Coalición empieza a marcar prioridades legislativas para el año: hay acuerdo para avanzar contra la usura y jaurías de perros

Saldado el referéndum contra la ley de urgente consideración, los parlamentarios de la coalición de gobierno quieren reactivar algunas discusiones a nivel legislativo, y con ese fin la presidenta del Senado, Beatriz Argimón, convocó a los coordinadores de las bancadas del oficialismo en la cámara alta a una reunión que se realizó el martes a la mañana, en la que les solicitó que inicien un trabajo de “diagnóstico” de “prioridades y nuevos proyectos de ley de interés” en cada uno de los partidos, para ponerlos en común en una nueva reunión que está programada para el lunes 4 de abril.

La vicepresidenta de la República dijo en rueda de prensa luego de la reunión que “el tercer año de toda legislatura es una suerte de año bisagra” y que “hay algunos proyectos que es importante que vayan culminando su tratamiento, tanto en el Senado como en Diputados”. Explicó que, en algunos casos, “se ha avanzado en acuerdos, pero resta un tratamiento efectivo para su aprobación en las cámaras”, y puso como ejemplo el proyecto de ley de usura que presentó en 2020 el diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, quien también fue convocado a la reunión. Respecto de esta iniciativa, Argimón dijo que “el año pasado se trabajó, se llegó a acuerdos” y que “es un proyecto que ya está en condiciones de ser aprobado en la Cámara de Diputados, para después pasar al Senado”.

En diálogo con la diaria, Peña confirmó que desde el año pasado la coalición acordó avanzar en el proyecto de su autoría que ingresó a la Comisión de Hacienda de la cámara baja en 2020, y que este “debería ser de los primeros temas en el orden legislativo a partir de ahora”. Dijo, además, que se consultó al respecto al presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Diego Labat, y que se trabajará en su texto con aportes del proyecto de Cabildo Abierto (CA) sobre la reestructuración de las deudas de las personas físicas “y del Partido Independiente, en base a unificar los criterios y las opiniones que el BCU había destinado”.

“Es prioritario para nosotros en los primeros meses del año tener la nueva ley de usura pronta”, afirmó Peña, y explicó que su propuesta es una “modificación definitiva de lo que hoy permite en Uruguay la ley de usura [18.212]”, puesto que, en su opinión, “hoy el delito de usura se ha hecho tan laxo que les permitimos a los bancos y a las financieras cobrar intereses de hasta 240% y que no sea delito”, lo cual calificó de “irrisorio”. La Ley 18.212 fija un tope a las tasas de interés que pueden cobrar bancos, cooperativas, empresas administradoras de crédito, personas jurídicas prestamistas o personas físicas en general para los préstamos de dinero. Cuando los intereses superan estos máximos, pasan a ser usura y configuran un delito.

Peña sostiene que el “problema” que su proyecto viene a solucionar “empieza en la bancarización obligatoria”, dado que antes de este proceso había “dos sectores bien diferenciados: el bancario, que estaba enfocado más en préstamos a vivienda o a la producción y a las empresas, y el sector de las financieras, que tenían otros dueños y otras sociedades anónimas y no tenían nada que ver con los bancos, enfocados específicamente en créditos al consumo”. En cambio, cuando se hizo “esa negociación entre los bancos y el Frente Amplio para aumentar la recaudación, los bancos pasan a comprar 95% de las financieras del país”, lo que impactó en la tasa. “Los bancos compraron las financieras y pasaron a integrar como única unidad de negocio la tasa que cobra el banco, más la tasa que cobran las tarjetas de crédito de su propiedad, más las tasas que cobran las financieras de su propiedad, por lo que la tasa media bancaria pasó de 30% o 32% a 110%, 120%”, detalló.

