El senador y general Guido Manini Ríos quiere que el Ejército sustituya a las empresas constructoras de rutas y a los trabajadores civiles,1 en una visión de los militares como “todólogos” que pueden ser utilizados “tanto para un barrido como un fregado”, ya no en una situación de emergencia, sino en una situación normal.
Hace pocos meses, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, solicitó y obtuvo que el personal militar fuera exceptuado del Decreto 90/020 de austeridad fiscal de reducción de vacantes del Estado, porque acarrearía “graves consecuencias en el cumplimiento de las misiones fundamentales y subsidiarias que realizan las Fuerzas Armadas”. Sin embargo, parece que ahora el Ejército tiene personal sobrante para realizar nuevas tareas que son fuertemente demandantes de horas-hombre.
Esa idea “totalitaria” de que los militares son “todólogos” capacitados para realizar casi cualquier tipo de tareas en forma más eficiente (porque harían el mismo trabajo a “un costo sensiblemente menor”) que las empresas privadas o públicas aparece cíclicamente, ya sea bajo la forma de militarizar la capacitación de los “ni-ni” (los jóvenes que ni estudian ni trabajan), hacerse cargo del tratamiento de los presos de alguna cárcel, la construcción de rutas o de viviendas, la internación compulsiva de drogadictos, la custodia de embajadas, de dependencias públicas, de antenas o barcos privados, o el “combate” al abigeato, al contrabando o al narcotráfico. Una idea omnimilitar de los militares y de la sociedad.
Siguiendo por el camino propuesto por Manini, ¿cuánto demoraremos en ver militares arreando ganado, conduciendo transporte público, dando clases en los liceos, haciendo competir a sus “cantinas militares” con el almacenero de la esquina o el supermercado del barrio, o dirigiendo el tránsito?
En ningún país desarrollado los militares realizan esas tareas, pero en cambio (y no casualmente) esas ideas son recurrentes en muchos países dependientes y/o pobres, en que las potencias extranjeras fomentan que los militares se dediquen a hacer otras cosas en lugar de la defensa.
Esa idea “totalitaria” de que los militares son “todólogos” capacitados para realizar casi cualquier tipo de tareas en forma más eficiente que las empresas privadas o públicas aparece cíclicamente.
En ese tipo de cuenta maninista (porque lo de “cuenta de almacenero” no aplica desde que cualquier almacenero hace mejores cálculos, ya que conoce bien el conjunto de impuestos que debe pagar) nunca se contabiliza, por ejemplo, el alto costo del sistema de retiro militar (que hace que los mal pagos soldados se retiren a edades tempranas con mejores retiros que los trabajadores civiles), mientras que cualquier empresa de la construcción debe contabilizar y pagar importantes valores al Banco de Previsión Social (BPS). Tampoco se tienen en cuenta los diversos impuestos o transferencias que las empresas (ya sean privadas o públicas) pagan al Estado; ni los derechos que los trabajadores civiles tienen respecto de los “trabajadores militares” (como la ley de las ocho horas); ni las amplias subvenciones en la compra de equipamiento, que las empresas privadas tampoco tienen; ni la desocupación civil que genera la mano de obra militar. De “libre competencia” en la comparación de costos el sistema propuesto tiene poco. Ni hablemos del supuesto “motor privado” que impulsa la economía.
Es un error ideológico profundo considerar que los militares deben generar sus propios recursos económicos (autofinanciarse) para mejorar su equipamiento o su salario. Las Fuerzas Armadas deben ser financiadas por el Estado para la ejecución de su tarea fundamental: las actividades militares de la defensa nacional. No es su tarea hacer “changas” para ganarse unos pesitos extra, ni sustituir empresas o trabajadores privados o públicos.
Esto no tiene nada que ver con una tarea de “emergencia” que ocasionalmente puedan y deban cumplir.
La razón de ser de las Fuerzas Armadas está definida en la Ley Marco de Defensa Nacional, una ley aprobada por la unanimidad del Parlamento (algo que no es muy común). En ningún lugar de esa ley, ni de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, está la tarea de construcción de carreteras.
En los próximos días veremos cuán defensores de la iniciativa privada y adversarios del crecimiento irracional del Estado son los blancos y colorados; o cuántos principios dejan por el camino debido a su dependencia de los votos del “partido militar”, o mejor dicho, del partido de un sector de los militares.
Gustavo Scaron es presidente de la Comisión Especial de Defensa Nacional del Frente Amplio.