Con el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Isaac Alfie a su derecha y el expresidente del Banco Central Julio de Brun a su izquierda, el precandidato del Partido Colorado (PC) Gabriel Gurméndez prometió la semana pasada “volcar directamente al bolsillo de los uruguayos la mitad de los ahorros que logremos en las cuentas públicas, reduciendo impuestos por 500 millones de dólares” en el impuesto de asistencia a la seguridad social (IASS) y el impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF). El expresidente de Antel sostuvo que “hay una cantidad de uruguayos, trabajadores y gente joven que sienten que, a pesar de su esfuerzo, el impuesto al trabajo no les permite salir adelante”.
Casi de inmediato, el también aspirante colorado Gustavo Zubía planteó que los seis precandidatos del PC asuman formalmente el compromiso de eliminar el IASS y el IRPF, aunque en diálogo con la diaria puntualizó que se trata de una “aspiración”, porque “hay que ser racional”. Afirmó que “en este momento hay una clase media que ha sido torpedeada” por ambos impuestos.
A mitad del año pasado, cuando los integrantes de la coalición de gobierno discutían la reforma jubilatoria, el PC condicionó su voto a bajar de 10% a 8% el gravamen de la primera franja del IASS en 2024 y a 6% en 2025, algo que el Poder Ejecutivo terminó aceptando. De este modo, el oficialismo acordó una segunda rebaja impositiva, ya que en marzo de 2023 el presidente Luis Lacalle Pou había anunciado un “alivio tributario” en el IASS y el IRPF.
Cautela en el resto de los precandidatos colorados
Consultado este miércoles por la diaria, en el marco de un acto en San Carlos, el precandidato colorado Robert Silva sostuvo que “nadie puede estar en contra de tener menos impuestos”, pero “en la vida hay que ser realista”. “Sé que no puedo eliminar impuestos, aunque puedo trabajar para mejorar las deducciones y priorizar quién paga impuesto y quién no. Pero el Estado necesita de los elementos de recaudación, obviamente siendo más eficiente y mejorando su gestión”, expresó. Con todo, señaló que “hay que dar una señal a la llamada clase media”.
Para la diputada María Eugenia Roselló, que apoya la precandidatura de Silva, este tipo de propuestas deben analizarse “meticulosamente” para evitar “prometerles cosas a las personas que después en la práctica no pueden suceder”. En el caso del IRPF, dijo a la diaria que “derogarlo va a ser casi imposible”, si bien señaló que “en el mediano o corto plazo” podría darse una rebaja “paulatina y gradual” que ayude a “descomprimir un poco a la clase media uruguaya, que ha sido tan afectada en estos últimos años”. Afirmó que “sin duda no hay margen para aumentar impuestos”.
Por su parte, Tabaré Viera, otro de los precandidatos del PC, dijo a la diaria que antes de eliminar el IASS “hay que ver cuál es la fuente de financiamiento”, porque “si para quitar el IASS vamos a poner otro impuesto, bueno, eso también hay que analizarlo”. Afirmó que, en primer lugar, es preciso analizar “cómo se comporta la economía” y “qué políticas podemos desarrollar desde el gobierno” para entonces promover más desarrollo, más recaudación y “más espacio fiscal”.
“Ahora estamos comprometidos con la corrección del manejo macroeconómico; mientras tengamos un déficit importante no es fácil hacer un espacio fiscal para bajar impuestos”, expresó Viera. Se trata, sostuvo, de un tema en el que “los gobiernos de cualquier signo tienen claro que no se puede jugar”; “basta con mirar al lado para ver a dónde se puede llegar”. No obstante, aseguró que el PC “está comprometido” con la eliminación gradual del IASS, así como con la disminución paulatina del IRPF.
En tanto, el precandidato colorado Guzmán Acosta y Lara dijo a la diaria estar dispuesto a respaldar el planteo de Zubía en cuanto al IASS. “Filosóficamente estoy en contra de que los jubilados estén pagando un impuesto”, expresó; y afirmó que la eliminación del IASS “se puede hacer en el próximo período de gobierno”, a diferencia del IRPF, cuya eliminación en el mediano plazo “es imposible”, pese a que es “un impuesto regresivo” que “va contra el trabajo”.
