Para el Frente Amplio no fueron suficientes las respuestas que brindaron en la interpelación los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, sobre cómo obtuvo el pasaporte el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Por eso, decidieron realizar un pedido de informes a la cancillería y enviar un escrito con consideraciones a la Fiscalía para que lo sume en la investigación que abrió el fiscal de Corte sobre el tema.

“No fue un trámite normal, no puede decirse que se ajustó a la normativa”. Esa es la conclusión sobre la entrega de pasaporte a la que llegaron los 13 senadores de la bancada frenteamplista, según el documento que presentaron, en el que aseguran que buscan “brindar información relevante a los efectos de la investigación que de oficio dispuso la Fiscalía”.

La pregunta que “sobrevuela”, según los senadores, es: “¿En qué momento los ministros y subsecretarios de los respectivos ministerios tomaron conocimiento del caso y cuál fue el papel que tuvo cada uno en el proceso de expedición y entrega del pasaporte al narcotraficante Marset?”.

Marcan como “un hecho curioso” que al inicio de la interpelación el canciller “manifestó desconocer quién era Marset antes del mes de marzo del año actual, cuando se emitió una alerta roja internacional” de Interpol, pero al final de la interpelación agregó que “importa aclarar también que cuando decimos que no conocíamos a Marset es claro que no lo estoy diciendo en sentido literal, sino en sentido figurado, porque todos sabemos que el Marset de marzo no es el Marset de octubre. Para nuestro país y para nuestra normativa era Marset en ese entonces -y sigue siendo- un uruguayo con los mismos derechos que otros”.

Para los senadores “no queda claro, por lo tanto, si las autoridades efectivamente sabían o no sabían de la tramitación del referido pasaporte”. De hecho, la duda también la manifestaron en el pedido de informes que hacen a la cancillería.

En esta línea, según el FA, también es “poco creíble afirmar” que el ministro del Interior no estaba al tanto de la situación, en particular teniendo en cuenta que existían coordinaciones entre la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) y el Comando Tripartito que abarca la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina para investigar a Marset.

Asimismo, dicen que “llama la atención” la comunicación que tuvo el abogado del narcotraficante, Alejandro Balbi, con las autoridades de la Dirección Nacional de Identificación Civil y con la subsecretaría de la cancillería, Carolina Ache. “Resulta extraño pedirle una reunión a una jerarca -de la investidura de una subsecretaria- sin expresar el motivo de la misma”, deslizan los senadores.

En particular, subrayan la comunicación que había entre el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, y Ache. “Se reconoce en la interpelación que ambos jerarcas estuvieron en comunicación durante el trámite del pasaporte”, señalan desde el FA, y agregan que resulta llamativo porque Maciel estaba en conocimiento de los movimientos de la DGRTID y a su vez estaba en contacto con Ache: “Sin embargo y a pesar de todo lo anterior, se otorgó el pasaporte que permitió la fuga de Sebastián Marset”.

Para los senadores “resulta de suma importancia indagar sobre las comunicaciones entre los subsecretarios Maciel y Ache, así como saber por qué la DGRTID estaba interesada en obtener información sobre Marset y su detención en Dubái”.

De hecho, insisten sobre este punto: “Un asunto que debería investigarse es, justamente, el contenido de los correos que intercambiaron Maciel y Ache. Debería identificarse con qué oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores se comunicó la subsecretaria para evacuar las dudas que le planteó Guillermo Maciel”.

Otro punto que sugieren investigar son “las múltiples advertencias brindadas por los diplomáticos de Emiratos Árabes Unidos cuando tomaron conocimiento de la situación”, algo que también cuestionan a la cancillería, y piden tener documentación sobre todas las comunicaciones referidas al tema.

Finalmente, para los senadores del FA “otro hecho llamativo que podría ser de interés para la investigación en curso es que el pasaporte de Marset quedó listo el 25 de noviembre y no se envió en valija diplomática, sino que Sebastián Marset firmó un poder, la sección consular remitió una carta de autorización, un empleado del estudio del Dr. Balbi levantó el pasaporte y se lo entregó a un familiar que había viajado a Uruguay para luego llevarlo a Dubái”.

“Aparentemente, el Dr. Alejandro Balbi hizo una consulta por este tema ante la cancillería el 29 de noviembre y un día después un familiar de Marset ya tenía el pasaporte consigo. Este capítulo de la etapa final de la entrega del pasaporte, cuyo corolario es la salida de Marset de Emiratos Árabes Unidos en enero, deja muchas dudas y pocas certezas”, opinan los legisladores.

Las preguntas al ministerio

Además de algunos puntos en común con las interrogantes que sugiere a Fiscalía, el FA hizo algunas consultas adicionales a la cancillería. Por ejemplo, cuestionan tanto al canciller como a la subsecretaria si “fue antes o después de que el pasaporte saliera de la órbita del ministerio” que conocieron la situación de Marset.

A su vez, quieren más información sobre la reunión de Ache con el abogado Balbi. Interrogan si la subsecretaria le informó al ministro de esta reunión y preguntan cómo haría cualquier persona para saber la fecha de salida de la valija diplomática: “¿Existen vías distintas a una reunión con un jerarca para obtener la información? ¿Los funcionarios del ministerio pueden dar esta información a los interesados?”, agregan.

También piden más datos sobre el “error informático” que se reportó durante la interpelación. “¿En qué consiste este error y cómo se produjo? ¿Cómo fue detectado el error informático? ¿Se realizó un análisis de causas?”, son algunas de las preguntas que hacen los senadores.

Por otra parte, piden detalles del procedimiento realizado en el exterior, quieren confirmar que los diplomáticos advirtieron de esta situación y en particular indagan sobre el papel de la cónsul en el emirato, no solamente por el hecho de haber ido a tomarle los datos personalmente, sino para saber cómo Marset emitió un poder desde la cárcel para que otra persona pudiera retirar el pasaporte en Uruguay.