Sobre laicidad y prosélitos: el caso de los profesores de San José

Algunos profesores universitarios, estudiosos del tema e integrantes de la Red Temática sobre Laicidad de la Universidad de la República,¹ queremos contribuir a través de este escrito a la comprensión pública de la situación generada por la denuncia y posterior sumario instruido contra 14 profesores del liceo 1 de San José que se encuentran bajo amenaza de destitución por parte de la División Jurídica de la Dirección General de Educación Secundaria y de las autoridades competentes. Dichos profesores han sido acusados de proselitismo por fotografiarse dentro y fuera del liceo con un cartel de “No a la reforma” en el marco de una expresión sindical de rechazo a la iniciativa y como toma de posición ciudadana frente a lo que sería un plebiscito constitucional en 2019. Estas manifestaciones ocurrieron en un horario y en un momento en el que no había estudiantes presentes. Estas fotografías se incorporaron luego al sitio de las redes sociales de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes).

Hasta aquí la relación de hechos. Nos interesa contribuir a la discusión pública en varios asuntos de fondo vinculados a la laicidad, al proselitismo y al concepto de educación.

Las disputas por la laicidad

Respecto del modo en que se entiende la laicidad, consideramos que el proceso de judicialización de este tema responde a un modo restrictivo de entender la significación del concepto. La historia de la laicidad en Uruguay muestra una trayectoria bastante singular que pasa de designar la necesaria separación entre el Estado y la Iglesia, que progresivamente supuso la eliminación de la educación religiosa de la educación pública, a regular la presencia de la política partidaria dentro de la educación pública.

Esto no significa que la educación pública sea opuesta a la educación política, sino todo lo contrario. La educación pública es el proyecto de construcción de una comunidad política en la que los ciudadanos son los actores fundamentales de su propia existencia. Sin embargo, desde el siglo XIX desde tiendas conservadoras puede identificarse una voluntad de eliminar la política de la educación. Para esta familia ideológica, la política y la educación son términos opuestos porque se trata de que el futuro ciudadano no se contamine de discusiones que terminen produciendo una suerte de adoctrinamiento político prematuramente. Para otra tradición que se inaugura con José Pedro Varela, la discusión política forma parte del proceso de formación del futuro ciudadano. No se puede formar a un ciudadano sin entender cómo funciona la democracia, donde la forma de resolver colectivamente supone que cada uno pueda contribuir con su propia experiencia a la resolución de los problemas comunes.

Estas dos perspectivas, aunque confrontadas políticamente, lograron acordar cierta manera de interpretar la laicidad que supuso que lo que no debía ingresar en el aula era la presencia de la actividad político-partidaria. El modo de entender la laicidad tuvo énfasis diferentes y, por tanto, también preocupaciones diferentes: para el grupo más flexible, la laicidad es una garantía de la pluralidad de visiones sobre las diferentes materias en conocimiento para formar a alguien que debe tomar posición en los asuntos comunes; para el grupo más rígido o restrictivo, la laicidad debería regular el modo en que se ejerce la función docente de forma tal de impedir que en nombre del compromiso de los educadores ejerza una influencia que direccione el modo de pensar de los estudiantes.

Teniendo en cuenta estas perspectivas, nos interesa analizar la interpretación que se plantea en el sumario. Esta se inclina hacia el segundo sentido mencionado. Sin embargo, existe una diferencia entre una perspectiva conservadora de la laicidad y el modo en que se está interpretando esta tradición. En primer lugar, la manifestación de los docentes no se inscribe en un tema político-partidario sino en una iniciativa de plebiscito. Si en los hechos se ve como partidizada, es por una interpretación inadecuada; la cuestión de fondo es la posición que un núcleo de docentes organizados toma a partir de una confrontación entre diferentes maneras de resolver el “problema de la seguridad”.

En este sentido consideramos que debe realizarse una distinción clara entre político (cuestión de ciudadanía) y político-partidario o religioso (referida a un partido o facción política o religiosa). La toma de posición ético-política frente a los temas que nos involucran como ciudadanos es parte de una responsabilidad que no puede ni debe estar asociada únicamente a la actividad partidaria, sino a una cuestión de expresión ciudadana que es necesaria como parte del ejercicio democrático y un derecho humano a destacar y defender.

