La Cámara de Senadores rechazó ayer el pedido de desafuero del senador de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos, que argumentó sus motivos para no comparecer ante la Justicia. El ex comandante en jefe del Ejército acusó al Frente Amplio (FA) de orquestar una “operación” para sacar a CA de la coalición de gobierno y manifestó su desconfianza en la actuación de la Fiscalía, respecto de la cual afirmó que se “politizó” e “incidió en la campaña electoral” de las elecciones nacionales para perjudicarlo, por lo que considera que “difícilmente tendría un juicio justo” y que “aún en caso de tenerlo difícilmente volvería” al Senado, “defraudando así a un partido y a miles de uruguayos”.

El senador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera y el senador del Partido Colorado (PC) Pablo Lanz fueron los encargados de leer los informes de sus respectivas fuerzas políticas –en el caso de Lanz, del sector Ciudadanos– en los que argumentaron sus votos a favor de conceder el desafuero solicitado por la Fiscalía. Por el contrario, Carmen Asiaín fue la senadora nacionalista a cargo de transmitir las razones por las que el Partido Nacional (PN) resolvió no acompañar la votación y mantener amparado en sus fueros a Manini. El PN, CA y el sector colorado Batllistas ya habían adelantado que no darían sus votos para que se alcanzara la mayoría necesaria de 21 adhesiones para levantar el desafuero. Los votos a favor del desafuero fueron 15: los 13 senadores del FA y los dos de Ciudadanos; el resto (16 votos) se pronunció en contra.

Carrera argumentó la posición del FA en el entendido de que “en los antecedentes remitidos por el Poder Judicial hay elementos claros, concretos y determinantes para considerar que el pedido no constituye, bajo ningún concepto, un ataque del Poder Judicial o del sistema de justicia contra la independencia o la integridad del Poder Legislativo”. El senador aseguró que el desafuero es una opción “garantista” para Manini porque “se lo suspende bajo la condición de que se presente al juzgado y que si se lo declara inocente inmediatamente se lo reincorpora al cuerpo”.

El senador recordó que el pedido de formalización tuvo lugar el 24 de setiembre de 2019, cuando Manini todavía no era senador, y consideró que “es difícil imaginar un ataque del Poder Judicial cuando todavía no era legislador”. Por otro lado, señaló que “los hechos u omisiones que presuntamente verificaron el delito” fueron anteriores a la elección de Manini como senador. “El estado de derecho impone en esta ocasión permitir al Poder Judicial que investigue con independencia si se verificó una conducta delictiva por Manini Ríos mucho antes de ser senador y resuelva si aplica una condena penal o no. Negar el pedido sería una decisión contraria a la Constitución de la República, que generaría una categoría de sujetos no alcanzados por el Poder Judicial”, argumentó Carrera.

En referencia a los hechos por los que Morosoli solicitó el desafuero, Carrera sostuvo que “surge de las actuaciones” que Manini “no puso en conocimiento de la Justicia ni de nadie los hechos aberrantes que había declarado Gavazzo”, y que “durante casi un año ocultó las declaraciones” del represor, “lo que demuestra una clara finalidad y disposición para ocultar la verdad y entorpecer la Justicia sobre determinados acontecimientos”. “Su silencio y su interés por ocultar dichas declaraciones tuvieron consecuencias directas en limitar el accionar del Poder Judicial”, concluyó.

El informe de Ciudadanos se centró en los aspectos jurídicos del caso, dejando de lado las interpretaciones sobre el accionar de Manini. Se estableció que no hay “convicción de actuación de mala fe por parte de la fiscalía interviniente”, por lo que no hay razones para no votar el desafuero. “Eso no quiere decir que se compartan sus conclusiones, sino que los hechos y evidencias relacionadas en su informe son suficientes objetivamente, para entender razonable la formación de causa”, se aclara en el documento que leyó Lanz. Para el sector, se debe “confiar” en “la rectitud de los jueces e independencia del Poder Judicial”, que “representa un activo del sistema republicano democrático” del país.

Si bien Lanz no leyó ese pasaje, en el informe se señala que “no se comparten los fundamentos de defensa de los fueros parlamentarios en el caso concreto y que públicamente se han expresado por algunos legisladores” porque “tal defensa se pretende sustentar en un ataque a la independencia del Poder Judicial”, lo cual al entender de Ciudadanos “resulta infundado y como tal inadmisible y lesivo de los principios republicanos”.

“La verdadera complicidad”

“Yo tengo un tío que fue torturado por un régimen autoritario y que tuvo un infarto y estuvo preso, así que yo no me hago eco ni vengo a defender a ningún perpetrador de crímenes de lesa humanidad, sino a aplicar la Constitución”, aclaró Asiaín, y sostuvo que su partido tomó postura después de “estudiar las 10.000 hojas de expedientes”, a diferencia de lo que “hizo alguna otra fuerza política, que antes de que le llegaran los expedientes adelantó su postura”. “Nosotros estudiamos y luego llegamos a una conclusión”, enfatizó.

