En febrero, luego de que se hiciera público que la exfuncionaria de la Intendencia de Artigas (IA) Stefani Severo cobró casi 200 horas extras de forma irregular en un solo mes, el diputado frenteamplista Nicolás Lorenzo realizó un pedido de acceso a la información pública para conocer los gastos del gobierno departamental en materia de horas extras y compensaciones. Tras solicitar una prórroga en marzo y llegar a abril sin brindar respuestas, el 18 de mayo dos abogados representantes de la IA entregaron un documento con algunos de los datos requeridos, en el marco de una audiencia judicial.

De acuerdo a lo presentado, en 2020 se gastaron 64.541.996 pesos en horas extras y 17.530.000 pesos en compensaciones. En 2021 los montos fueron de 83.778.675 y 19.364.963 pesos, y en 2022 de 120.701.422 y de 23.409.114 pesos respectivamente, lo que suma más de 8 millones de dólares. En diálogo con la diaria, Lorenzo explicó que las compensaciones corresponden al 20%, 30% y 40% de los sueldos y se otorgan según el grado de horas extras que el funcionario haya cumplido. “Lo que ocurre es que muchos de ellos cobran esa plata, más horas extras” y eso “es incompatible”, especialmente en el caso de quienes perciben las compensaciones más altas, que se dan cuando la persona trabaja de forma exclusiva en la IA.

Aunque en el pedido de acceso a la información lo preguntaron, no se sabe “dónde están esos funcionarios, en qué dependencia y en qué horario cumplen esas horas extras”, así como tampoco se conoce su grado, expresó Lorenzo. El diputado contó que esperan averiguarlo una vez finalizada la investigación que llevará adelante el juzgado letrado competente de Artigas hasta el 17 de julio. A la vez, los ediles del Frente Amplio (FA) presentaron en marzo una denuncia ante Fiscalía por la situación de Stefani Severo –quien además es pareja de Rodolfo Caram, primo hermano del intendente– y el objetivo es que se puedan sumar datos a su proceso.

Según Lorenzo, “molesta el despilfarro” porque en la interna se intuye que quienes reciben estas remuneraciones son personas “de confianza” del intendente de Artigas, Pablo Caram, y su sobrina, la diputada Valentina dos Santos. Algunos de ellos son funcionarios “nuevos” que “pasaron del grado tres al cinco y del cinco al siete en un par de meses”, mientras que hay otros que integran el equipo “hace muchos años” y “no tienen ningún tipo de beneficio” ni ascenso. El diputado también se detuvo en Dos Santos, exdirectora general de la comuna, y dijo que “pasa en el despacho del intendente”, donde desempeña un rol que “no se sabe cuál es”.

Más denuncias

El primero en proponer realizar una denuncia fue el edil colorado Daniel Argañaraz, quien luego de una resolución del Comité Ejecutivo de su partido finalmente no firmó el documento presentado por el FA en marzo. En conversación con la diaria, Argañaraz relató que el Partido Colorado le dio “libertad para poder hacerla”, pero él no la llevó adelante porque “quería tener más cantidad de documentos” para “darle a Fiscalía todo para que se dé cuenta” del estado de la situación.

Ahora, el diputado está preparando una serie de material para denunciar en el mes de julio irregularidades en “varios casos más” que los que presentó el FA. Hasta el momento no lo había hecho porque no tuvo el tiempo suficiente para “elaborar bien el detalle”, pues “son varios los funcionarios que no firman ni ingreso ni egreso de la intendencia, pero sí cobran las horas extras”. Sobre su conocimiento de este accionar, Argañaraz manifestó que ha recibido documentación de “gente que sabe cómo son sus compañeros” y “quiénes trabajan y quiénes no”, además de la obtenida a través de un pedido de acceso a la información pública que solicitó en diciembre de 2022, vinculado a 11 trabajadores. Según lo expresado por el diputado, gracias a esa solicitud supo que las horas extras que facturó Stefani Severo “no son 196 horas como dicen, son 250”.

Por su parte, Marianela Olivera, presidenta del FA en Artigas, mencionó a la diaria que desde que su partido hizo la denuncia “no sucedió nada” y, por lo tanto, están “evaluando hacer una ampliación” de la acusación que sume “algún otro elemento”. A Lorenzo “le dijeron que habían estado de turno y que hubo mucho trabajo en la Fiscalía, de alguna manera intentando justificar por qué no se había movido el expediente”, afirmó. Más allá de las causas, Olivera destacó que su prioridad es que el proceso “se mueva” porque hay “hechos con apariencia delictiva que tienen que esclarecerse” y sobre los que “la ciudadanía tiene derecho a saber”.