Este jueves se desarrolló una actividad sobre la extracción de agua en el área metropolitana y el Proyecto Arazatí, en el hotel Cala di Volpe, organizada por el Instituto Manuel Oribe del Partido Nacional. Participaron Arturo Castagnino, el gerente general de OSE y Raúl Montero, presidente del organismo, quien se refirió a la situación de la crisis hídrica y dijo que las lluvias de los últimos dos días representaron una “tranquilidad” para la emergencia que lleva “unos cuantos días”.
Aunque aclaró que las informaciones con s que contaba en el momento eran “muy precarias”, Montero aseguró que son “bien buenas, auspiciosas”. El presidente de OSE reconoció que este es “uno de los peores momentos en la historia reciente” del organismo y que “la situación que afecta a más de la mitad de la población del país es muy dura”. En ese sentido, destacó la relevancia y pertinencia del Proyecto Arazatí, que está “muy relacionado” a la emergencia.
“Cuando nosotros entramos al directorio de OSE, en abril de 2020, ya estábamos complicados”, afirmó Montero. De acuerdo a sus palabras, en aquel momento había “una inercia de gasto mucho mayor” a la actual y se contaba con agua “para 30, 40 días”, razones que llevaron a “tomar decisiones muy difíciles”, cuyas consecuencias se perciben en la actualidad. Si no se hubiesen tomado, hoy no se le podría dar agua “a toda la gente”, más allá de que tenga “cierta calidad diferente”. Además, Montero destacó que al asumir, sus principales “ideas fuerza” fueron “quitarle fragilidad al abastecimiento de agua potable a todo el sistema metropolitano” y “desarrollar el saneamiento en el interior”, donde “sólo el 50% de la población urbana cuenta con ese servicio”.
“Nos dedicamos a crecer, a llegar a todos. Tal vez dejamos para atrás sustituir, arreglar y, bueno, las cosas no dan para todo”, reflexionó Montero. “Cuando juzgan a OSE con criterios universales, de metrópolis, sale mal parada, pero nosotros tenemos el orgullo de decir que le damos el agua a un ciudadano en Montevideo y también al de pueblito Mouriño”, enunció tras referirse a la situación del interior.
Por otra parte, Castagnino, manifestó que trabajar en Arazatí no implicará abandonar la planta de Aguas Corrientes, “porque va a seguir siendo el pilar y la columna vertebral del sistema para siempre”. “Se ha instalado una especie de dilema de falsa oposición” entre ese proyecto y el de la represa de Casupá, y eso representa un error porque “no tenemos nada que elegir”, planteó Castagnino. “Hay que hacer Arazatí cuanto antes y también hay que hacer Casupá, porque Casupá responde a Aguas Corrientes y Arazatí es la seguridad de todo el sistema”, agregó.
Asimismo, Montero defendió la inversión en la obra, para la que existe una licitación que recibió ofertas de dos consorcios de empresas, y subrayó que cuando se trata de agua potable, se tiene “hasta más derecho” al endeudamiento de las autoridades actuales y de las “que vienen después”, “porque se trata de algo fundamental”. La declaración se relaciona a la obligación de pagar a las empresas 40 millones de dólares por año, sin importar cuánto se use la planta, además de los 200 millones de dólares destinados a su construcción.
“Es claro que no estamos comprando agua. Estamos pagando el derecho a contar con una infraestructura que sea capaz de tomar agua, potabilizarla y enviarla hacia Montevideo”, planteó el presidente de OSE. A quienes consideran que eso violenta el artículo 47 de la Constitución, que establece que el acceso al agua potable es un derecho fundamental, Montero les recordó que “es elemental prever alternativas” para proveer de agua a la población, porque las plantas que hay son insuficientes. La opción que se tomó no es más que la consecuencia de una respuesta estatal: en su momento, el gobierno planteó que “era imposible” financiar una nueva obra “con un aumento de deuda desde el primer momento” y “eso derivó en que se optara por una financiación privada”, resaltó el jerarca.