Sobre el proselitismo

Sin perjuicio de lo antedicho, cabe tener presente que la definición dada al término proselitismo en el informe de sumario resulta preocupantemente ambigua, puesto que la manifestación por parte de un docente de cualquier asunto que resulte controvertible puede ser concebida como tal.

Si partimos de una de las definiciones de proselitismo del Diccionario de la Real Academia Española, “Celo de ganar prosélitos”, nos preguntamos si puede haber proselitismo sin que existan potenciales prosélitos. ¿Cómo diferenciar el acto de proselitismo que busca convencer y ganar adeptos a una causa político-partidaria de una expresión ciudadana que toma posición acerca de los temas de la polis (derivado de πόλις, del griego, ciudad)? Somos individuos en una ciudad, en un Estado independiente, en una comunidad política, y tenemos derecho a manifestarnos sobre las cuestiones que nos afectan. Desde este punto de vista, en tanto ciudadanos, los docentes y las personas en general somos seres políticos. No hay educación que no sea política en este sentido.

Por lo tanto, en sociedades plurales como las nuestras, la expresión de la libertad de conciencia no puede ni debe constituir un delito, ni estar constreñida solamente a la vida privada. Tal como lo plantean Charles Taylor y Jocelyn Mclure, es necesario separar la manifestación del punto de vista propio y el proselitismo. Según los autores, “lo que habría que proscribir, en el caso de un empleado que lleva un signo visible y haga proselitismo en su trabajo, sería el proselitismo, y no que lleve un símbolo religioso, que en sí mismo no es un acto de proselitismo”. No es la expresión o la visibilidad de la expresión pública de una posición lo que hace al proselitismo, sino la voluntad de incidir en la manera de pensar de los otros, en este caso, de los estudiantes.

Sobre lo público y lo privado en tiempos de redes

¿Podría concebirse la acción que desarrollaron los profesores en cuestión como proselitismo? Consideramos que resulta muy forzado realizar esta interpretación. De todos modos, vamos a tratar de despejar el aspecto problemático de la cuestión.

Los docentes se fotografían en un liceo desierto. Si lo hubieran hecho en cualquier otro lugar no se podría tipificar de falta. Pero los docentes, luego de sacarse la foto en el liceo, la hicieron pública a través de las redes. A partir de ese momento se podría suponer que los estudiantes podrían enterarse de que sus profesores tienen una posición tomada en relación a la reforma en cuestión.

Suponiendo que esto configure un problema, ¿cómo definimos los límites de lo público y lo privado en tiempos de nuevas tecnologías y virtualidad? Las redes sociales y su funcionamiento son un fenómeno nuevo, no previsto en las normativas, y sobre el que las personas tenemos poca experiencia. ¿Hasta dónde se puede expresar un docente en su red personal? ¿No es análogo al balcón de su casa, donde podría poner un cartel partidario? ¿Qué diferencias existirían entre publicar una foto en su cuenta y publicar la foto en la cartelera sindical del liceo? ¿Constituiría en este caso también una actividad proselitista? En todo caso, frente a situaciones ambiguas consideramos que antes de promover respuestas represivas, lo más importante sería estimular la discusión acerca de cuáles son los lugares pertinentes para la expresión ciudadana, o la toma de posición política plural y razonada de los diversos temas que involucran a este colectivo.

Teniendo en cuenta que no hay una normativa para penalizar el uso de las redes sociales, lo más razonable sería dirimir este asunto en el ámbito educativo, respetando, claro está, las normas establecidas y reflexionando a partir de las nuevas situaciones que van emergiendo y no están previstas por la ley. De lo contrario, de extenderse la interpretación propuesta podría llevar al absurdo de que cualquier cosa que hace un profesor, en tanto puede alcanzar o ser visto por un alumno, podría convertirse en un acto proselitista.

Sobre el oficio de educar

¿Cuál es la relevancia del asunto? Por un lado, de tomarse la recomendación de destitución de los docentes se estaría sentando un precedente respecto de una interpretación sesgada del concepto de laicidad y proselitismo que estaría potencialmente vulnerando el derecho a la libre expresión de los docentes como colectivo sindical. Por otro lado, tendría consecuencias respecto del modo en que se entiende que se debe ejercer el oficio de educar.

