Mides, un ministerio a la deriva

Los trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) vienen desde hace meses redactando comunicados alarmantes en los que denuncian una serie de improvisaciones, recortes e incumplimientos por parte del ministerio a quien le prestan servicios. Son muchas las preocupaciones que se suscitan observando el barco (aparentemente a la deriva) en el que navegan las políticas sociales, mientras que cada tanto caen al agua diferentes programas, enteros o por partes, sin saber cuál es la razón; si por mala evaluación o recorte. En todo caso, lo que no se vislumbra son las contrapropuestas.

Con la irrupción de la pandemia, y luego el invierno, el Mides salió a imponer nuevas reglas de juego a los refugios. Se supone que en un convenio, se convenia, y se firma un pliego que establece el compromiso de cada parte. En el comunicado del 22 de octubre del año que finalizamos, el Sutiga denunció gravísimas formas de proceder e incumplimientos: “Algunos centros se mantienen abiertos, funcionando sin marco contractual, sin pliegos, sin más referencia que una hoja de cálculo electrónica y una nota de aceptación”. Puede ser entendible que dadas tantas exigencias y apuros, no se cumpliera con las formas en mayo, pero no es admisible que esta situación perdure hasta el 22 de octubre y más. Pero además, el comunicado denunció que se implementó “la modalidad de albergue masivo, donde han llegado a pernoctar alrededor de 280 personas en las noches más concurridas”. Estas formas de alojamiento de personas en situación de calle son absolutamente deficitarias en todo sentido y contexto, pero parece una burla en situación de emergencia sanitaria.

Además, cuando el “convenio” del refugio pasó a depender del Fondo Covid-19, la situación de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para el Mides (que a veces son cooperativas) pasó a la total incertidumbre y desesperación, ya que los atrasos en el pago de las partidas mensuales llegaron a los cuatro meses. ¿Qué organización de la sociedad civil puede amortiguar esos adeudos? ¿Qué cooperativa puede hacerlo? ¿Por qué tanto atraso? ¿Falta plata? Y un mar de preguntas más. Naturalmente, en muchos casos esas partidas no pagadas en fecha derivaron en salarios no pagos en fecha. Otro enigma es por qué algunos refugios pasaron a depender del Fondo Covid-19, cuando este no podía dar garantías de pago.

¿Cantando la retirada?

El Mides ha ido dejando caer en grandes trozos los principales programas que lo insertan en el territorio: los Equipos Territoriales de Atención Familiar (ETAF), Jóvenes en Red y los Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (SOCAT). Esto podría tener que ver con una mala evaluación, y de ser así sería saludable su publicación. O podría tener que ver con el lanzamiento de otros dispositivos superadores para atender las mismas problemáticas, y de ser así sería saludable su implementación, o al menos su anuncio. Mientras quedan las interrogantes sin respuesta, sabemos que cayeron 22 convenios Mides de ETAF en mayo. Los SOCAT funcionaron con gran incertidumbre y algunos, además, con largos adeudos durante todo el año, que los llevaron en algunos casos a cerrar por no poder sobrellevar más la situación.

En similar situación de incertidumbre (con contratos vencidos el 30 de noviembre pero igualmente funcionando hasta nuevo aviso) se encontraban los Servicios de Atención a Situaciones de Violencia basada en Género del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Mides. Las trabajadoras mantuvieron la atención por compromiso y empatía con las mujeres en situación de violencia, a veces pasando tres meses sin cobrar. Esta situación se dio por la no ratificación de las licitaciones hechas por el gobierno saliente, que requerían sólo la firma de las nuevas autoridades. Estas decidieron funcionar mediante prórrogas, y dieron de baja la licitación heredada. El fundamento fue revisar criterios, pero los nuevos criterios apenas cambian respecto de los anteriores. En los últimos días se firmó la continuidad de los servicios por dos años más.

Menos es menos

Ya lejos quedaron las colchonetas de yoga y la oficina en Casavalle; hoy están los adeudos, los recortes y la falta de orientación e iniciativa para proponer. En un documento interno elaborado por Sutiga este mes, se señala que “algunas organizaciones gestionantes ya están siendo informadas de los cambios que podrían darse a partir de abril de 2021 cuando venzan las actuales licitaciones. Los mismos van en la línea de reducir el personal contratado (un equipo técnico y coordinación cada tres centros con 20 usuarios)”. O sea, tres técnicos (educador social, trabajador social, psicólogo) haciendo el seguimiento a 60 personas en situación de altísima complejidad y vulneración.

La Unión de Trabajadores del Mides también ha advertido sobre todos los proyectos que cesaban y los contratos que no se renovaban. Aunque hay nuevos llamados, los requisitos son mucho menores, y probablemente también lo sea el sueldo. El camino elegido, ante tanta complejidad, es el de la desprofesionalización.

Daniel Gerhard es diputado por el Partido por la Victoria del Pueblo, Frente Amplio.