La noche del domingo 27 de marzo, cuando el gobierno recibió como un espaldarazo la ajustada victoria del No en el referéndum que ratificó los artículos en consulta de la ley de urgente consideración (LUC), el presidente Luis Lacalle Pou, en una conferencia de prensa con el gabinete de ministros detrás, marcó las prioridades para el día después: la reforma educativa y de la seguridad social, además de atender la problemática de los asentamientos. “Esta es una etapa superada, la ley queda firme y desde mañana [por el lunes 28] estamos de nuevo en nuestros temas”, expresó el mandatario.
En esa línea también se pronunció el sector empresarial, que antes del referéndum ya había reclamado que las luchas electorales no muevan la mira de las autoridades ni posterguen las reformas pendientes. Esta semana un editorial escrito por Juan Martínez, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, se tituló “El día D es hoy”, en referencia a que con el levantamiento de la emergencia sanitaria y con “las oportunidades que Uruguay tiene” por delante, ahora “es el momento de apretar el acelerador y reimpulsar esas grandes reformas que Uruguay necesita para ser un país de primer mundo”.
Sin embargo, en las semanas transcurridas desde la consulta popular la agenda política no estuvo concentrada en esas prioridades, sino que hubo otro grupo de temas relevantes –conectados entre sí– que dominó las conversaciones: la suba de los precios de los alimentos, el nivel de la inflación y lo que esto implica en términos de la postergada recuperación salarial.
Al reclamo del Frente Amplio (FA) desde la oposición para aumentar las medidas que hagan frente a la escalada de precios y atender a la población más vulnerable, se sumaron los pedidos en igual sentido –con propuestas en algún caso similares– del Partido Colorado (PC), en especial del sector Ciudadanos, y de Cabildo Abierto (CA). En pocas palabras, los socios de la coalición reclaman a la conducción económica –que lideran la ministra Azucena Arbeleche y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie– que libere el gasto, luego de dos años de haber sobrecumplido las metas de reducción del déficit fiscal.
En ese escenario cobra relevancia el rol de coalición que tiene el gobierno actual, que genera debates internos que se vuelven públicos por interés de los involucrados. Posreferéndum y como ejemplo de lo anterior, los ministros colorados Adrián Peña y Fernando Mattos, así como el líder de CA, Guido Manini Ríos, se presentaron en la Torre Ejecutiva para pedirle al presidente que considere sus ideas para combatir la inflación.
De fondo, traslucen las diferencias de pensamiento y de rumbo de la gestión económica que hay entre la base del PN junto a los asesores de confianza de Lacalle Pou –como Alfie, más allá de su filiación colorada– y los otros socios de la coalición. También puede detectarse una búsqueda de perfilismo electoral con miras a 2024 dentro de la propia coalición, superada la instancia del referéndum, que requería unidad de acción del oficialismo.
Como muestra, en el Senado se votará la próxima semana una minuta de comunicación, que salió con el voto de todos los partidos desde la Comisión de Hacienda, en la que se plantea quitar el IVA por seis meses a 19 alimentos de la canasta básica. La iniciativa surgió desde CA, que ya había planteado por parte de Manini en una sesión parlamentaria hablar con las cadenas de supermercados para que “no tengan ganancia” en esos productos. El senador blanco Sergio Botana dijo a la diaria que se votó la minuta como “un gesto” pero hay una “mayoría” de legisladores de su partido que “están en contra de lo que dice esa solución”.
Es que la intervención del mercado y la fijación de precios va a contracorriente de la idea mayoritaria del equipo económico. Esto lo dejó claro Mattos, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, al hablar días atrás ante un auditorio empresarial: dijo que los acuerdos de precios “no son bien vistos” por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y subrayó que “nuestra filosofía es no intervenir”, algo que, sostuvo, hacen otros gobiernos ante el aumento de la inflación dando “una pésima señal” para quienes producen.
Estrategia, realidad y reclamos
El valor del índice de precios del consumo (IPC) mostró en los 12 meses a marzo un aumento de 9,34%; se trata de la cifra de inflación anualizada más alta desde finales de 2020. En sus salidas públicas, tanto el presidente como distintos ministros apuntaron que el motivo detrás de la suba de los precios los alimentos –canasta que subió un 13% en el último año– son los impactos globales tras la invasión de Rusia a Ucrania, iniciada el 24 de febrero.
Distintos analistas consultados por la diaria hablaron sobre las causas de la inflación y mencionaron que confluyen varios factores: el IPC venía en aumento como parte de un proceso global de suba de los commodities vinculados a los alimentos y del petróleo, también impactó la guerra, así como aspectos locales más circunstanciales –la sequía en el verano incrementó las frutas y verduras– y otros relativos a decisiones de la órbita pública, como los ajustes de tarifas y el aumento de los combustibles. Los economistas estimaron que este proceso no se frenará al menos en el primer semestre, que tendrá inflación arriba de 9% y con riesgo de llegar a dos dígitos, y se moderará para finalizar el año en torno a 8%.
Este escenario se choca de frente con la estrategia salarial que había trazado el gobierno. En 2020, con motivo de la pandemia, se acordó un período puente sin ajustes adicionales, lo que derivó en una caída del salario real superior a 3% en los dos primeros años de gestión. Esto ocurrió porque se negoció a mitad de 2021 pero tomando como criterio para los ajustes en la mayoría de los acuerdos la previsión del gobierno sobre la inflación (5,8% este año), es decir que se buscaba no perder más poder de compra –que los salarios empaten los precios, en otras palabras– y comenzar a recuperar lo perdido con ajustes extras en el final de los convenios, esto es, de mediados de año en adelante.
