Un exsoldado brindó información sobre presuntos enterramientos de víctimas de la dictadura en el interior del país, según reveló recientemente un sacerdote católico al cardenal Daniel Sturla. En diálogo con El País, Sturla explicó que la información no es “demasiado precisa”, pero fue entregada a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y desde allí el material fue derivado a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), que ya comenzó a analizarlo.
Este aporte es parte de una iniciativa impulsada desde agosto por la iglesia católica, que invita a cualquier persona a proporcionar información sobre posibles lugares de enterramiento de desaparecidos. El proyecto cuenta con el apoyo de los obispos uruguayos, quienes aseguraron que toda información recibida será trasladada a las autoridades competentes.
En su lanzamiento, el presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, Arturo Fajardo, destacó la importancia de esta iniciativa. Por su parte, Sturla explicó que la confianza en los sacerdotes permite a las personas acercar datos sensibles, los cuales son sistematizados y entregados a las instituciones encargadas de la búsqueda.
Wilder Tayler, director de la INDDHH, dijo al mismo medio que los resultados preliminares de esta propuesta son importantes y valoró el esfuerzo conjunto entre las organizaciones de derechos humanos y la iglesia.
El proyecto, denominado “La verdad nos hará libres”, es liderado por el Observatorio del Sur, un centro que trabaja desde una perspectiva cristiana. Nelson Villarreal, uno de sus referentes, señaló que la iniciativa también captó el interés de la futura ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, quien se comprometió a avanzar en las políticas de búsqueda de desaparecidos durante su gestión.
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Este avance ocurre en un contexto de tensión política dentro del Frente Amplio y las organizaciones por la memoria, tras declaraciones de la exvicepresidenta Lucía Topolansky, quien afirmó que algunos testimonios ante la Justicia habrían sido falsos para condenar a militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.