Durante las pasadas semanas se han realizado anuncios de campaña en varios temas. Si bien todos son importantes en sí mismos, combinados podrán ser aun más transformadores, y sobre eso trata este texto. Por un lado, el viernes 10 el Frente Amplio (FA) lanzó en Maldonado medidas de educación que incluyen el avance en la descentralización de la universidad. Por otro, se vienen valorando en los intercambios públicos los resultados en materia de vivienda y los programas actuales, que buscan poner énfasis en diversos temas, entre los que se encuentran los y las jóvenes y sus necesidades emergentes.

Interesa destacar que Uruguay, de la mano con un crecimiento exponencial de jóvenes que llegan a niveles terciarios de estudio, va concretando progresivamente una descentralización de la educación que viene a enfrentar la macrocefalia estructural del país. “Cuando quieras estudiar, ya no morís en la capital”: en el Uruguay contemporáneo se compone una nueva red de centros de nivel terciario que empiezan a generar una realidad con oportunidades y demandas nuevas, como el acceso a la vivienda para jóvenes, hogares jóvenes y estudiantes jóvenes, entre otras.

Hoy, son por lo menos 15 las ciudades que ocupan un nuevo rol en el sistema de ciudades del país, impulsadas por este nuevo equilibrio de la distribución de los centros de educación, de salud y de empleo. Así es que se fortalecen subsistemas de ciudades que cambian el mapa nacional. Las ciudades universitarias pasan a ser receptoras de nueva población, especialmente de jóvenes que viajan a diario a estudiar o residen de manera temporal o permanente en la ciudad.

Subsistemas de ciudades y centros educativos

En una publicación de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en acuerdo con la Dirección de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Comisión de Población, denominada “Sistema de Ciudades y Equipamientos: avance hacia la construcción de una herramienta para la gestión de los servicios públicos”, se analiza este proceso descentralizador y se observa este mapa, que está en permanente cambio. Por ejemplo, si hacemos el recorte en los ocho subsistemas que surgen de valorar el nivel de asociación entre las ciudades, es decir, qué ciudades se vinculan más entre sí que con el resto del país, y comparamos ese mapa con la infraestructura educativa terciaria, podemos evidenciar la imponente descentralización en marcha y los subsistemas territoriales que aún presentan dificultades de acceso para la población.

Además de la presencia nacional de las escuelas técnicas que brindan formación terciaria, en el estudio mencionado se analiza la nueva estructura de universidades y centros de formación en los distintos subsistemas.

-En el subsistema Alto litoral se cuenta con tres centros de la Universidad de la República (Udelar) y dos estaciones experimentales de la misma universidad, un centro de la Universidad Tecnológica (Utec), uno de la Universidad Católica (Ucudal) y cinco de formación docente.

-En el Bajo litoral, hay un centro de la Udelar, dos de la Utec y dos de formación docente.

-En el Sur Oeste está la Utec en dos ciudades y se brinda formación docente en tres centros de formación.

-En el Centro, una Utec y dos centros de formación docente.

-En el Norte existen dos centros de la Udelar, uno de la Utec y tres de formación docente.

-En el Noreste hay dos centros de la Udelar y un instituto de formación docente.

-En el Este la Udelar tiene tres sedes (Maldonado, Rocha y Treinta y Tres), una universidad del Centro Latinoamericano de Economía Humana (Claeh), dos institutos universitarios privados y cinco centros de formación docente.

-En el Centro Sur, que incluye a la capital, además de la Udelar y dos estaciones experimentales hay cinco universidades privadas (Ucudal, Universidad de la Empresa, Universidad de Montevideo, Universidad ORT y Claeh), nueve institutos universitarios, cinco instituciones de formación docente con alcance nacional, dos centros regionales de profesores y seis institutos de formación docente.

Este repaso del despliegue nacional de la infraestructura educativa opta por la organización en regiones y subsistemas. Esta división regional flexible, que se va instalando en la gestión como una herramienta oportuna y fundamental para el diseño de la política pública, así como para orientar la inversión pública y privada, busca hacer más eficaz la inversión y potenciar la descentralización hacia objetivos de desarrollo social y económico de manera equilibrada en todo el territorio nacional.

Por un lado, la especialización de los centros de estudio va a conectar fuertemente con las cadenas de producción, así como a agregar valor con más tecnología y conocimiento aplicado. La propuesta de “estaciones del futuro” va en sintonía con esta visión de desarrollo regional. Pero fundamentalmente hay un componente diferencial de acceso y oportunidades para una mayor cantidad de población: las familias no tienen que enviar a sus hijos a 400 km de distancia para poder continuar sus estudios, sino que es la universidad la que se acerca a los jóvenes del interior para ofrecerles una alternativa y evitar el desarraigo y la desconexión con la familia, con sus pares y con la realidad local.