El IRPF alcanza a 30% de los trabajadores y el IASS a 25% de los jubilados
Actualmente pagan IRPF quienes ganan más de 43.240 pesos, aproximadamente 30% de los trabajadores, y el IASS alcanza a aquellos que cobran más de 55.590 pesos, cerca de 25% de los jubilados. Según datos de la Dirección General Impositiva, el IRPF recaudó 111.091 millones de pesos en 2023, lo que supuso 18% de la recaudación total; mientras que el IASS recaudó 15.328 millones de pesos, 2,5% del total. Por lejos, el impuesto que más aportó al Estado fue el IVA, con 340.043 millones de pesos y 55,7% del total.
Para Viera, no obstante, “no se trata de minorías o mayorías”, sino de analizar si la carga tributaria “es más justa o menos justa”. En el caso del IRPF, afirmó que “es un impuesto al trabajo y no un impuesto a la renta”. En cuanto al IASS, sostuvo que es “mucho más” injusto, ya que lo paga “gente que trabajó, que aportó y que llegó a una jubilación con su trabajo”.
Consultada al respecto, Roselló sostuvo que “una cosa no quita la otra”, es decir, que sólo 30% de los trabajadores pague IRPF “no quiere decir que el impuesto no sea injusto”. “Hay un grupo de trabajadores, que es la clase media, que no tiene mucho dinero ni tampoco recibe ayuda del Estado, que es impactado por ese impuesto. Soy una convencida de que el IRPF ha sido un impuesto más que injusto para la clase trabajadora”, manifestó.
Zubía señaló que, desde una “filosofía liberal”, el Estado “no debe quitar dinero ni aun a los más favorecidos”, dado que “los más favorecidos [son quienes] particularmente generan empresas, trabajo y desarrollo”.
Es inconveniente y “un error”, según expertos
Para Gonzalo Zunino, director del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), nuevas rebajas en el IRPF y el IASS serían “un error”, dado que “Uruguay no tiene una carga tributaria tan alta en impuestos directos, que es la parte más progresiva de los impuestos”. En diálogo con la diaria, sostuvo que cualquier disminución de ambos impuestos fortalecería “el carácter regresivo de la estructura tributaria”. Afirmó que “para el nivel de desarrollo que tiene, Uruguay tiene una presión fiscal adecuada”, mientras que al mismo tiempo tiene “enormes desafíos en materia de servicios públicos”.
Asimismo, Zunino consideró “muy poco viable” el prometido ahorro de 500 millones de dólares en el Estado. Apuntó que “gran parte del gasto público es básicamente endógeno, vinculado a pasividades que no se pueden tocar”. Por otra parte, agregó que actualmente Uruguay “tiene una posición fiscal delicada para estar pensando en una reducción impositiva”.
En diálogo con la diaria, el economista de CPA Ferrere Nicolás Cichevski coincidió en que “hoy la situación fiscal, en piloto automático, no deja margen para reducir impuestos sin antes reducir el gasto” del Estado. Y para esto último, sostuvo, hay que tener en cuenta “qué tan viable es políticamente reducir el gasto de forma permanente”. A modo de ejemplo, mencionó el caso del sector pórtland de Ancap. “Es complicado reducir en forma estructural el tamaño del Estado”, manifestó.
Pero incluso si hubiese una reducción del gasto suficiente como para disminuir impuestos, Cichevski dijo que “es válida la pregunta de si eso se traslada a menos impuestos o gastar mejor en otras áreas”. Señaló que esos recursos podrían destinarse a “combatir la pobreza estructural en la primera infancia”, “la reforma educativa” o “gastos en el sistema de salud”. Por eso, si bien señaló que “no está mal plantear bajar la carga impositiva” en Uruguay, consideró que en este momento “no es conveniente” dado que “hay áreas donde es necesario fortalecer el gasto”.