Una de las poblaciones más afectadas por la pandemia fueron nuestros gurises; las medidas de control de la pandemia y las políticas públicas los han relegado sustantivamente en estos dos años. El cierre escolar también fue el cierre de otros derechos que se conectan con la asistencia a un centro educativo, la pérdida de espacios de socialización, una nueva limitación a la circulación por los espacios públicos, el acceso a la salud, entre otros.

Las recomendaciones de todos quienes trabajan con infancia y educación, tanto a nivel nacional como internacional, son que las escuelas sean lo último que se cierre y lo primero que se abra, y por períodos lo más breves posibles. El cierre escolar debe ir acompañado de medidas que garanticen la alimentación, la conexión o la continuidad de actividades para los niños y medidas especiales de protección.

Uruguay tiene un extenso consenso en que esto debe ser así y tiene instrumentos y acumulación de políticas y actores para ello. Cuando miramos las posiciones de la academia, los colectivos y sindicatos docentes, las asociaciones de profesionales que trabajan con las infancias, las familias y hasta el gobierno parecen acordar en ello.

El Plan Ceibal, una empresa pública de telecomunicaciones como Antel que no cobraba el acceso a las plataformas, docentes con una mirada profesional sobre mantener los vínculos, los cuidados y la jerarquización de contenidos fueron claves, junto con las familias, para mitigar los efectos negativos de la pandemia. Como en otros campos, el acumulado de un Estado potente hizo la diferencia, sobre todo cuando miramos las experiencias de otros países. Esto no debería ser un motivo para no hacer más sino para hacer más, sobre todo por aquellos para los que el corte de actividades fue más duro.

En este escenario es que el parlamento está discutiendo la Rendición de Cuentas, que no es ni más ni menos que la instancia en que el Poder Ejecutivo informa al Parlamento qué hizo con los recursos en el año 2020, qué hizo en el marco de la pandemia que nos afecta.

Lamentablemente, la primera constatación en los temas de educación es que el mensaje que envía el Poder Ejecutivo no tiene ningún artículo referido a la educación. Nada, no hay nada previsto de inversión en la educación. Es más, lo que dice el informe de ejecución presupuestal es que se ahorró. Sólo en lo no ejecutado se puede leer un ahorro de 1.400 millones de pesos en los niveles preuniversitarios. El mensaje de la Administración Nacional de Educación Pública, en tanto, solicita al parlamento unos pocos pesos orientados a los centros nuevos construidos en la anterior administración, fondos que fueron negados en el presupuesto para resolver situaciones financieras y un capítulo de reestructura que no tiene consenso entre los gobernantes designados por la coalición multiderechas.

El ahorro es el signo de los mensajes; se festeja el ahorro en un año de pandemia. Los mensajes tienen una descripción parcial de algunas de las dimensiones afectadas de la vida y los aprendizajes de los gurises, pero lo sustantivo ‒de hecho, es lo primero del mensaje del Poder Ejecutivo‒ es el ahorro. La ciudadanía ya sabe que en primaria aumenta la cantidad de alumnos de los grupos ‒en educación media no se informa aún este dato‒, se quita un mes de salario a más de 500 maestras comunitarias (literalmente), se recortan 40.000 horas en secundaria entre horas de coordinación (tan necesarias en pandemia) y horas de determinados cargos, se suprime una cantidad importante de grupos en el programa Formación Profesional Básica de UTU, entre otros espacios donde parece necesario ahorrar para las autoridades.

Las acciones que tienen que ver con mitigar los efectos de la pandemia en el año 2020 son, al menos, tímidas: tutorías o proyectos de apoyo que ya existían, apertura de actividades presenciales, productos de limpieza y no mucho más. En un país con el acumulado de Uruguay es efectivamente muy poco, poca inversión y pocas acciones para mitigar los efectos desiguales de la pandemia.

Las medidas enunciadas en la Rendición de Cuentas son inconsistentes con el tamaño del problema que deben enfrentar, parecen curitas frente a una apendicitis.