Educación-vivienda y otras políticas integradas

Daniel Martínez ha expresado que las políticas integradas y los proyectos transversales serán la manera de abordar los desafíos del país en un próximo gobierno. Los planes para vivienda de jóvenes y estudiantes en todo el país serán claramente uno de ellos. El tema de la vivienda para jóvenes y estudiantes nunca estuvo del todo resuelto en Montevideo; siempre fue un asunto que no era prioritario en los proyectos políticos y, por lo tanto, en los planes quinquenales de vivienda y hábitat. Sin embargo, para el año 2020 este tema aparece no sólo con mayor relieve y como una nueva prioridad programática del FA, sino también desde un nuevo abordaje integrador, vinculando las decisiones de avanzar más en la descentralización de la universidad y la priorización de nuevas políticas de vivienda para los jóvenes.

Los cambios sociales como este impulsan tanto nuevas políticas como ajustes o expansión de las políticas actuales, para hacer sinergia y convertirse en transformaciones más profundas. El FA reconoce esto y propone una batería de instrumentos generales y otros más específicos para mejorar el acceso a una solución habitacional para los y las jóvenes. Si bien hablar de “jóvenes” implica hablar de un conjunto muy diverso y heterogéneo, quizás haya un par de características bastante generales para tener en cuenta: no buscan una solución para toda la vida y no tienen todavía ahorro previo. Partiendo de estas premisas, algunas medidas a adoptar deberán:

  • Ampliar el stock de unidades de vivienda para alquiler en Montevideo y en todas las ciudades medianas del país, con precios accesibles. Alquilar viene creciendo como una alternativa adecuada para ciertos grupos y determinados momentos de la vida. En Montevideo, la oferta de alquiler creció impulsada por la producción de viviendas en el marco de la Ley 18.795. En este sentido, se podrían orientar exoneraciones fiscales para vivienda de alquiler con precios regulados, lo que permitiría continuar ampliando el stock. Dicha estrategia se puede complementar con la propuesta de un sistema de alquileres protegidos y con las viviendas para alquiler de propiedad pública. En los tres casos, los incentivos podrán estar dirigidos a jóvenes y a estudiantes, y serían alquileres en el marco de un programa con condiciones de precio y calidad regulados.

  • Desarrollar el Fondo de Garantías de Alquiler. Las garantías de alquiler son un instrumento complementario a la oferta, y orientan a jóvenes y a grupos de jóvenes que compartan ese beneficio para que se organicen para convivir durante el tiempo de sus estudios y la salida al mundo del trabajo. Este fondo ha llegado a atender unas 7.000 garantías, pero tiene potencial para ser más efectivo y crecer en cantidad y en despliegue territorial.

  • Considerar la vivienda colaborativa o cohousing como una nueva opción y una alternativa viable para aquellas ciudades del país que requieran oferta para grupos de estudiantes. Parece razonable pensar que en este país, que conoce el cooperativismo, la vivienda colaborativa para estudiantes puede encontrar un buen escenario para desarrollarse. Desde la política pública se podrá promover el surgimiento de emprendimientos habitacionales organizados para colectivos de estudiantes en edificios privados, pero también en edificios públicos.

  • Integrar las residencias estudiantiles y el sistema de becas como opciones factibles e instrumentos efectivos para atender esta demanda. Existe una vasta experiencia de residencias estudiantiles en Montevideo; algunas son propiedad de las intendencias o de organizaciones gremiales, y otras son gestionadas por privados. Dicha modalidad se empieza a expandir en cada ciudad del interior. Desde la política pública se puede fortalecer esta red, asegurando estándares de habitabilidad y trabajando en coordinación con la organización universitaria.

En suma, el país cambió y puede seguir cambiando; aparece en el horizonte próximo un escenario propicio para profundizar la transformación hacia un modelo de desarrollo socialmente inclusivo, territorialmente descentralizado e integrador y ambientalmente sustentable. El camino es ir por más, levantando la frontera de las miradas sectoriales y buscando la sinergia de las acciones integrales. En lo que refiere a la política de vivienda, esta debe adecuarse a las necesidades y trayectorias vitales de las personas, diversas y cambiantes, y no a la inversa. Esta necesidad de asociar nuevas políticas en vivienda para jóvenes tiene que ver con la estrategia de ampliar el acceso a la formación de tercer nivel.

José Freitas es director nacional de Ordenamiento Territorial.

1 www.mvotma.gub.uy/component/k2/item/10013015-sistema-de-ciudades-y-equipamientos.