La afinidad histórica entre las posiciones del movimiento sindical y las organizaciones políticas de izquierda es obvia y lógica. También lo es la que existe entre la ideología empresarial y la de los partidos de derecha, aunque no se trata simplemente de que quienes integran cada dupla sean lo mismo. Es burdo hablar de “Fapit” y también lo sería referirse a una Coalición Republicana (CR) de cámaras empresariales, pero las semejanzas son como las brujas: que las hay, las hay.

En lo que va de este mes, resulta muy evidente un endurecimiento en las actitudes ante el equipo económico de opositores políticos y dirigentes empresariales. El fenómeno parece deberse a la percepción, tardía y alarmada, de que el ministro Gabriel Oddone es frenteamplista.

Aunque Oddone está en desacuerdo con algunas propuestas planteadas desde el oficialismo, no se opone por completo a todas ni aceptó formar parte del gobierno nacional para garantizar que las políticas aplicadas durante la presidencia de Luis Lacalle Pou se mantuvieran sin cambiarles ni una coma.

El chocolate que corresponde por esta noticia parece haber dejado un regusto amargo. Los partidos Nacional y Colorado decidieron interpelar al ministro en el Senado, y buena parte del empresariado se encabrita.

“Señales incorrectas”

Cuando el Poder Ejecutivo dio a conocer los resultados del diálogo sobre protección social, desde la Coalición Republicana se afirmó que quería estatizar las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP) y apoderarse del dinero que manejan. Ese relato no tiene sustento en la realidad, y Oddone señala que difundirlo afecta las posibilidades, ya disminuidas en la actual coyuntura internacional, de que Uruguay acceda a financiamiento y capte inversiones internacionales.

El martes, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, replicó que “así como dijo Oddone que es importante no mandar señales incorrectas al mercado con el tema de las AFAP”, el Ejecutivo tampoco debería enviar ese tipo de señales al presentar un proyecto de ley para que sea obligatorio el preaviso de despidos y “empezar a discutir la reducción de la jornada laboral”, porque así “afecta las decisiones de inversión” uruguayas y extranjeras.

Por su parte, las cámaras de Industria y de Comercio denuncian ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que el Estado no se limita a fijar el mínimo legal de las remuneraciones para cada categoría laboral en los Consejos de Salarios, donde se acuerda sobre muchos otros aspectos de las condiciones de trabajo. Las organizaciones empresariales quieren que esos aspectos queden librados exclusivamente a su negociación en cada lugar de trabajo con los sindicatos o con trabajadores desorganizados donde no haya sindicatos. Esto significaría sin duda que a los colectivos más débiles les fuera peor.

La intención declarada de esas cámaras es que Uruguay vuelva a ser incluido en la infame lista –mal llamada “negra”– de países que violan gravemente los convenios de la OIT. Por supuesto, esto no solo implicaría un grave desprestigio, sino también peores condiciones para acceder a cooperación internacional, préstamos e inversiones.

Contumacias

En la campaña para las elecciones de 2019, la parte más cerril del empresariado se ilusionó con promesas reiteradas desde la CR, que anunciaban la voluntad de “flexibilizar” la negociación colectiva en los Consejos de Salarios para que ganaran terreno las decisiones en cada empresa, sin el condicionamiento de acuerdos por rama de actividad.

Por una serie de circunstancias, entre las que tuvo especial importancia el cimbronazo causado por la pandemia de covid-19 en las relaciones laborales, el gobierno de Lacalle Pou casi no avanzó en esa dirección. De todos modos, satisfizo otros reclamos empresariales, como los referidos a impedir la ocupación de empresas y a eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos, o sea la continuidad de los derechos laborales establecidos en ellos, una vez que vencen sus plazos y mientras no son modificados por un nuevo acuerdo.

Ahora las demandas se reactivan y se profundizan, quizá estimuladas por la aprobación en Argentina de la reforma laboral impulsada por Javier Milei, que arrasa con derechos y garantías para la población trabajadora.

De todos modos, se procede a la uruguaya. La reforma de Milei viola convenios de la OIT y se ubica en un marco de rechazo generalizado a las normas internacionales, alineado con Donald Trump. En cambio, las cámaras empresariales de nuestro país invocan normas de la OIT y reclaman ante ella... salvo cuando no les conviene. La obligación de preaviso para despidos es promovida por ese organismo del sistema de Naciones Unidas y figura en su convenio 158, vigente desde hace más de 40 años.

Durante el gobierno de Lacalle Pou, no hubo evidencia alguna de que “aligerarles la carga a los malla oro” le causara beneficios al resto de la sociedad, y quienes defendían esa idea fueron derrotados en las elecciones de 2024, pero insisten. La lucha es cruel, es mucha y es de clases.