En cuanto a las críticas de actores del sistema financiero, que alegaron que reducir el tope de los intereses podría tener un efecto contraproducente en los sectores más vulnerables de la sociedad, Peña aseguró que “es un argumento que no tiene ninguna razón de ser y es el argumento que siempre esgrimen quienes se benefician” de esta situación. “El principal análisis que hay que hacer en esto es que el mercado no está funcionando como tal, porque a partir de la bancarización obligatoria en el mercado financiero no hay libre competencia”, argumentó el legislador, y señaló que “hace muchos años es que el mercado quedó reducido a pocas manos, casi en 95%, por lo que hoy funciona un oligopolio financiero y no libre mercado. Cuando la fuerza del oligopolio marca las reglas de juego, sólo se soluciona a través de la ley”.

El senador de CA Raúl Lozano, que también asistió al encuentro con Argimón, confirmó que se “han logrado los acuerdos necesarios para amalgamar ambos proyectos”, en referencia al de Peña y el de su partido sobre endeudamiento, y que “seguramente este va a ser uno de los proyectos más prioritarios” para el año corriente. Lozano recordó que el proyecto de CA surge de la constatación de que “hay miles de personas que se han endeudado a partir de préstamos” que “en algunos casos” las financieras otorgaron “a sabiendas de que esas personas no iban a poder cumplir con sus obligaciones, y después les han cobrado créditos de usura, lo que conlleva a que no puedan pagar y que los pasen al clearing”. Señaló que, ante esta problemática, la iniciativa tiende a “llegar a una reestructura de esa deuda para que la persona pueda nuevamente intervenir [en el sistema financiero] y tener créditos”.

Jaurías de perros

“El día después: acabamos de coordinar con el diputado Rafael Menéndez consensuar los proyectos para el control de las jaurías de perros”, anunció en su cuenta de Twitter el senador nacionalista Sebastián Da Silva, el lunes, y agregó que la semana próxima habrá una reunión con las autoridades del Ministerio de Ganadería para “que quede pronto y aprobarlo rápidamente”. Los proyectos del Partido Nacional y CA surgieron en respuesta a los reclamos de productores rurales por la pérdida de animales a causa de los ataques de perros sueltos; una reivindicación que plasmaron en una polémica movilización fuera de la Torre Ejecutiva a la que llevaron ovejas heridas y muertas.

El proyecto de ley de los diputados cabildantes Menéndez y Martín Sodano impide que los perros no chipeados salgan en la noche y prevé indemnización ante ataques. Menéndez dijo a la diaria que el objetivo de la iniciativa es “concientizar a la población y a los dueños de perros de que la culpa de los ataques no es de los perros sino de sus dueños”, con base en la impresión de que “muchos ataques se deben a perros del propio establecimiento o de establecimientos vecinos”. Por tanto, lo que se busca es que “aquellos establecimientos rurales o poblaciones ubicadas en zonas rurales durante la noche tengan los perros controlados: atados o en un lugar donde no puedan salir, obviamente en condiciones de bienestar animal”. Además, se establecen “sanciones importantes” para los responsables de los perros que cometan el daño y “exoneraciones a aquella gente que castre a sus perros”.

En paralelo, Da Silva presentó su propio proyecto de ley, de artículo único, en el que se habilita a funcionarios policiales y de las Fuerzas Armadas a matar perros, en el marco de lo que establece el artículo 125 del Código Rural, que es que los “propietarios u ocupantes” de un establecimiento rural “tienen el derecho de matar a los perros ajenos que encuentren en sus poblaciones o cerca de sus ganados, cuando aquellos no acompañen o sigan a sus dueños o cuando, acompañándolos, se les separen para hacer daño o mezclarse con los ganados y molestarlos”. En ese sentido, la iniciativa de Da Silva faculta a los efectivos a “actuar y colaborar con este cometido, tanto dentro de las circunstancias establecidas en esta ley, así como en la caminería rural”.

Menéndez dijo no estar afín al planteo de matar perros, porque “el bienestar animal es de todas las especies; no podemos salir a mostrarle al mundo que acá terminamos haciendo lo que hizo la perrera cuando cerró, que mató a los perros con anhídrido carbónico”. Agregó que, aun si se tratara de “una matanza bajo condiciones de consenso en cuanto a bienestar animal, no tendríamos los medios” para hacerlo, por lo que “dentro de un proyecto de ley no puede estar incorporado salir a matar perros, eso de plano”.