El senador nacionalista Gustavo Penadés envió este martes una nota a la presidenta del Senado, la vicepresidenta Beatriz Argimón, en la que le solicita que, en caso de que la Justicia lo disponga, se le retiren los fueros parlamentarios.

En los últimos días Penadés ha estado envuelto en la polémica, luego de que la militante del Partido Nacional (PN) Romina Celeste afirmara que el senador abusó sexualmente de ella a cambio de dinero cuando tenía 13 años, afirmación a la que luego se sumaron más adolescentes que también denunciaron haber sido víctimas del mismo delito por parte del legislador.

El caso está siendo investigado por la fiscal especializada en Delitos Sexuales de 6° turno, Alicia Ghione, quien fue designada por el fiscal de Corte Juan Gómez. La investigación judicial se inició de oficio luego de la denuncia pública de la militante nacionalista. Hay varios delitos que pueden ser tipificados en este caso: abuso sexual, contribución a la explotación sexual de menores, corrupción de adolescentes y retribución a menores de edad a cambio de actos sexuales, entre otros.

Así las cosas, en su nota a Argimón, Penadés le pidió que, “en atención a las circunstancias de público conocimiento, si el Poder Judicial solicitase el levantamiento de los fueros parlamentarios correspondientes a mi investidura, se proceda a dar trámite a dicho pedido en forma inmediata”. Además, Penadés adelanta que, llegado el caso, no formulará “oposición de tipo alguno”.

Entre los artículos 112 y 114 de la Constitución se establece lo que se conoce como fueros parlamentarios, aunque no existe esa denominación en la normativa uruguaya. El objetivo es proteger a diputados y senadores de un manejo político del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo que afecte el funcionamiento del Poder Legislativo.

Más allá de lo que pida el senador, que busca que el trámite pase directo a la Cámara sin discutirse en la Comisión de Constitución y Códigos, en el caso de que se solicite el desafuero de Penadés, será tarea del Senado votarlo y para eso se precisa dos tercios de los legisladores a favor, si esto ocurre se le retira la protección que dispone la Constitución para que quede a disposición de la Justicia.