La asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos junto con el PIT-CNT, Crysol, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay llamaron a una movilización masiva contra el proyecto de ley presentado por los senadores de Cabildo Abierto, que se encuentra a estudio del Parlamento, para otorgar prisión domiciliaria a privados de libertad mayores de 65 años.
Con la consigna “Contra la prisión domiciliaria a los genocidas. Por verdad, memoria y justicia”, las organizaciones realizarán el 9 de diciembre a las 18.00 en Montevideo una concentración en la plaza Libertad y luego se movilizarán hasta el Palacio Legislativo. En conferencia de prensa, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, manifestó: “Las organizaciones del campo popular discrepamos con una iniciativa que pretende que gente involucrada en el terrorismo de Estado, cuyos delitos no prescriben porque son contra la humanidad, pasen a tener prisión domiciliaria. Al contrario de eso, estamos comprometidos con combatir la impunidad y abrir un cauce de verdad, memoria y justicia”.
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Graciela Montes de Oca, integrante de Madres y Familiares, apuntó que el proyecto de ley “es un atentado hacia la democracia” porque se plantea específicamente para “liberar a aquellos que han violado los derechos humanos, aquellos que violaron, torturaron, asesinaron e hicieron desaparecer a nuestros familiares”. Según dijo, el repudio hacia la iniciativa es necesario para “no crear ningún precedente hacia el futuro para las nuevas generaciones de que estos delitos no son castigados”.
Ignacio Errandonea, también integrante de la organización, manifestó que es importante remarcar la opinión contraria al proyecto de la Cátedra de la Facultad de Derecho, el Comisionado Parlamentario Penitenciario y los relatores de Naciones Unidas. “Todo el universo que tiene que ver con este tema está condenando este proyecto; dice que es impropio, porque incluso en Uruguay la figura de prisión domiciliaria por motivos de salud existe. Este proyecto de ley está dirigido a criminales que están condenados por delitos de lesa humanidad”, subrayó.
La movilización, agregó Errandonea, es “pensando en nuestros hijos, nuestros nietos, en el precedente que sentamos como sociedad, que si no los condenamos, va a volver a suceder esto en las próximas generaciones”. “Porque no queremos que vuelva a suceder ‘nunca más’ y para que ese ‘nunca más’ sea efectivo los criminales deben cumplir sus condenas como corresponde en un Estado de derecho”.