Bergara: “Hay un narcotraficante fugitivo y la expedición del pasaporte fue funcional a sus intereses”

Desde las 15.00 los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, están siendo interpelados por el senador Mario Bergara. El asunto central es conocer cómo el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset logró obtener rápidamente un pasaporte nacional que le permitió salir de la prisión en Dubái, incluso cuando estaba siendo investigado por la Policía a nivel internacional.

Bergara enumeró una serie de “dudas” que, entiende, surgen de la actuación del Ministerio del Interior y la cancillería en la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, preso en Dubái por portar documentación paraguaya falsa y acusado en el país sudamericano de liderar una organización de tráfico ilícito de drogas.

Previamente, Bergara repasó los hechos ocurridos y las irregularidades que existieron para el Frente Amplio (FA), rechazó la explicación dada hasta el momento por las autoridades sobre que los hechos se circunscriben a un decreto de 2014, y sostuvo que el accionar de la administración fue “funcional” a los intereses de Marset. Es que el trámite realizado, según Bergara, no tuvo en cuenta las características “excepcionales” del hecho y de quien pedía el pasaporte, y el ágil resultado en la entrega del documento uruguayo permitió a Marset salir de Dubái previo a que Paraguay pidiera su requisitoria.

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“Un escándalo que afecta la reputación de Uruguay”

“En este momento en algún lugar del mundo está suelto un narcotraficante uruguayo, con extenso prontuario y señalado por varios delitos, con investigaciones abiertas en varios países. Hoy continúa prófugo de la justicia internacional gracias a que obtuvo un pasaporte, en plazos menores a los que el sentido común hubiera indicado en un caso de tanta complejidad. [Las actuaciones] fueron funcionales a los intereses de esa persona para evitar ser deportado. El pasaporte fue emitido en condiciones difíciles de entender por su celeridad”, comenzó Bergara la interpelación a los ministros.

“Estamos ante un escándalo de proporciones que afecta la reputación y la credibilidad de Uruguay. Lejos de asumir responsabilidades, las autoridades hasta el momento se han dedicado a minimizar el problema que enfrentamos y trasladan la responsabilidad a gobiernos anteriores”, continuó el senador del FA. Aclaró que la sesión se centrará en la responsabilidad de las autoridades, y no en los procesos criminales en Uruguay y otros países que tenga Marset.

No es el ámbito para discutir temas criminales de Marset, si era o no cabecilla de una organización internacional de tráfico de drogas ni para dirimir si estuvo involucrado o no en una amenaza a un fiscal o en el asesinato de un fiscal en Colombia. De eso se encargarán los ámbitos policiales y judiciales de cada país.

“Si logran explicar si hubo errores y asumen responsabilidades, estamos bien, es lo que la ciudadanía merece y sería la mejor forma de alejar suspicacias. [Pero] si continúan ensayando excusas y minimizando el problema, deberemos evaluar como FA acciones políticas. Si lo anterior sucede, no sólo se afecta la reputación del país sino la confianza de la ciudadanía en las autoridades y las instituciones. La necesidad de explicaciones no es del FA, sino de la sociedad uruguaya”, indicó Bergara.

“¿Cuál era el interés del Estado uruguayo para actuar de esa forma?”

El miembro interpelante continuó repasando los hechos ocurridos, y consideró que “cada acción desarrollada y sus consecuencias aparecen como esenciales y funcionales a las necesidades de Marset” para salir de prisión en Dubái. “Marset buscaba finalizar su reclusión para evitar la deportación, ya que había sido alertado por el avance de la Justicia paraguaya y el cerco” a la investigación de narcotráfico, conocido como “el clan Insfrán” en tierra guaraní. Así surge de las escuchas telefónicas divulgadas, dijo Bergara, quien manifestó luego que tanto la cancillería como el Ministerio del Interior no brindaron información sobre el trámite del pasaporte ante la consulta del FA.

