El futuro ministro de Ambiente entiende que los cambios propuestos para el proyecto Neptuno no son sustanciales y reafirma sus críticas

“Son dos o tres aspectos que cambiarían” y “veremos qué es lo que nos dicen nuestros asesores técnicos de si realmente eso cubre o no cubre las expectativas”, dijo el viernes el presidente electo, Yamandú Orsi, sobre las modificaciones planteadas por el actual gobierno y el Consorcio Aguas de Montevideo al proyecto de construcción de una nueva planta potabilizadora de agua en Arazatí, San José, el jueves, en una reunión en la Torre Ejecutiva.

En ese encuentro, Alejandro Ruibal, representante del conglomerado de empresas que impulsan la iniciativa, les presentó a las futuras autoridades posibles cambios al proyecto para tener un mayor respaldo y avanzar en la firma del contrato y el comienzo de las obras. Eliminar o reducir el pólder, sustituirlo por una reserva de agua dulce y el “esbozo” de la posibilidad de generar una nueva toma de agua hacia el oeste de donde está planteado hoy el proyecto fueron las alternativas planteadas, según supo la diaria.

En el gobierno entrante quedaron en analizar las modificaciones para definir si con ellas se subsanan sus reparos frente al proyecto, sobre todo aquellos vinculados a la ubicación, por la salinidad del agua en esa zona del Río de la Plata, a los detalles del diseño –como el pólder–, el costo final del proyecto y las resoluciones que están pendientes en la Justicia y en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El próximo ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, se expresó en diálogo con la diaria sobre las modificaciones planteadas y aseguró que están relacionadas a “solamente uno de los temas” en cuestión, que es el diseño. Por tanto, y “a nivel personal”, consideró que lo que se presentó “no supone un cambio sustancial al proyecto” ni tampoco a la “situación crítica de desfinanciamiento” que la iniciativa “provocaría” en OSE, “afectando sus posibilidades para prestar adecuadamente sus servicios” y para construir “obras imprescindibles, como la represa en Casupá”, Florida, que es una “prioridad” para el Frente Amplio y un “compromiso” del gobierno electo, enfatizó.

El jerarca reiteró la posición que ha tenido con respecto al proyecto desde que fue director por la oposición en OSE, una visión crítica que no recae sólo en el pólder, sino también en el modelo de negocio planteado, que obligaría a OSE a pagar entre 50 y 57 millones de dólares por año por el “pago por disponibilidad”, y el modelo de gestión, que establece que OSE se encargue de la operación de la planta, pero el consorcio de la toma del agua en el Río de la Plata.

Buena parte de la discusión sobre estos modelos tiene su correlato en las causas judiciales y administrativas que están en curso, lo que se suma a los cuestionamientos ambientales impulsados por organizaciones sociales que impulsan una recusación contra la autorización ambiental previa que otorgó el Ministerio de Ambiente a principios de diciembre.

“Ese modelo de funcionamiento supone una gestión pública y privada. Pública porque OSE opera la planta, pero privada porque el privado opera la toma de agua, la etapa inicial del proceso, que la Constitución dice que debe ser un servicio público”, remarcó Ortuño.

Sobre cómo sigue el proceso, Ortuño señaló que las modificaciones fueron presentadas por los representantes de las empresas de forma “verbal”, pero el gobierno electo solicitó que sean presentadas por escrito, por lo que ahora resta esperar por esa respuesta, así como conocer “la postura del gobierno actual sobre el resto de los temas”.

El gobierno entrante solicitó que todas estas posibilidades de cambio estén respaldadas con informes técnicos para saber si levantan las observaciones planteadas. Ese análisis determinará la posición del futuro Ejecutivo, que quiere tomarse el “tiempo” y la “seriedad que requiere todo esto” para tomar una postura, dijo Ortuño. “Escuchando la opinión de quienes vienen siguiendo el tema, y con todos esos insumos, y nuestra opinión”, se informará “al presidente electo, que es el que decide”, indicó el exsenador.

En la reunión no se establecieron plazos, y el propio Alejandro Sánchez, próximo secretario de Presidencia, dijo a la salida del encuentro que la firma del contrato “no se puede hacer a la carrera” y que el país “necesita tener un buen diálogo y una buena discusión sobre las infraestructuras”.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ha reiterado que su intención es firmar el contrato durante este período de gobierno, y en la reunión no se estableció como condicionante la supuesta postura a favor del gobierno electo ante las modificaciones para llevar a cabo la firma. “Ya está tomada”, dijo el mandatario el 6 de enero sobre la decisión de firmar, aunque anunció que buscaría “llegar a un acuerdo” con las próximas autoridades.

De todos modos, el gobierno electo tiene la definición de que la decisión final sobre este proyecto la tiene la actual administración. “Lo que nosotros estamos tratando de transmitir también, más allá de nuestra opinión, es que nosotros somos gobierno a partir del 1° de marzo, no antes. Porque parte de esta estrategia del gobierno es decir ‘decisiones compartidas’. No hay decisiones compartidas. [...] Nuestra visión es crítica del proyecto, pero nosotros hoy no tenemos poder de decisión”, declaró Sánchez en una entrevista con la diaria en diciembre.

Mientras esperan más información de la actual administración, las futuras autoridades se reunirán esta semana con una delegación de las 150 organizaciones sociales contrarias al proyecto, que el jueves se movilizaron en la plaza Independencia.