El Congreso de Intendentes de este jueves fue el primero en realizarse luego de la entrada en vigencia de lo establecido en la última ley de Rendición de Cuentas, que definió que “no se podrá exigir ni condicionar el pago de ningún tributo en forma previa o simultánea al pago de deudas generadas por multas de tránsito”. Esto, si bien entró en vigencia el 1º de enero, se incumplió durante algunos días del año, lo que generó críticas de legisladores nacionalistas, hasta que la dirección del Sucive resolvió plegarse a lo dispuesto en la norma.
De acuerdo a lo presentado en el Congreso de Intendentes, de los titulares que pagaron la patente este año, alrededor de 90.000 tenían multas. De ese total, 71.000 también se pusieron al día con sus multas al momento de abonar la patente, mientras que 20.000 no lo hicieron. Las multas no pagadas, a pesar del depósito de la patente, fueron cercanas a 40.000.
Pedro Apezteguía, consejero político por el Frente Amplio (FA) en el Congreso de Intendentes, dijo a la diaria que los datos conocidos este jueves muestran “cuáles fueron los efectos de estas medidas que promovieron algunos senadores”. Para el exdirector de Descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el nuevo marco legal deja “muy complicadas a las intendencias”, ya que ahora no pueden “tener un mecanismo para hacer que se paguen las multas”.
Para Apezteguía, la legislación vigente “se está metiendo en la administración de un tributo departamental” como es la patente, algo que se sostiene a nivel constitucional. En esto es que se basa la acción de lesión de autonomía que se presentará ante la Suprema Corte de Justicia y que se anunció este jueves.
Pero además de entender la establecido en la Rendición de Cuentas como inconstitucional, el consejero del Congreso de Intendentes entiende que se trata de una legislación “mala” y que lleva a “destruir el sistema de seguridad vial”, ya que es necesario “fiscalizar” para mantener el control sobre “un pequeño grupo de gente que es infractora”. El FA no acompañó la resolución en el Sucive, cuando se discutió el tema a principios de enero, bajo estos mismos argumentos.