Luego de que el Poder Ejecutivo decretara la “emergencia hídrica”, la situación del agua potable se define en varios frentes. Por estas horas, OSE está evaluando los pasos a seguir relacionados con los niveles de cloruro y sodio en el agua. Según supo la diaria por fuentes de la empresa, se le solicitó al Ministerio de Salud Pública (MSP) que habilite la duplicación de los niveles de esos elementos. En promedio, los niveles de sodio actuales –con la excepción que aprobó el MSP– son de 440 miligramos por litro de agua (cuando el valor máximo permitido era de 200), y OSE busca llevarlo a 900; mientras, el valor de cloruro actual está cerca de los 720 miligramos por litro de agua –el valor admitido por la norma UNIT 833/2008 es de 250–, y la empresa busca aumentarlo a un promedio de 2.000. Desde el MSP evitaron hacer comentarios sobre el tema, ya que por el momento no definieron si aceptarán esos niveles, señaló una fuente de esa cartera a la diaria.

A su vez, este miércoles el Parlamento aprobará la exoneración de impuestos al agua embotellada, una de las medidas que había anunciado el presidente Luis Lacalle Pou en la conferencia del lunes. El proyecto pasará primero, de mañana, por el Senado; a las 15.30 se tratará en Diputados. En la exposición de motivos del proyecto se repasa parte de lo informado por el mandatario, como que el Poder Ejecutivo declaró la emergencia hídrica en el área metropolitana del país, “en virtud de la situación de sequía que afecta la mayoría de los cursos y principales reservas de agua utilizadas para abastecer a la población de dicha zona”.

Así las cosas, se repasan las medidas implementadas “para mitigar el déficit hídrico”, como la construcción del embalse y cañería en el río San José, “la entrega de agua embotellada de forma gratuita para la población vulnerable y el aumento de la salinidad y cloruros en el agua corriente”. “En función de la implementación de esta última medida, se entendió conveniente eliminar transitoriamente la aplicación del Impuesto Específico Interno (IMESI) y exonerar del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las enajenaciones de aguas minerales y sodas, hasta tanto finalice la declaración de emergencia hídrica”, se señala en la exposición de motivos. 

Se agrega que el objetivo del proyecto de ley es “reducir el precio al consumo final de aguas minerales y sodas, teniendo en cuenta la limitación al acceso de agua corriente para muchos de sus usos habituales, que la crisis hídrica ha causado”.

Cabildo Abierto no firmó para convocar a la sesión extraordinaria de Diputados 

A todo esto, la convocatoria para la sesión extraordinaria del miércoles de la Cámara de Diputados no estuvo exenta de polémica dentro de la coalición. Para convocar a la sesión se precisaba la firma de al menos 50 diputados, y se lograron 54 –tanto del oficialismo como de la oposición–, con la particularidad de que ninguna de esas firmas fue de un representante de Cabildo Abierto (CA) –contó con la de Eduardo Lust, pero ya no pertenece a ese partido–. Fuentes del oficialismo dijeron a la diaria que ninguno de los diputados cabildantes “quiso firmar”.

El diputado de CA Álvaro Perrone subrayó a la diaria que la mayoría de los representantes de su partido están en el interior, y el martes en el Parlamento se encontraban él y su correligionario Martín Sodano, pero “nadie” fue a recoger la firma de ambos. Perrone dijo que “otra vez se hace un atropello” –el anterior, según él, fue cuando CA pidió un cuarto intermedio para tratar el proyecto sobre propinas, y no se lo votaron–, porque “los diputados querían firmar para que se hiciera la sesión y tratar el tema”. “Cuando venga el proyecto, vamos a estudiarlo. Sin duda que, lo que se dice hasta ahora del proyecto, lo vamos a votar, claramente, pero vamos a ver si lo podemos mejorar. Nosotros de esto nos enteramos por la prensa el lunes”, finalizó.

