El dictamen que emitió por unanimidad la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre la construcción del Antel Arena –con base en la auditoría externa que realizó la empresa Ecovis– y la posterior renuncia del vocal del Frente Amplio (FA) en la institución, Jorge Castro, constituyeron hechos políticos que reabrieron el debate sobre el rol del organismo. Para la oposición, la Jutep no debió dictar una resolución sobre la auditoría que fue remitida por el directorio de Antel, mientras que desde el oficialismo acusan al FA de poner “lo político por encima de lo jurídico”.

Consultado por la diaria, el senador del FA José Carlos Mahía dijo que “fue un error de la Jutep en su conjunto, como institución, decidir hacer un dictamen sobre un informe que pide un órgano del Estado como Antel, porque no corresponde que sea así”. “En todo caso, la Jutep debería analizar la actuación de los órganos del Estado o de determinadas personas por su conducta institucional, pero no un informe, por mejor o peor que sea”, expresó.

Según Mahía, “el sentido y las competencias” de la Jutep “son otros”, y afirmó que otrora el organismo creado en el gobierno anterior actuó “con independencia absoluta”. No obstante, en este caso “en la Jutep primó lo político sobre lo jurídico”, porque “el vicio está en el origen de la actuación administrativa”.

En cuanto a la renuncia de Castro, que es dirigente del Partido Comunista del Uruguay (PCU), Mahía dijo que “es un tema de él”, aunque reconoció que el manejo público de la situación “no estuvo bueno”. “Yo hubiese deseado otro tipo de tratamiento, más sobrio, más discreto”, para “evitar repercusiones públicas hasta donde se pueda”, señaló.

“Desvirtúa lo que quiso significar la Jutep”

En cambio, el diputado del Partido Nacional (PN) Juan Martín Rodríguez afirmó a la diaria que el PCU, al solicitar la renuncia de su dirigente, “se equivoca”, porque “la renuncia se la tendría que haber pedido a Carolina Cosse”, titular de Antel cuando se inició el proyecto del Antel Arena. Según dijo, en el PCU “o lo renunciaban a Castro o Cosse les iba a cesar a los directores” en la Intendencia de Montevideo.

“La solicitud de renuncia del señor Castro a la Jutep es básicamente un mandado que le hace el PCU a la intendenta Cosse”, agregó Rodríguez, quien también cuestionó a la intendenta, que “días atrás salió como enajenada criticando la auditoría” y que “ante cualquier cuestión evoca y se refiere al herrerismo”. La referencia de Rodríguez es a una rueda de prensa en la que Cosse pidió recordar que la “seudoauditoría” viene de la consultora de “un notorio militante herrerista”.

Respecto de la Jutep, Rodríguez dijo que “toda sentencia” es “opinable”, pero “cuestionar al organismo porque por unanimidad se expide sobre un hecho puntual debería llamarnos a la reflexión, no a nosotros, al FA, que en su momento entendió que debía prestársele atención a la Jutep y ahora parece que, producto de este hecho puntual, poco más que hay que desarticularla”.

Mientras tanto, el diputado del Partido Colorado Ope Pasquet dijo a la diaria que “el episodio del reproche político al representante del FA y su renuncia constituyen un episodio lamentable”. En este sentido, manifestó que “se ha perdido de vista totalmente el sentido de existencia de la Jutep”, que “no es un órgano de debate político en el que las posiciones se asumen en función de entidades partidarias”, sino que “tiene que aplicar el derecho”.

“Si vamos a sustituir esa apreciación técnica, jurídica, por las definiciones políticas de cada partido, entonces más vale que no exista la Jutep y limitamos el debate a los ámbitos parlamentarios; pero no es así, la idea es que la Jutep sea un ámbito técnico”, subrayó el diputado.

Para Pasquet, “que se haya aprovechado” la resolución de la Jutep “para reprender políticamente a un integrante” del organismo es algo “totalmente fuera de lugar”. “Su renuncia me parece un episodio lamentable de claudicación ante una indebida injerencia política ante la actuación del órgano y creo que por este camino vamos a desvirtuar absolutamente todo lo que quiso significar la Jutep”.

Por su parte, el diputado de Cabildo Abierto (CA) Eduardo Lust manifestó a la diaria que lo acontecido “es la regla del sistema uruguayo, lo político está por encima de lo jurídico”. Para el representante cabildante, “eso se aplica a todos los partidos, no solamente al FA”.

Lust expresó que Castro firmó el dictamen “como un hombre libre que es o que debería ser, pero en el sistema político uruguayo lo político está por encima de lo jurídico, que es la doctrina Mujica, pero después la adoptaron todos”.

“Un golpe casi definitivo”

En declaraciones a Montevideo Portal, el expresidente de la Jutep Ricardo Gil Iribarne –ocupó el cargo desde que se puso en marcha el organismo, en 2017, hasta abril de 2020– manifestó que la renuncia del vocal del FA “es un golpe casi definitivo” al organismo. Entre otras cosas, cuestionó la vinculación de los directores con los partidos. “Si vos representás a tu partido, tu partido te pone y te saca, te exige que hagas lo que el partido quiere, lo que para mí está mal, pésimamente mal, pero son las reglas de juego planteadas por todos los partidos”, expresó.

Sobre estos dichos, Pasquet coincidió en que “si las posiciones que se adoptan en la Jutep no van a ser el resultado de la apreciación técnico-jurídica de los asuntos sometidos a consideración, sino que van a ser una expresión de la posición política de los partidos que designaron a los miembros, la Jutep no tiene razón de ser”.

Por otro lado, Lust manifestó que uno de los principales problemas de la Jutep es la falta de recursos, algo denunciado días atrás en el Parlamento por la presidenta del organismo, Susana Signorino. “A todos los órganos de contralor en general el sistema no les vota recursos, entonces siempre son los que menos tienen”, dijo Lust. “Es un problema del sistema, no de la Jutep ni del director de la Jutep. Nosotros deberíamos asumirlo y tratar de revertirlo. El tema es que la reversión es difícil porque al sistema no le sirve”, lanzó el diputado de CA.

“La agenda está muy apretada”

Uno de los más recientes hechos políticos en los que se acusa a un jerarca de acciones reñidas con la ética involucra al intendente de Lavalleja, el nacionalista Mario García, que otorgó compensaciones salariales a su hermano, Ariel García, a Gerardo Peña, hermano de la exintendenta Adriana Peña, y a Andrea Aviaga, hermana de la excandidata a intendenta Carol Aviaga.

Según informó El Observador, la Jutep no actuará de oficio en este caso. “Sinceramente todavía no sé cómo son los hechos. En principio no hay denuncia y el tema todavía no está en carpeta. Lo podemos evaluar, no sé. La agenda está muy apretada”, dijo Signorino.

El edil frenteamplista de Lavalleja Mauro Álvarez dijo a la diaria que este tema “debería enviarse a la Jutep” para que sea analizado, cuestión que espera que se resuelva luego de que el intendente comparezca ante la Junta Departamental por un llamado a sala que se le realizó. Álvarez manifestó su deseo de que los antecedentes sean remitidos por toda la Junta Departamental, pero dijo que hay “20 votos que son del PN y una enorme mayoría de los sectores del PN, directa o indirectamente, han sido beneficiados con algunas resoluciones” de García.

Sobre este tema fue consultado el presidente del PN, Pablo Iturralde, durante una rueda de prensa la semana pasada. Allí respondió que la situación “no ha estado en la agenda” del directorio blanco.