El lunes el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, mantuvo una reunión con el diputado comunista Gerardo Núñez en La Huella de Seregni, tras conocerse la resolución de la Justicia ante una denuncia por violencia de género en su contra. Tras el encuentro, Pereira informó a la prensa que Núñez “se presenta en el Tribunal de Conducta Política (TCP) y esa conducta será analizada en el organismo, que es el organismo especializado del Frente Amplio”, y que mientras tanto no ocupará su banca en la cámara baja. Según indicaron varias fuentes a la diaria, esto también se informó en la Mesa Política el lunes, además de que el caso será considerado por la Comisión de Control del Partido Comunista.
Sin embargo, la presidenta del TCP, la exdiputada Margarita Percovich, dijo a la diaria que la información que trascendió a la prensa no es del todo correcta, y que motivó una reunión de los integrantes del órgano en la mañana del martes. “Se dieron por hecho cosas en la prensa que no son tales, salió adelantado que ya estaba [el caso] en el TCP, cuando todavía no está”, aseguró Percovich, e indicó que hasta el momento no se han cumplido “los pasos del protocolo” que exige el tribunal para actuar sobre un hecho. Si bien reconoció que informalmente sí recibieron planteos por este tema, no se recibió “ninguna comunicación dentro del protocolo”.
“Las iniciativas informales a nosotros no nos sirven. Nosotros tenemos un protocolo formal que cumplir y sería una falta de seriedad para con todas las otras denuncias que hemos tratado y tenemos por tratar saltarse el protocolo”, aseveró Percovich, que no quiso entrar en detalles por la reserva que exige el reglamento del TCP a sus integrantes, pero insistió en que “no se ha cumplido con los protocolos necesarios para que el TCP actúe inmediatamente”.
El reglamento del TCP establece en su artículo 15 que durante el tratamiento de un asunto el organismo puede “recibir o convocar al adherente de cuya conducta se trate, a los autores de la imputación o a otras personas, e invitar a cualquiera de ellos a expresarse por escrito, en un plazo determinado, sobre el asunto o sobre consultas específicas”; “pedir o aceptar documentos, informes, exposiciones u otras pruebas de cualquier naturaleza, y resolver sobre su pertinencia”, y “tener en cuenta aquellos hechos que, por su notoriedad o por haber sido admitidos por sus responsables en forma pública y manifiesta, deban considerarse exentos de prueba”.
Luego de analizado el caso, el TCP “formulará su dictamen con expresión de sus fundamentos, por mayoría de sus integrantes”, y “los integrantes discordes tendrán el derecho de expresar sus fundamentos en la misma resolución”. Una vez aprobado el dictamen, “se comunicará de inmediato en un informe al Plenario Nacional” por intermedio de la presidencia del FA. Asimismo, el reglamento habilita la intervención de oficio del TCP a propuesta de “cualquiera de sus integrantes, fundamentándolo en sesión”. En ese caso, el TCP resolverá por mayoría de dos tercios de sus miembros.
Una fuente que integra la Mesa Política dijo a la diaria que fue el secretario general del PCU, Juan Castillo, quien actualizó al órgano sobre las novedades en el caso en la noche del lunes. Al respecto, la fuente indicó que “se informó lo mismo que públicamente, se explicó cómo había sido la decisión de la jueza y que el caso no tiene que ver con la denuncia de @varonesuruguay2”, sino “con una relación que tenía un poco tóxica, que derivó en eso”. Tras el informe, no se produjo un intercambio sobre el tema y, según consideró la fuente consultada, hubo un clima de consenso: “Es una forma de dar garantías que eso pase al TCP, y está bien que hasta que esto se despeje él no ocupe la banca. El TCP sí va a estudiar y analizar los hechos y ahí tendremos que tomar posición y llevarlo al Plenario”.
La semana pasada, luego de una audiencia en que la denuncia de violencia de género contra Núñez fue “ratificada y ampliada” por la denunciante, la jueza letrada Karen Cuadrado, responsable del juzgado de familia especializado de quinto turno, intimó al diputado a concurrir al programa de la Intendencia de Montevideo “Hombres que deciden dejar de ejercer violencia”, al proyecto Dominó –una ONG para hombres que ejercen violencia de género–, o “a su servicio de atención médica”. En octubre habrá una nueva audiencia para evaluar el cumplimiento, y de no acatarse las medidas cautelares Núñez podría ser investigado por la Justicia penal por desacato, para lo que debería activarse el mecanismo para levantar sus fueros parlamentarios.