Por otra parte, Asiaín sostuvo que el 24 de setiembre de 2019, cuando Morosoli pidió la formalización de Manini, “actuó fuera de la planilla de turnos: no le correspondía actuar pero actúa y solicita la formalización, y en octubre se pronuncia el soberano y elige a Manini, a sabiendas del pedido de formalización” y recordó que el 19 de agosto de este año el Tribunal de Apelaciones ordenó archivar la causa contra Gavazzo, lo que en su opinión demuestra que el tribunal comparte el “mismo criterio” que el PN: “que no había una novedad [ni] un delito que reportar”.

Por último, señaló que en agosto de este año “salieron a la luz otras actas con crímenes de lesa humanidad horrorosos, homologados por el ex presidente Tabaré Vázquez y la ministra de Defensa Azucena Berrutti en 2006, y ocultos todos estos años”. “Vaya parecido en el modus operandi; eso sí es ocultamiento de la verdad: se ocultó la verdad a los familiares de los desaparecidos. Desde el punto de vista ético, humano y político, esa es la verdadera complicidad”, acusó. “Ocultaron en 2006, homologando fallos y pudiendo no haberlo hecho, y ocultaron en 2019, homologando fallos y pudiendo no haberlo hecho. Esa es la verdadera complicidad”, insistió.

La versión de Manini

“En el momento de votarse si se accede o no al pedido de la Fiscalía me retiraré de sala a pesar de mi intención inicial de votar a favor del mismo, convencido de que difícilmente yo tendría un juicio justo”, manifestó el líder de CA al finalizar su oratoria, en la que expuso su versión de los hechos acontecidos en 2018, cuando el represor José Gavazzo confesó en un tribunal de honor militar haber arrojado el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro al río Negro, en 1973. En noviembre del año pasado, el fiscal Rodrigo Morosoli solicitó el levantamiento de los fueros del senador, tras encontrar pruebas para imputarle el delito de omisión de denuncia de hechos de apariencia delictiva en su rol de funcionario público.

Manini argumentó que desde que aceptó “encabezar la propuesta” de CA “se ha intentado de todas las formas posibles poner obstáculos” a su persona “como forma de limitar el crecimiento de ese movimiento”. Ante el crecimiento del partido, afirmó, “como una medida extrema se recurrió a politizar a la Fiscalía y a llevarla a actuar en el plano electoral e incidir en la campaña electoral. Aprovechando ese engendro del nuevo Código del Proceso Penal, que ha afectado tanto el estado de derecho, sobre todo la independencia del Poder Judicial, la Fiscalía General manipuló los turnos y mandató a uno de sus funcionarios a afectar a uno de los candidatos a la presidencia, justamente el que más le molestaba”, acusó el legislador, haciendo referencia al fiscal de Corte, Jorge Díaz.

A su entender, la Fiscalía “se mostró en todo momento sesgada” y “pareció mucho más preocupada en defender la posición de la Presidencia de la República y en imputar al candidato que en llegar al fondo de la verdad de los hechos”. Además recordó que CA pidió la destitución de Díaz “por graves irregularidades en su accionar”, y también repitió que su decisión de ampararse en los fueros se vio influida por las declaraciones del senador frenteamplista José Mujica, cuando expresó que “aun en el caso de ser absuelto [Manini] no iba a volver al cuerpo porque no iban a estar los votos”.

“Estoy convencido de que acá hay una operación para dividir, fracturar y terminar con la coalición de gobierno, sacando del medio a uno de los que sin dudas es uno de los principales sostenedores”, aseguró el legislador, y agregó: “Es claro que el Frente Amplio nunca nos va a perdonar haber sido determinantes en su derrota electoral”.

Respecto de los argumentos de la Fiscalía para solicitar el desafuero, Manini aseguró que la acusación de Morosoli “se basa en un hecho subjetivo”, que es la ausencia de testigos sobre las supuestas conversaciones que mantuvo con el entonces ministro de Defensa, Jorge Menéndez, para comunicarle lo declarado por Gavazzo. “Yo creo que hay ciertos hechos objetivos que avalan lo que yo estoy diciendo. ¿Para qué ordené parar las actuaciones? ¿Por qué demoré una semana? ¿No será para consultar a la única persona que el comandante en jefe debe consultar, que es el ministro de Defensa Nacional?”, inquirió. Por otra parte, si bien admitió que “es deleznable lo que se hizo con el cuerpo” de Gomensoro, consideró que “es mucho más grave la muerte en sí de ese detenido”. y señaló que “por esa causa había sido juzgado y sobreseído José Gavazzo en 2013”.

“Un obstáculo en el camino de la verdad”

Al finalizar la votación, la bancada de senadores y diputados del FA emitió una declaración sobre la negativa de los partidos a votar el desafuero. En este caso, afirma, el mantenimiento de los fueros “constituye un obstáculo en el camino de la verdad y la justicia y no fortalece el sistema republicano de separación de poderes”.

Además, el FA entiende que “amparar el ocultamiento de la información es consistente con la práctica sistemática que han tenido desde siempre los partidarios de la impunidad”, y reafirmó su compromiso “histórico” con “la lucha por la verdad, la justicia, la memoria y nunca más terrorismo de Estado”.