El Congreso de Intendentes acordó este martes solicitar al Poder Ejecutivo que elabore un proyecto de ley con el fin de dar continuidad al programa Oportunidad Laboral, también conocido como jornales solidarios, hasta el 31 de mayo de 2022. Los jefes departamentales, que se reunieron en la ExpoActiva de Soriano, proponen “utilizar los fondos remanentes” del programa para darle continuidad por dos meses más, luego de cumplido el plazo previsto para su finalización (31 de marzo). Además, se comprometen a aportar “los recursos complementarios que puedan llegar a requerirse” en la “proporción correspondiente a los jornales activos empleados en cada caso”; de todas formas, se aclaró que esto “quedará sujeto a las disponibilidades financieras de cada gobierno departamental”.

La moción votada por unanimidad aprueba el documento de evaluación del programa que el Congreso de Intendentes elaboró en febrero, en el que se “recogen los impactos positivos tanto en términos de implementación como de resultados, a la vez que se agradece al gobierno nacional la sensibilidad y asignación de recursos para una experiencia de este tipo”. Según ese informe, los 15.000 puestos creados en el marco del programa explicaron 37,5% del incremento del empleo medido en personas en todo el país entre mayo y diciembre de 2021, así como 20% de los puestos creados.

Por otro lado, los intendentes resolvieron “continuar realizando gestiones para implementar un nuevo programa Oportunidad Laboral destinado a los sectores de más difícil inserción, el cual se ajuste a la realidad actual en términos de recuperación del empleo y desarrollo económico, y mantenga el énfasis en la atención a las poblaciones más vulnerables”. Es decir, en este caso se trataría de un nuevo llamado a personas interesadas en sumarse a los jornales solidarios y ya no la extensión de los contratos actuales.

El 11 de febrero, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo tras una reunión con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, que “el gobierno nacional está dispuesto a hacer un esfuerzo con respecto a los aportes patronales de estos jornales”, pero que las distintas intendencias, “si entienden necesario continuar con este plan”, deberán hacerse “cargo del tema salarial”.

Al respecto, el intendente de Salto, el frenteamplista Andrés Lima, dijo a la diaria que las intendencias “se harían cargo” del aspecto salarial en la extensión hasta mayo, mientras que en el caso de una “reedición” del programa, como también se planteó en la moción, habría que “discutir” los detalles. “Es sólo una propuesta; hay que ver si son los mismos cupos o si cambian”, indicó Lima, y dijo que la idea era “hacerle saber al gobierno la voluntad de reeditar el programa”.

Consultado en rueda de prensa este martes, Lacalle Pou dijo que la moción aprobada por el Congreso de Intendentes “es muy buena” y que “además hay que agregarle la posibilidad de jornales de invierno también, con parte de recursos, de nuevo, del Ejecutivo, y con algún recurso de las intendencias”. Agregó que la implementación se debe “ir evaluando a medida que crezca la tasa de empleo y se reduzca el desempleo”, pero consideró que “esta experiencia en la gran mayoría de los departamentos ha sido muy buena”.

Definieron prórroga para la unificación de multas

El Congreso de Intendentes también tomó una resolución respecto del trabajo para unificar los valores de las multas por infracciones de tránsito en todo el país, que está a cargo de la comisión de seguimiento del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive). En esta instancia, la comisión presentó un borrador con avances en la unificación de los criterios para las 19 intendencias, pero los jefes comunales decidieron implementar una única prórroga ya prevista, de 60 días, para terminar de afinar algunos detalles.

El director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Canelones, Marcelo Metediera, que asistió a la reunión de esta jornada, dijo a la diaria que “quedan algunas cosas de forma para intentar cerrar y alguna cuestión puntual, específica”, pero aseguró que el trabajo de la comisión viene “bien encaminado”, y aventuró que en el plazo de la prórroga se va a “poder llegar, seguramente, a un acuerdo”. Incluso dijo tener la expectativa de que se pueda laudar el tema en la próxima reunión del Congreso de Intendentes, dentro de un mes.

Metediera explicó que las sanciones que continúan en debate, “a priori”, no son “multas que tengan incidencia complicada vinculada con la seguridad vial –llamémosle espirometría, no tener licencia de conducir, exceso de velocidad, [no usar el] casco–. Estamos hablando de cuestiones que a nivel de las diferencias en los departamentos pueden tener un margen de criterio; por ejemplo, si una multa por guinchar un vehículo es de una unidad reajustable [UR] o dos o tres”, señaló. El jerarca consideró que para este tipo de infracciones es correcto que haya cierto margen de discrecionalidad, porque no es lo mismo un vehículo “mal estacionado” en 18 de Julio que en una calle de la localidad de Montes, en Canelones. “En ese tipo de multa tenés cierto margen de flexibilidad, que es lo que por ahora está arriba de la mesa, pero tenemos bastante avanzado el acuerdo”, afirmó.

El borrador que presentó la comisión de seguimiento del Sucive, al que accedió El Observador, diferencia las multas que se aplican a vehículos detenidos -por ejemplo, por estacionar en lugares indebidos- de las que se imponen a los que están circulando. Para el primer tipo, se proponen máximos y mínimos, con el fin de dejar cierta autonomía a las intendencias a la hora de fijar los valores. Para el segundo grupo, se sugiere la gradualidad, por ejemplo: por exceso de velocidad se fijan montos que van de cinco UR en caso de que el conductor supere por 20 kilómetros por hora el límite permitido, hasta 15 UR si duplica la máxima velocidad admitida —esto a valores actuales de la UR son entre 7.140 y 21.420 pesos—.

El documento también incluye una fórmula para la sanción de la espirometría positiva, que establece la duración del retiro de la libreta de conducir de acuerdo a si es la primera sanción o hay reincidencia, y a la cantidad de alcohol en sangre de la persona. Por ejemplo, se quitará la libreta por seis meses a quienes son sancionados por primera vez y registran por debajo de 0,6 gramos de alcohol en sangre, y por cinco años a quienes reinciden.