“Se trataba de la solicitud [de pasaporte] de un conocido narcotraficante que era investigado internacionalmente y estaba preso por intentar entrar con un pasaporte falso. Tenía un profundo prontuario criminal, estaba preso en un tercer país por pretender ingresar con pasaporte falso… vaya si son condiciones peculiares, excepcionales e imprevistas. No era cualquier caso”, dijo Bergara. A su vez, recordó que “el Ministerio del Interior uruguayo” trabajó en coordinación con la agencia antidrogas estadounidense (DEA) y con Paraguay. “Era un caso muy excepcional, delicado, cargado de circunstancias no previstas. Paraguay había evitado ofrecer un salvoconducto y había transmitido esas particularidades a Uruguay”, señaló.

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Además, repasó que “funcionarios uruguayos” en Dubái “pidieron indicaciones de cómo actuar a la cancillería”. De allí surge que “había que tomarse más tiempo y ser cautos”, sostuvo Bergara replicando los hechos conocidos a través de la prensa, y concluyó: “Resulta difícil de comprender cómo en estas circunstancias la cancillería desconoció la opinión de los profesionales que estando cerca proponen una razonable cautela. Hoy deberíamos irnos de aquí con una explicación clara”.

“¿Por qué se decidió continuar con la entrega del pasaporte? La consecuencia de las decisiones tomadas son claramente nefastas. La obtención del pasaporte uruguayo fue un elemento clave para obtener la liberación en Emiratos y a partir de allí moverse y permanecer inubicable, mientras en Paraguay ocurría la mayor operación antidrogas de la historia [en referencia al desbaratamiento del denominado clan Insfrán]”, expresó el senador del FA. En esa línea, afirmó: “Si el procedimiento se hubiera dilatado, cuán distinta hubiera sido la historia”.

Bergara se refirió a lo dicho por Heber en defensa del accionar del gobierno, al plantear que en el procedimiento se cumplieron los pasos del decreto de 2014. Ese decreto “no establece plazos”, sostuvo el miembro interpelante, y contempla “un marco legal para demorar la entrega [del pasaporte]” permitiendo “analizar el caso con mayor detenimiento”. Sin embargo, “el apuro y la escasa cautela fueron un denominador común” en el accionar de las dependencias del Estado, dijo.

“Le damos vuelta al asunto una y otra vez, y no logramos entender por qué se actuó así, desconociendo indicadores de riesgo claramente visibles. ¿Cuál era el interés del Estado uruguayo para actuar de esa forma?”, indicó el legislador opositor.

“No había ninguna obligación” de entregar el pasaporte

“No había ninguna obligación” de entregar el pasaporte ante la solicitud de Marset, que además logró que el documento fuera entregado en mano a un apoderado en Uruguay, algo que Bergara subrayó que era algo excepcional. De hecho, según números de la cancillería, repasó que en 2020 de un total de casi 10.000 pasaportes uruguayos emitidos en el exterior, sólo 36 fueron entregados en mano y no enviados en “valija diplomática”. Esto, según planteó, benefició a Marset, ya que esperaba el pasaporte de forma rápida, y la demora del envío podía ser perjudicial a sus intereses. En ese punto, Bergara preguntó sobre el rol del abogado Alejandro Balbi, que se reunió con la vicecanciller Carolina Ache.

“Es de rutina que las autoridades de la cancillería reciban a abogados de personas presas en el exterior. También queremos conocer cuáles fueron las acciones posteriores de la vicecanciller, ya que pudo comprobar las circunstancias que rodeaba este tipo de actuaciones. No dudamos lo que no hizo, sino lo que hizo”, sostuvo en alusión a las explicaciones dadas vía redes sociales por Ache.

“Hay una persona con un profuso prontuario que estaba siendo investigado internacionalmente, preso por usar un pasaporte falso. Vaya si eso no ameritaba la prudencia a la que insta el artículo 48 del famoso decreto de 2014” citado por el gobierno, aseguró Bergara. “Ese decreto no obligaba a actuar como se actuó ni en los tiempos elegidos por la administración”, añadió. “Frente a un caso con tantos imprevistos y cosas inusuales, ¿por qué no se actuó con sentido común?”, prosiguió el miembro interpelante.

Sobre el cierre, Bergara concluyó: “Sí se usó la discrecionalidad para entregar el pasaporte en un mecanismo exprés y personalizado, adaptado a las peculiares necesidades del solicitante, que pretendía hacerse del documento antes que la deportación lo alcance. Este es un elemento clave a aclarar por los ministros”.