Agua potable: crisis y oportunidades

Estamos ante la mayor crisis de abastecimiento de agua potable de la historia del país, o al menos la mayor que recuerden las actuales generaciones.

Más de la mitad del país está recibiendo agua no potable desde hace casi un mes, cuando OSE comunicó, el 5 de mayo, su distribución con exceso de sodio y cloruros. Todavía no sabemos cuánto más va a continuar esta situación ni qué otras consecuencias va a tener.

Toda crisis, y esta en particular, es dolorosa y tiene varios costos para la sociedad. Es una demostración clara de las debilidades del país y representa oportunidades de mejora para corregirlas, que deberíamos aprovechar como sociedad.

Las causas de la crisis

La causa de la crisis es la sequía que viene sufriendo el país, pero también la debilidad del gobierno y de la institucionalidad encargada del servicio de agua potable para enfrentarla, para prepararse, para tomar decisiones anticipadas y gestionar la crisis con todos los recursos disponibles.

Una de las primeras decisiones que tomó el gobierno en 2020 fue el recorte indiscriminado de inversiones y gastos y el abandono del proceso de implementación de la represa de Casupá avanzado por OSE, con financiamiento de CAF aprobado, para empezar de cero el proyecto de toma directa del Río de la Plata, llamado ahora proyecto Neptuno. Una alternativa tres veces más cara y más compleja, ya estudiada por la OSE, y por tanto contraria además al procedimiento establecido en la Ley de Iniciativa Privada que el gobierno decidió promover y comprometer a las empresas del sector a presentar.

En esa decisión perdimos por lo menos tres o cuatro años de avances, lo que aumentó la exposición al riesgo de sequía y hace que hoy estemos incluso más atrás en el proceso de ejecución del proyecto Neptuno que el 1º de marzo de 2020 con el proyecto Casupá, pues todavía no están las autorizaciones ambientales correspondientes, ni los procesos de expropiación iniciados (no sólo de la nueva planta, sino también de los 80 kilómetros de tubería hasta Montevideo). Además, el financiamiento del que deben encargarse los privados también requerirá sus tiempos y sus sobrecostos frente a los previstos por la CAF.

La gestión de la crisis demuestra enormes debilidades

Si bien la sequía está instalada desde hace casi tres años, y declarada oficialmente desde marzo de 2020 para habilitar recursos al sector agropecuario, el sistema institucional del agua potable parece no haberla percibido hasta febrero de este año, cuando se convocó a la comisión interinstitucional creada por el Decreto 237/14, coordinada por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), con OSE, el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Ambiente. Más allá de las múltiples reuniones de seguimiento realizadas, las acciones tomadas fueron limitadas y tardías, con escasa información y comunicación pública, subestimando u ocultando la gravedad de la situación, a la espera de que la lluvia resolviera el tema, cada vez con más incertidumbres y menos herramientas para actuar.

En el gráfico que acompaña esta nota se reconstruye el seguimiento de las reservas del embalse de Paso Severino a partir de los escuetos informes semanales que brinda OSE a la población en su página web,¹ y algunas de las acciones tomadas, que justifican los comentarios anteriores.

En síntesis: si bien la situación era conocida por las instituciones, se empieza a distribuir agua no potable por OSE a partir del 26 de abril, y recién el 4 de mayo, una semana después, se propone convocar al Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y el MSP aprueba dicha distribución,² comunicando el 5 de mayo que el agua es “segura”.³ El 10 de mayo la Ursea aclara el tema de la salinidad.⁴ Durante más de una semana se distribuyó agua no potable sin autorización del MSP ni comunicación oficial a la población.

Recién el 13 de mayo se inicia la campaña de bien público, aportando información en los medios para reducir el consumo, 51 días después de que se evidenciara el primer mínimo histórico de la reserva de Paso Severino. Hasta ese momento, esta importante herramienta se utilizaba para promocionar una reducción de impuestos, de manera perversa y de dudosa legalidad.

Recién el 16 de mayo, día previo a la interpelación de los ministros de Ambiente y Salud Pública convocada por la Cámara de Senadores para tratar este tema, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, como responsable del Sinae, comunica una serie de acciones.

Recién a partir del 25 de mayo se informa diariamente el nivel promedio de sodio y cloruros en la red.⁵

Parece evidente que muchas de estas acciones deberían haberse tomado antes, y seguramente también otras que a esta altura no tienen sentido, como ajustar las tarifas para incentivar el ahorro, reduciéndolas a los que ahorren y aumentándolas a quienes incrementen el consumo, sin contar todas las medidas necesarias para mitigar los efectos en la emergencia, que deberían estar planteadas en el plan de contingencia, que aún desconocemos.