Los datos que no están

Nos enfrentamos a una Rendición de Cuentas al menos rara. No recuerdo un mensaje de este tipo, en el cual no aparezcan datos de matrícula y promoción de tramos enteros de la escolaridad obligatoria. Los capítulos referidos a educación media, tanto básica como superior, no tienen datos actualizados del año 2020. Las autoridades de la educación han declarado a la prensa datos de conexiones, matrícula, asistencia y promoción, con variaciones significativas según la ocasión, pero este tipo de información no se les brinda a los parlamentarios. No sabe el parlamento datos de nuestros gurises de educación media, ni de los que pasaron de año, ni de los que repitieron, ni de cuántos días asistieron a clase. Todo ello es presentado con una encuesta que da datos terribles pero tremendamente parciales. Lo que declaran docentes y estudiantes respecto de la vinculación y asistencia a la apertura de la presencialidad en los centros educativos es dantesco: asistimos a la mayor desafiliación y no asistencia de estudiantes en las últimas décadas, ningún fenómeno conocido produjo los efectos que estamos viendo hoy. Las medidas enunciadas en la Rendición de Cuentas son inconsistentes con el tamaño del problema que deben enfrentar, parecen curitas frente a una apendicitis.

La ruptura de los consensos

Por último, y no menos importante, esta instancia está dando cuenta del rompimiento por parte del gobierno de los consensos que sí tenemos en Uruguay con respecto a los temas de educación.

Hasta las elecciones había una serie de medidas o temas en los cuales el acuerdo era universal: la necesaria incorporación de niños y niñas de tres años a la educación, la extensión del tiempo pedagógico, la universalización del egreso de la educación media y el salario docente.

En esta Rendición de Cuentas se consolida la tendencia anunciada previamente de no aumentar los cupos disponibles para tres años; de hecho, la meta de cobertura de los cinco años pasa de 75% a 85%, lo cual se alcanza con la misma cantidad de cupos, en números gruesos, por reducción de la natalidad.

En lo que respecta a la extensión del tiempo pedagógico, esta se limita a las escuelas y centros de media de los quintiles 1 y 2, desconociendo absolutamente lo que significan los efectos de las políticas de ciudad y lo que ellas determinan en materia de uso de espacios urbanos al estar segmentadas, y la relación con los cupos libres en las escuelas que se producen por la puesta en funcionamiento de 50 nuevos jardines o vaciamiento de matrícula de centros de zonas centrales.

Respecto de universalizar el egreso de educación media superior y demás indicadores, en el mejor de los casos se mantienen metas de la administración anterior y en el peor, se plantean metas aún menores.

Para terminar este apartado, el salario docente es un desafío en Uruguay. Al menos hasta las elecciones, nadie sensatamente enunciaba que los docentes ganaban mucho. Se consolida la pérdida de salario real en 2020 de 5%, a la cual se suma la no intervención en 2021, es decir, docentes que no tienen recuperación del salario real por primera vez en más de 15 años.

Siempre que llovió, paró: claves para mañana

Necesitamos una batería de luchas y políticas públicas que prioricen a nuestras infancias y adolescencias, medidas de bienestar social, de mitigación de efectos de la pandemia en diferentes dimensiones de la vida que fueron afectadas. Probablemente asistimos al momento más regresivo en términos de derechos de las últimas décadas para ellas y ellos.

En la pospandemia necesitaremos medidas que den cuenta de las diferencias a la hora de enfrentar el cierre, planes específicos para quienes se desvincularon del sistema educativo y un shock de acciones paliativas sobre todas las áreas afectadas de la vida de nuestras infancias, sabiendo, no obstante, que esto no repara cosas tan básicas como que un ser humano no puede comer en diferido.

Los aprendizajes y la vinculación con la escuela parecen ser un primer desafío que requiere de recursos, de más docentes, de más acciones que vinculen, que permitan aprender y desarrollarse luego de un período de intemperie.

La salud, la cultura, el deporte, la recreación, la socialización, el acceso a la circulación por el territorio, y otras necesidades varias, deberían ser objeto de acciones y luchas específicas.

Las familias y los docentes han dejado todo por mitigar los efectos de la pandemia, los gurises han hecho lo imposible; es hora de que los Estados y organismos internacionales jueguen sus cartas. Vivimos en una región en plena transición demográfica y el esquema de intervención conservadora se parece mucho a una intervención casi criminal.

Todas las acciones que preserven a nuestras infancias son parte de nuestras luchas necesarias y colectivas en una batalla más contra la pandemia de la desigualdad. Esa que sigue sin tener vacuna.

Pablo Caggiani es maestro y fue integrante del Consejo de Educación Inicial y Primaria en representación de los trabajadores.