviven a diario cientos de personas. Pero el relato sobre lo conflictivo vende más si trata de personas en situación de marginalidad. No es noticia que dos estudiantes hayan tenido una discusión que pasó a las manos luego de una asamblea. Sí es noticia que dos “pobres” tuvieron una discusión y se tiraron unas piñas en el piso 1. No es noticia el acoso o el maltrato docente, sí es noticia cuando el acoso o el maltrato proviene de una persona que no goza de los privilegios de su estatus. El tema es que esto debe ser una preocupación siempre.

Frente a las situaciones mencionadas, la FCS ha tomado medidas. Se creó un grupo de trabajo para abordar esta situación, se han realizado talleres para trabajar sobre el uso de los espacios y las pautas de convivencia y se han implementado controles para no permitir ninguna situación de violencia, maltrato o acoso y prohibir la entrada a quienes las generen.

La coordinación intergremial de la FCS elevó una propuesta al Consejo de Facultad, que fue aprobada por ese órgano, en la que se establece: 1) La necesidad de crear un protocolo de convivencia de la FCS para todos y todas. 2) Recomendar a la comisión de extensión del Consejo que comience a elaborar una propuesta de proyecto de extensión vinculado a la atención de los y las usuarias de la FCS que no son parte de la comunidad educativa para 2019. 3) Proponer que se encomiende al Espacio de Formación Integral “Abordajes profesionales a la construcción de la seguridad” previsto para 2018, el abordaje inmediato de actividades con la población objetivo. 4) Permitir que los y las funcionarias de vigilancia pueden inhabilitar el acceso a personas que no cumplan con los acuerdos y reglamentos de convivencia aprobados hasta el momento, en particular en las situaciones vinculadas con el acoso. 5) Que se busquen posibilidades para incrementar los recursos destinados a limpieza de la FCS. 6) Impulsar una reorganización de los recursos de la sala de informática para asegurar una atención adecuada cuando esté en funcionamiento.

Pero a pesar de toda esta batería de medidas, siguen apareciendo pomposas columnas de prensa que hacen pasar situaciones específicas por el todo, dando una sensación de inmovilidad acerca de quienes formamos parte de la comunidad de Ciencias Sociales y ridiculizando nuestras propuestas de abordaje de la situación. Esto se vuelve un problema cuando esa perspectiva comienza a reflejarse a la interna y la única solución que se entiende como efectiva es cerrar la sala de informática y prohibir el acceso a otras personas, perspectiva que gana adeptos en el orden docente.

Estamos en una situación que nos interpela como comunidad. El asunto está en si vamos a proponer abordarlas desde un lugar que ubique el debate donde corresponde o vamos a tirar soluciones para la tribuna. El problema real no es que la institución se llene de personas en situación de vulnerabilidad, sino que se llene de cientistas sociales faltos de empatía y de racionalidad analítica. Por supuesto que soluciones serias necesitan recursos y discutir las asignaciones presupuestales de cada unidad académica. Esperemos que en el fondo las diferentes posturas no estén basadas en andar cuidando privilegios.

Eric Álvez Rodríguez es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.