Resulta claro que, esperando la lluvia, se demoró enormemente la convocatoria al Sinae y a los Centros Coordinadores de Emergencia Departamental (Cecoed), y su accionar parece afectado de una escasa coordinación, que debería ser relevante y diaria a esta altura, para elaborar e implementar el mencionado plan de emergencia.

El Cecoed de Montevideo fue convocado el 13 de mayo, a partir de la iniciativa de la intendenta departamental, y generó un plan de 20 medidas que está llevando adelante de acuerdo a sus posibilidades y con escasa coordinación.⁶

Más allá del análisis de lo ocurrido, es preocupante la falta de información oficial, sistemática, concreta y relevante sobre la situación que estamos atravesando. Hay una ausencia insólita del gobierno en el manejo de la crisis. Recuerden la experiencia de la crisis de la covid-19: prácticamente todos los días había una conferencia de prensa del Poder Ejecutivo. Hoy no sabemos con exactitud qué está pasando, hasta cuándo estaremos en esta situación, cuán profundo es el problema y qué consecuencias nos seguirá presentando esta crisis.

La perspectiva de lluvias no es alentadora, y las soluciones planteadas hasta ahora generan nuevas incertidumbres. ¿La retención de agua salada de la marea, en el dique provisorio de Paso Belastiquí es segura? ¿Puede ser afectada por el viento, por ejemplo? ¿Se podrá seguir distribuyendo agua salada con fines higiénicos?

Si se agota la reserva de agua dulce de Paso Severino, lo que parece cercano si no llueve, se deberá aumentar aún más el volumen y la concentración de agua salada, con mayores efectos en la población y las industrias.

¿La distribución de agua potable envasada está llegando a todos los hogares? ¿Con qué costos? ¿Se está llegando con los subsidios necesarios a la población que no puede absorber su costo? ¿Cómo está afectando a las industrias y qué soluciones posibles tienen? Son preguntas que deberían haberse abordado y monitoreado desde hace tiempo, con todas las instituciones vinculadas al tema, en el marco del Sinae, más allá de los esfuerzos parciales que cada organismo está realizando.

Debilidades y oportunidades

Más allá de la decisión inoportuna de recorte indiscriminado de gastos y la reorientación de decisiones ya avanzadas, queda claro que el sector del agua potable requiere mayores recursos para adecuar su infraestructura de reservas de agua y para la reposición y el mantenimiento de la red que ya cumplió sobradamente su vida útil, lo que explica el alto porcentaje de pérdidas existentes.

Además, la institucionalidad y gobernanza del sector deben fortalecerse. La creación del nuevo Ministerio de Ambiente y la mayor independencia de la Ursea, aprobados prácticamente por consenso, deberían haber priorizado el tema y mejorado la gobernanza y los recursos técnicos necesarios, pero el presupuesto asignado disminuyó, y el personal técnico y operativo sigue disminuyendo. Por otra parte, parece haberse perdido la institucionalidad del Sinae y su memoria institucional.

Cada crisis debería dejar oportunidades de mejora para evitar repetirlas, al menos por la misma causa.

En 2013 tuvimos una crisis en el sistema metropolitano que impactó durante tres días en el sabor y olor del agua de OSE, debido a la presencia de cianobacterias en el río, luego de la cual se implementó un plan de acción de 11 medidas en la cuenca, que implicó la reducción de aportes de contaminación industrial y el cambio de prácticas agrícolas, además del refuerzo de los sistemas de potabilización de Aguas Corrientes, entre otras.

En el verano de 2015 se repitió el fenómeno en Maldonado, que obligó a un plan de acción de similares características, además de construir el saneamiento en La Capuera y reforzar los sistemas de potabilización de la usina de Laguna del Sauce.

La estrategia de elaboración e implementación de planes de seguridad del agua en curso ha avanzado en las localidades menores, pero evidentemente requiere extenderse y aplicarse en todos los sistemas, con todos los desafíos que ello significa.

Las acciones previstas en el Plan Nacional de Aguas, aprobado en 2017, y el trabajo en las comisiones de Cuenca resultan relevantes para su revisión y actualización necesaria.

Para abordar las incertidumbres todavía pendientes y las notorias debilidades que esta crisis evidencia, urge la oportunidad de asumirlas y dar respuesta de manera crítica y objetiva con políticas de Estado acordadas por todo el sistema político e institucional, incluyendo los actores sociales involucrados y, obviamente, mayores recursos financieros para las inversiones y los recursos humanos necesarios para llevarlos adelante.

Daniel Greif fue director nacional de Aguas.