Educar implica influir en el otro de diferentes formas y maneras, pero atendiendo sobre todo a la formación de la capacidad de pensar, de tener sensibilidad frente a los otros y los problemas sociales. Pues educar es prepararse para intervenir en el mundo. Por eso no puede tratarse de evitar que el educando sea influido por el mundo o por otros, lo cual es imposible que ocurra, sino de intervenir para que la acción educativa estimule la capacidad de aprender a pensar, a argumentar, y que no inhiba el planteo de los problemas del mundo, ni las voces discordantes.

En este contexto consideramos que resulta de interés plantear una discusión más profunda y actual de lo que significa educar. Ni los docentes pretenden siempre influir, aunque su tarea es influyente, ni el alumno es tan unidireccionalmente influenciable y débil frente a esa influencia. El centro de la discusión debería pasar por cómo educar para la autonomía, cómo habilitar y potenciar las voces disidentes dentro de contextos muchas veces muy complejos y conflictivos. La laicidad se abre a la convivencia democrática cuando permite la emergencia de las voces disidentes. Asociar la laicidad a su violación produce ambientes donde el miedo a ser castigado es lo que prevalece, y genera una mordaza para el pensamiento y su libre expresión. Consideramos que un camino que conduce a atemorizar a los docentes para expresar su punto de vista sobre las cuestiones de la polis no es educativo ni democrático.

Defender la educación

Hay muchas razones para preocuparse por lo que está ocurriendo con los profesores de San José. El enfoque que queremos aportar tiene que ver con asumir un compromiso con la defensa de la escuela, porque detrás de estas eventuales destituciones se agazapa un discurso que ubica a los docentes como el problema de la educación, pero ¿de qué escuela hablamos?, ¿de qué educación? Como dice la filósofa Marina Garcés en su reciente libro Escuela de aprendices: “La principal razón para defenderla es, para mí, precisamente esta: es el lugar en el que la sociedad, en su conjunto, puede hacerse cargo de la disputa en torno al saber, sus implicaciones sociales y sus consecuencias políticas. La disputa en torno al saber no es una querella teórica en manos de expertos; es un conflicto en carne viva que implica todos los elementos de la sociedad y sus maneras de producir, de trabajar, de convivir y de imaginar. Es una disputa práctica, sensible y peligrosa, que afecta de manera individual la trayectoria de vida de cada niño o niña. Por esto la escuela es una institución política y cuanto más claro lo tengamos, menos instrumentalizable políticamente será. Ir a la escuela no es comprar un producto o recibir un servicio. Es participar activamente en esta disputa y poder hacerlo en condiciones de igualdad”.

La mejor forma de atacar a la escuela es atacar a sus maestros o profesores; ha sido así durante toda la historia de la educación, por lo menos desde Sócrates. Lamentablemente, hoy esto se ha vuelto una tendencia global que no le hace nada bien a nuestra educación ni a nuestra democracia, ya que en vez de resolver problemas, genera conflictos y ubica a los actores educativos en posiciones antagónicas irresolubles. Creer que el significado de las palabras “laicidad”, “proselitismo”, etcétera, es una cuestión estanca, definida de una vez para siempre y que refleja realidades en sí nos lleva a grandes errores de percepción. Los lenguajes y sentidos que les damos a las palabras y a los conceptos con los que miramos el mundo son resultado de acuerdos intersubjetivos y productos de procesos históricos que tienen efectos de poder, que no reflejan ninguna realidad “en sí” ni constituyen verdades absolutas. No estamos afirmando con ello ningún relativismo, sino apostando por sentidos, acuerdos, formas de mirar y valorar el mundo que sean más acogedoras y humanas, menos dogmáticas y más plurales.

Andrea Díaz Genis y Antonio Romano son docentes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Udelar; Mabela Ruiz es docente de la Facultad de Psicología de la Udelar; Valeria Lepra es docente de la Facultad de Artes de la Udelar; Pablo Drews es docente de la Facultad de Derecho de la Udelar; Luciana Scaraffuni es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar.