Peligroso aislamiento político

La situación política, económica y especialmente sanitaria que atraviesa el país nos obliga a repensar nuestro papel como única fuerza política opositora. A juzgar por la actitud del gobierno, pero fundamentalmente por la realidad, deberá tener un mayor nivel de denuncia y movilización contra el modelo que se está imponiendo, escudado detrás de la emergencia sanitaria.

En lo político tenemos un gobierno encerrado en sí mismo, que se ha reunido con la oposición y las organizaciones populares por cuestión de “cortesía” y como parte del show mediático que despliega a diario, pero que desoye sus planteos en forma sistemática por el solo hecho de provenir de ellas.

En los últimos tiempos ha mostrado esta misma soberbia con relación al mundo científico, realmente preocupado por enfrentar la pandemia de covid-19, pero no con el gran empresariado que sigue acumulando riquezas.

Hace un año que gobierna el doctor Luis Lacalle Pou, y su gobierno viene cubriendo cada medida antipopular responsabilizando a los gobiernos anteriores por el estado de descalabro en el que dice haber encontrado al país, ante una tibia respuesta de nuestra fuerza política.

Tenemos un gobierno que usó la pandemia para coartar la movilización mientras en un par de leyes y medidas implementaba los aspectos centrales de su plan para el quinquenio: transferencia de recursos a los sectores dominantes y a las Fuerzas Armadas, recorte de gastos en desarrollo social, salud, vivienda, educación e investigación, preparación de las privatizaciones de las empresas públicas y fortalecimiento del Estado represivo.

Todo esto, enmarcado en un cuadro de reclamo de austeridad. Por supuesto que para los demás. Rebajó sueldos y jubilaciones, aumentó las tarifas públicas (fue el único país en el mundo que hizo esto), la desocupación reconocida pasó los dos dígitos mientras miles de uruguayos viven apenas de lo que reciben del seguro de desempleo.

El producto interno bruto cayó 5,9% en 2020 (el doble de lo que la ministra de Economía y Finanzas anunció que iba a caer). El Instituto Nacional de Estadística reconoce 100.000 nuevos pobres y basta con caminar por las grandes ciudades para darse cuenta de que hay muchos uruguayos más viviendo en situación de calle y sin practicar yoga, como había prometido el actual ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, en la campaña electoral.

Todo esto de por sí es muy grave, pero si le sumamos los gastos inadmisibles, como la compra de dos aviones Hércules con más de 40 años de antigüedad y al fin de su vida útil por 48 millones de dólares, y que el autodenominado “líder mundial” se haya mudado con su familia y mascotas a la residencia de Suárez y Reyes a un costo de 400.000 dólares anuales, es un verdadero insulto a quienes se les reclama austeridad.

Y ni hablemos de los hechos lindantes con la corrupción, como la contratación en reiteración real de la ONG de sus correligionarios De Posadas y señora, el hotel de Verónica Alonso o la exoneración de impuestos para que Isaac Alfie monte su estudio particular (el mismo Alfie acusado de comprar dólares antes de la disparada en la crisis de 2002 y de atestiguar a favor de una multinacional en contra del Estado uruguayo). Los gastos en el Ministerio de Relaciones Exteriores en milanesas VIP para almorzar con la ministra Azucena Arbeleche serían anecdóticos si no estuviéramos atravesando un momento tan trágico como este.

Sin duda alguna, estos hechos de por sí darían para enjuiciar políticamente al presidente de la República y a varios de sus ministros, pero el manejo de la pandemia desde finales de 2020 no deja espacio para que el Frente Amplio se plante con mayor dureza en la oposición. Debemos pensar en la gente y denunciar las aberraciones en la gestión de la crisis. A diario se anuncian miles de contagiados, cientos de internados y estamos llegando a las 1.000 muertes, provocadas en buena medida por la necedad de este gobierno en el manejo de la crisis.

Estamos naturalizando una realidad que debiera ser muy preocupante y que en Uruguay pudo haberse evitado.

¿Cuál es la verdad sobre la negociación por las vacunas? Hasta ahora la única verdad es que fuimos el último país de América del Sur en empezar a vacunar, y uno de los últimos en el mundo.

¿Cuántos contagios y muertes se hubieran podido evitar este año si se hubieran adoptado las medidas que propuso el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) o aquellos profesionales que se dedican a defender la salud de la población, y no los intereses de los grandes empresarios? (muchos de los cuales financian campañas).

¿Cuánto hace que se debió haber tomado medidas para bajar la circulación de la población?

¿No sabía el señor presidente cuál era la situación sanitaria en el país de su compinche ideológico Jair Bolsonaro?

¿Nunca se enteró de las decenas diarias de ómnibus con excursiones de brasileños que vienen a comprar a los free shops riverenses? ¿Por qué no tomó medidas con las iglesias evangélicas que congregan a diario miles de fieles en los departamentos de la frontera?

El gobierno prefirió tomar otro tipo de medidas: dedicarse a reprimir con policías armados a guerra a tres jóvenes que se juntan en una plaza o a otros que tocan el tamboril, suspender los deportes amateur (¿alguien puede explicar por qué los amateur se pueden contagiar y no los profesionales?) y cerrar los vestuarios.

Tal vez el presidente esté convencido de que la mortal cepa P.1 brasileña nació en la plaza Gomensoro, en lugar de provenir de Manaos, y que el instrumento para enfrentarla es la Policía y no los que saben de salud.

Por último, como gran medida para enfrentar la situación de pandemia, resolvió un nuevo impuesto a los altos sueldos de la función pública, que además de ya haberlos tocado en abril y mayo de 2020 los rebajó otro 5% desde enero de 2021. Lo peor es que algunos compañeros salieron a decir que están de acuerdo y que además habría que sacarles a los privados. No, compañeros. Los recursos que se necesitan para enfrentar la pandemia están y no requieren del aporte de los asalariados: ni de los bajos, ni de los altos.

Uruguay en pocos meses se ha convertido en un manicomio atendido por quien cree ser su dueño. No estaban preparados para gobernar. La realidad lo demuestra.

Es trágico y lo va a ser en mayor medida si no se logra conformar un gran arco de sentido común integrado por las sociedades científicas, las organizaciones sociales, la oposición y aquellas disidencias que se puedan dar desde dentro de las filas de sectores que integran la coalición. El gobierno hoy no escucha.

Se trata de generar acciones que obliguen al gobierno a cambiar el rumbo de la ortodoxia liberal y de que este juegue en beneficio de la población y no de una –de su– clase social. Creemos que son muchos más los uruguayos que están a favor de defender la vida y la salud de la población que aquellos que prefieren la no detención de la actividad económica antes que el bienestar colectivo.

El país no puede seguir el camino de la desesperanza en que nos embarcaron y apostar a que la vacuna será el remedio de todos los males que la pandemia y el gobierno están generando. Porque no va a ser así.

El gobierno del Frente Amplio le dejó como herencia al actual, entre otras fortalezas, como el Sistema Nacional Integrado de Salud, 18.000 millones de dólares en reservas, casi 8.000 de libre disponibilidad. En agosto de 2020 quedaban siete, según reconoció el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU). De la diferencia, nada había ido a parar al bolsillo de los más necesitados.

Hay que usarlos ahora. Para reducir la movilidad sin que aumente la penuria de la gente. Un salario mínimo nacional para los 100.000 hogares más pobres es una inversión de 40 millones de dólares mensuales y están en las arcas del BCU. Sólo falta voluntad política. La misma que la ministra Arbeleche pone para exonerar de impuestos a sus amigos, y el presidente, para hacerle los mandados a su secuaz Bolsonaro en la cumbre del Mercosur.

Javier Cousillas es integrante del MAS-959, Frente Amplio.