El Congreso de Intendentes conformó un equipo de trabajo con representantes de todos los partidos para elaborar una propuesta formal para presentar al Poder Ejecutivo con el objetivo de mantener el programa de Oportunidad Laboral, conocido como “jornales solidarios”, durante 2022. La propuesta de los jefes comunales del Frente Amplio es que el gobierno central mantenga la financiación del plan como hasta ahora, a diferencia de lo que adelantó el presidente Luis Lacalle Pou, que dijo que solo podrían hacerse cargo de los aportes patronales.
El intendente de Salto, Andrés Lima, adelantó en diálogo con la diaria que el equipo que trabajará en la propuesta está conformado por el director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, Mauricio Zunino, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, y el de Rivera, Richard Sander.
Destacó que ese grupo de trabajo definirá una propuesta en relación a cuántos puestos de trabajo se mantendrán, si hay que realizar un nuevo sorteo y cuál puede ser la financiación que aporten los gobiernos departamentales. Advirtió que el acuerdo general entre los intendentes es que el programa se debería mantener y que los gobiernos departamentales no tienen los fondos suficientes para hacerse cargo de los salarios, como propuso el presidente. Al respecto marcó que de esa forma el gobierno nacional “se haría cargo de unos 2.000 pesos por trabajador”, mientras que las intendencias tendrían que asumir 12.500 pesos del salario, algo que “no parece razonable”.
Lima comentó que según los datos presentados por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, el Fondo Coronavirus cuenta con 400 millones de dólares y el programa de jornales solidarios tiene un costo de 26 millones de dólares, por lo que entienden que no sería una erogación tan importante mantenerlo con parte de ese fondo. Sin embargo, los intendentes están abiertos a considerar diferentes alternativas para presentar al Poder Ejecutivo, como por ejemplo hacerse cargo en conjunto de los salarios.
El programa se creó a impulso del Poder Ejecutivo como una forma de trabajo temporal para las personas de entre 18 y 65 años de edad que no tuvieran ingresos por salario ni subsidios. Se inscribieron 227.000 personas para los 15.000 puestos de trabajo que se ofrecieron en todo el país, con una carga horaria de 12 jornales al mes cumpliendo tareas de barrido, albañilería, podas, limpieza de espacios públicos, bituminización y bacheo.
El programa originalmente debía culminar el 30 de noviembre del año pasado; sin embargo, en octubre la mesa del Congreso de Intendentes trasladó al Poder Ejecutivo que sería positiva su continuidad y Lacalle Pou resolvió primero seguirlo hasta enero y luego hasta marzo, pero con la mitad de los jornales, es decir que actualmente están trabajando seis días al mes, aclaró Lima.
Evaluación del programa
Durante la sesión del jueves del Congreso de Intendente se presentó un informe elaborado por las intendencias que busca dimensionar el alcance que tuvo el programa, recogiendo la experiencia en cada comunidad y cruzándolo con datos de organismos nacionales, que divulgó este viernes El Observador y al que tuvo acceso la diaria. La información del Banco de Previsión Social indica que entre mayo y diciembre del año pasado en promedio 37,5% de los nuevos puestos de trabajo cotizantes creados a nivel nacional correspondió a los jornales solidarios, algo que medido en personas se traduce en un 20% de aumento de trabajadores contratados.
El informe desagrega el impacto que tuvo el programa por departamento en cuanto a los nuevos puestos cotizantes. Mientras que para Treinta y Tres implicó 87% de los nuevos puestos, para Maldonado fue 10%. En Montevideo los puestos del programa fueron 15% del total de nuevos cotizantes, en Canelones 18%, en Salto y Colonia 23%, en Rocha 37%, en Río Negro 53% y en Cerro Largo 57%.
La retención del trabajo fue elevada: uno de cada cinco dejó el puesto de trabajo antes de tiempo y de ellos, 40% lo hizo por haber accedido a otro trabajo formal, por lo que su puesto fue cubierto con la siguiente persona que había quedado en la lista del sorteo.
En cuanto a los datos de los trabajadores, el informe indica que la mayoría (51%) fueron jóvenes de 18 a 29 años, les siguieron los adultos de entre 30 y 44 años (30%), mientras que las personas de 45 a 64 años fueron 19% de los trabajadores. Además, se señala que 55% de los beneficiarios eran mujeres y una de cada tres eran además jefas de hogar. Además, se indica que 1% de los participantes corresponde a personas trans y otros, mientras que 4% se constituyó por personas con discapacidad, y 8% corresponde a afrodescendientes.
Se describe también el nivel educativo de quienes participaron: 8% tenía primaria incompleta, 45% primaria completa, 31% ciclo básico completo, 14% el bachillerato y 2% educación terciaria. Para 20% el programa se trató de su primera experiencia formal de trabajo.
Agrega que 44% de los beneficiarios se ubican en la categoría de “desempleo estructural”, mientras que el 56% restante se categoriza como desempleo de corte coyuntural, los autores del informe indican que “por tanto, y en un primer análisis, puede afirmarse que el programa es una herramienta eficaz para dar respuesta a un problema social recurrente y de difícil abordaje, que a su vez está presente en todos los departamentos del país”.