Como la meta de inflación definida en aquel momento está alejada del IPC efectivo, no se está cumpliendo el objetivo de no profundizar la pérdida del salario real, y los reclamos desde el PIT-CNT se comenzaron a oír. “En la medida en que la inflación sea mayor, esa suba termina comiéndose el porcentaje de recuperación” pactado en la ronda salarial, advirtió la economista Alejandra Picco, del Instituto Cuesta Duarte. El presidente del centro de estudios del PIT-CNT, Milton Castellanos, dijo que ante esta realidad y la promesa del gobierno de que se iba a recuperar el poder de compra perdido en la pandemia, puede aumentar la conflictividad.
La central sindical pretende que los puntos de recuperación pensados para el final de los convenios se adelanten, pedido que va en línea con una medida que presentó días atrás el sector Ciudadanos del PC al presidente: “un ajuste extraordinario y anticipado de recuperación salarial, que acompañe el aumento de precios coyuntural que atraviesa la economía”. Entre las otras medidas propuestas, está dar un “bono extraordinario” para los jubilados, otro sector que acumula reclamos por la pérdida del poder adquisitivo.
En agregado, también los trabajadores del sector público preparan acciones dado que denuncian que la ley de presupuesto votada a finales de 2020 consagró una pérdida salarial aún mayor para ellos, no habiendo otra norma legislativa que les asegure la recuperación, aunque sí hay un compromiso del gobierno. Este asunto fue llevado a la Torre Ejecutiva por otro de los integrantes de la coalición que comienza a mostrar posturas disímiles al núcleo de Lacalle Pou y sus aliados más cercanos: el senador Jorge Gandini y su sector Por la Patria, que apuesta a ser una vía alternativa al Herrerismo dentro de la interna blanca.
Desde el gobierno la respuesta a los reclamos salariales la dio esta semana el director de Trabajo, Federico Davedere: “El compromiso de la recuperación salarial sigue estando y es al final del período”. Sobre adelantar los ajustes como pide el PIT-CNT y propone Ciudadanos, señaló que es una propuesta bajo análisis pero pidió “tener cuidado de no tomar decisiones a la ligera”, planteando que debe esperarse a que culmine el análisis por parte del gobierno de los resultados de la última ronda de negociación.
FA pide “pensar en los ingresos”
Mientras esto acontece, el FA se rearma luego de la intensa campaña que encabezó junto al PIT-CNT y las organizaciones sociales para la fallida derogación de 135 artículos de la LUC. Previo al acto eleccionario, su presidente, Fernando Pereira, había dicho que “llegó el momento de decir que en Uruguay hay carestía”, y posreferéndum el discurso crítico hacia las acciones del gobierno para contener la suba de los precios de los alimentos se intensificó.
En principio la bancada opositora había definido convocar al MEF a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para pedir explicaciones sobre la estrategia para contener la inflación; pero luego se optó por promover un llamado en régimen de comisión general, que implica que la ministra Azucena Arbeleche acuda a una sesión del pleno de Diputados, pero para ello se requiere el apoyo del oficialismo. El diputado Sebastián Valdomir, que impulsó la convocatoria, dijo que si no están los votos de la coalición se promoverá una interpelación.
Daniel Olesker, economista y senador del FA, criticó las medidas que tomó el gobierno quitando el IVA a panificados y al asado de tira, porque llegan de manera “tardía” y son “insuficientes” al “actuar sobre un pequeño grupo” de alimentos. Por su parte, el senador del FA y exministro de Economía Mario Bergara expresó en la radio Sarandí que los lineamientos para la negociación salarial del gobierno dieron “señales a la baja”, y en esa línea los empresarios promovieron “una rebaja generalizada de los salarios, aun en sectores que han tenido importantes ganancias en los últimos dos años”.
La propuesta de la oposición, que replicaron distintos legisladores en los últimos días, es que el Ejecutivo brinde a mitad de año un aumento de las jubilaciones y los salarios públicos, además de promover un correctivo por la inflación efectiva para los trabajadores privados. “Hay que pensar en los ingresos; sólo con un aumento significativo se va a actuar sobre el meollo del problema” de la inflación, señaló Olesker.
Las tres reformas prioritarias del gobierno
Educación. El ministro Pablo da Silveira y Robert Silva, titular de la Administración Nacional de la Educación Pública, dijeron que este año habrá un “impulso” de los cambios en la enseñanza con miras a implementarlos desde 2023; por ejemplo, está por terminarse el nuevo marco curricular nacional que se pondrá a discusión de la comunidad educativa próximamente.
Seguridad social. Previo al referéndum, trabajó una comisión con representantes técnicos de los partidos políticos y sectores sociales que elaboró una propuesta de reforma; ahora el Ejecutivo prepara el texto que enviará al Parlamento, mientras que hay pedidos desde distintos sectores de promover un diálogo social en busca de consensos más allá del sistema político.
Asentamientos. Se aprobó en la última Rendición de Cuentas un fideicomiso con fondos por 240 millones de dólares para potenciar la construcción de viviendas; este plan se presentará en los próximos días, según informó El País, y el objetivo de las autoridades es construir 20% más que en el período pasado.