En tanto, un legislador oficialista –que no es de CA– se mostró molesto por la situación, y subrayó a la diaria que el proyecto de ley “es importante para mucha gente” que va a poder acceder al agua embotellada en forma más barata, por lo tanto, sostuvo que lo que hizo CA, de “buscar una excusa para no querer citar a la cámara, es medio increíble”.

A juicio del legislador, la postura de los cabildantes tiene más relación con la situación de CA con la coalición, que quedó molesto luego de que Lacalle Pou le pidiera a Irene Moreira que renunciara a su cargo en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. “Siguen manifestando su malhumor por el tema Irene Moreira, a través de este tipo de cosas, que en realidad a CA no le suman, porque estamos convocando para votar un proyecto para beneficio de la gente, sobre todo de los que no tienen recursos”, subrayó el legislador.

A su vez, el diputado blanco Sebastián Andújar, presidente de la cámara baja, señaló a la diaria que el lunes de noche, apenas terminada la conferencia de Lacalle Pou, se comunicó con legisladores de todos los partidos para informarles que se iba a mandar el proyecto y se necesitaban las firmas al otro día. Subrayó que también se comunicó con Perrone.

FA espera que el gobierno “de una vez por todas” tome otras medidas

Por su parte, este miércoles el FA apoyará el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, pero mantiene varias críticas sobre la crisis del agua potable. La diputada frenteamplista Lucía Etcheverry, que integra las comisiones de Ambiente y de Salud de la cámara baja, recordó a la diaria que la oposición había propuesto una minuta con la medida que se votará, y otras, en el Senado, hace casi dos meses, y el oficialismo no acompañó la iniciativa, y tres semanas después, “ya en una situación mucho más grave”, la oposición propuso una minuta con un contenido similar. Finalmente, el martes el Poder Ejecutivo envió un proyecto en ese sentido, “casi 20 días después”, destacó.

Etcheverry subrayó que a la sesión de hoy asistirán diputados del FA de varios departamentos, porque si bien “obviamente es un problema del área metropolitana”, en realidad, “es un problema del país”, y la situación “es crítica”. Agregó que este miércoles plantearán que también se tomen medidas que le corresponden al Poder Ejecutivo para que “efectivamente esto se refleje en lo que paga la gente cuando va al comercio, hay que garantizar eso”. “Esto es importantísimo desde el punto de vista de la economía diaria, del bolsillo de todos los días de la gente, que en una familia tipo, de cuatro integrantes, un bidón es un día y un poco”, subrayó.

Además, la diputada dijo que el FA espera que el gobierno “de una vez por todas” tome otras medidas, por ejemplo, en relación a la tarifa de OSE, por un servicio “que no está garantizando”. Apuntó que si se va a incumplir nuevamente con los valores de sodio y cloruro, es “bastante complicado” para que el MSP lo acepte, porque la cartera “tiene que asumir la responsabilidad de lo que la gente está consumiendo”, cuando los niveles “ya sabemos que están por arriba de todos los parámetros de lo que establecen los organismos internacionales, con normas que el país siempre ha cumplido”.

“La tarifa de OSE debería reflejar la situación de un gobierno que no puede garantizar la calidad del agua que corresponde, y que además tiene este problema, que hay que ver quién del Poder Ejecutivo va a decir que sigue siendo agua potable y que no hay problemas, con las medidas que está informando OSE”, finalizó.

Por último, el martes la Mesa Política del FA se reunió para analizar las medidas anunciadas por la crisis hídrica. Al final, el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, dijo en rueda de prensa que “está claro que estamos ante un problema severo” para el área metropolitana. Señaló que la medida de quitarle impuestos al agua embotellada es “acertada”, pero el martes el gobierno “ni siquiera” tenía “los diputados y senadores para convocar a una sesión de urgencia”, y eso habla “de la improvisación que tiene el gobierno”, es decir, “no coordina ni con sus bancadas”.