Poco más de 80 preguntas son las que tiene preparadas el diputado del Frente Amplio (FA), Felipe Carballo, para hacerle al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, durante la interpelación en la Cámara de Representantes este jueves por el proyecto Arazatí.

La idea, según comentó Carballo a la diaria, “es generar esta instancia que va a ser importante para la democracia” pero también para “echar luz sobre un proyecto que tiene muchas dudas”, sobre todo por “la forma de financiamiento”. El 23 de agosto OSE adjudicó el proyecto al Consorcio de Aguas Montevideo, compuesto por varias empresas que harán una primera inversión de unos 300 millones de dólares que, según Carballo, “van a poner no sólo los consorcios, sino los bancos privados, que se van a llevar su parte”.

En tanto, el ente pagará un canon de 50 millones de dólares por 17 años y medio, lo que en total serán más de 800 millones de dólares, “una suma de dinero que va a dejar desfinanciada a OSE”, al tiempo que “este gobierno no va a poner un solo ladrillo para Arazatí y va a quedar para el próximo gobierno”.

“Si la proyección que tienen es que hay que aumentar las tarifas para pagarle a un privado, el modelo de negocios que llevan adelante tiene un montón de inconsistencias”, acotó el diputado, al tiempo que aventuró que “esta licitación tenía nombre y apellido”, observación que van “a fundamentar en la interpelación”.

Carballo recordó que “hace más de un mes que teníamos prevista la interpelación, y una semana antes se hizo la adjudicación”, ante lo cual el legislador se preguntó: “¿Qué miedo tenían?”. Para Carballo, de este modo “se da una señal política de que no importa lo que piense el Parlamento” en lo que entendió que es “un proyecto ilegal e inconstitucional” en el que “todos los costos y los sobrecostos caen en las espaldas del Estado” y se coloca “la carreta delante de los bueyes, porque un proyecto de esta magnitud no tiene los estudios de impacto ambiental”.

Manini: “La adjudicación ya está hecha”

En filas de la coalición las cosas no están totalmente cerradas, porque Cabildo Abierto (CA) se mostró desde un principio reacio a apoyar el proyecto Arazatí. Según explicó a la diaria el senador y líder de CA, Guido Manini Ríos, irán a “escuchar argumentos de una y otra parte”, pero también entienden que “ha habido distintas propuestas”, como “la posibilidad de llevar agua del río Negro al Santa Lucía mediante un acueducto mucho más barato”.

“Tenemos dudas sobre la financiación, si es buena para el país o no tanto”, señaló, pero escucharán “la información” que provea la delegación del Ministerio de Ambiente. Lo que sí puso Manini sobre la mesa fue un proyecto que hoy descansa en la comisión de Hacienda del Senado, que busca establecer una venia de la cámara para los casos en los que el Estado haga una concesión que trascienda un período de gobierno.

“De estar vigente nuestro proyecto hoy, esto de acá ya no sería un hecho consumado como se nos está presentando, sino que tendría que discutirse en el Senado, que tendría que dar una venia”, señaló Manini, en lo que entendió como “una carta a favor del Estado uruguayo”, pero “en forma llamativa ni el FA ni el Partido Nacional mostraron interés en ir adelante con el proyecto”.

Consultado sobre si cree, como aseveró Carballo, que la adjudicación se hizo sin atender las dudas del Parlamento, dijo no poder “especular ni atribuir intenciones”, pero sí que “hay un hecho de que ya está consumado, la adjudicación ya está hecha y es un tema complejo”.

Schipani: “Se viene hablando” de este proyecto “desde los 70”

Por su parte, el diputado del Partido Colorado (PC) Felipe Schipani recordó que “no es la primera interpelación por Arazatí, sino que ya asistió el exministro de Ambiente Adrián Peña, correligionario tanto de Schipani como de Bouvier.

En el PC comparten “completamente el proyecto, que es necesario para el país”, teniendo en cuenta que “experimentamos este año los riesgos que supone tener una sola fuente de agua”, tema que “se viene hablando desde los 70”, aseguró.

Por otra parte, “el debate que refiere al financiamiento es lo que la autoridad económica ha resuelto” y no compete al Ministerio de Ambiente, a entender de Schipani, que consideró la instancia innecesaria “porque [el proyecto] ya fue explicado por Peña, pero el de interpelar es un derecho que tienen las minorías”.

Es una interpelación “para sacar un rédito político”

En el Partido Nacional han “tenido intercambios de información” con las demás bancadas, señaló a la diaria el diputado Álvaro Viviano, quien dijo tener, “en principio, cierta confianza en lo que pueda informar el ministerio” en una interpelación que “se dio en un contexto creado por las circunstancias vinculadas a la sequía y en paralelo a la licitación propiamente dicha”.

Esto “generó un contexto propicio para sacar eventualmente de esa situación un rédito político”, pero luego, “normalizado el tema del agua, el centro pasa a ser el proyecto Arazatí” y “el gobierno ya ha ahondado bastante respecto de este proceso”, a entender de Viviano.

De los intercambios con las otras bancadas oficialistas el diputado extrae que “al finalizar la interpelación” se respaldará al ministro, más allá de que “CA ha hecho planteos” que “van en dirección a una preocupación institucional y no a la gestión del ministerio, que es hacia donde está enfocada la interpelación de mañana”.