El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, estuvo en la diaria Radio para repasar varios de temas que hacen a la actualidad de su fuerza política. Uno de ellos remite a la situación del senador colorado Andrés Ojeda y la posible violación a la Constitución por su actuación como abogado ante la Fiscalía General de la Nación (FGN), puesto que, aunque para él “está liquidado”, el martes la bancada del Senado del FA se reunió con sus autoridades políticas para avanzar al respecto: “La acción de Ojeda es inconstitucional para siete distintos abogados del FA; dos que han presentado informes escritos y otros que hemos consultado”, adelantó Pereira.

“Hemos dejado todos los caminos abiertos para discutirlos a la luz de otros informes que hemos pedido a constitucionalistas muy prestigiosos de Uruguay”, acotó, sin revelar sus nombres. También se refirió a la “presión” sobre el constitucionalista José Korzeniak, una “eminencia” en derecho constitucional, y dijo que “ha sido violenta, desmedida y poco criteriosa”, por lo que prevén que “quienes presenten informes lo puedan hacer sin presión de ningún tipo”.

La recomendación contenida en el informe de Korzeniak es la destitución por mayoría simple en el Senado. Para Pereira, la medida no se descarta, pero “no es el mecanismo que hoy nos gustaría utilizar”, sino que pretenden “ver si hay otros”, por “nuestros criterios y el cuidado que queremos tener de los legisladores electos, incluso cuando ellos no lo han tenido con el nuestro”; como en los casos de los exlegisladores Daniel Placeres y Charles Carrera, que referenció.

“Nosotros no estamos dispuestos hoy a tomar ese camino. No lo descartamos, pero no es el camino que priorizamos. Sí queremos encontrar, con nuestros principales asesores, cuál es la medida que imposibilite que una persona violente la Constitución y haga de cuenta que no pasó nada, se burle e intente generar erosiones en una fuerza política que tiene una posición unánime. Ayer ni un solo senador planteó una duda”, acotó Pereira.

Según el presidente del FA, la decisión se tomará después del receso y el tema “no es el más importante de los uruguayos”, pero la Constitución de la República representa “las dos líneas amarillas que nos dice en la vida por dónde tenemos que transitar” y que haya “ciudadanos A y ciudadanos B” no es “la idea que tiene el FA”: “Ojeda debería ser más reflexivo, más humilde y racionalizar sus dichos, que por momentos son hirientes y agresivos hacia la fuerza política no sólo que gobierna, sino que es la más votada hace 25 años”, aseveró.

“¿Cuál es el apuro que nosotros tenemos? Ninguno. Porque lo que hay que hacer es actuar bien. Ahora, plantear que está cerrado el tema cuando la mayoría en el Senado la tiene el FA es un poco arrogante”, puntualizó. En palabras de Pereira, la militancia frentista no comparte su posición “más moderada”, que implica “encontrar un camino que inhiba poder hacerlo en el futuro” y que no sea “el fin de la acción parlamentaria de Ojeda”. Piden aplicar lo recomendado por Korzeniak, algo que “ni siquiera es una sanción”, sino que “optó por el trabajo de abogado, que está inhibido, con lo cual tomó una opción laboral y por eso pierde la banca”. “Respetamos mucho la opinión de la gente, pero también queremos ser sólidos en nuestra historia [que] nos indica que siempre hay que hacer lo correcto, no lo oportuno”, subrayó.

Impuesto al 1% y el caso Cardama

Por otro lado, el jerarca del FA se refirió a la propuesta que impulsa el PIT-CNT para crear una sobretasa al IPPF que grave al 1% más rico del país con el objetivo de obtener recursos para combatir la pobreza infantil. Dijo que “todos comparten” la causa y que “hay que tener recursos y capacidad de ejecución de políticas públicas” que permitan abatirla. En ese sentido, dijo que la propuesta “es seria”, técnicamente “muy fundada” y que la “imagina presente” en el debate programático del FA de cara a 2029, así como “el IVA personalizado”, que, al igual que la propuesta del PIT-CNT, tiene “complejidades enormes”.

“Este instrumento es un instrumento que hay que analizar y estudiar. Una sociedad no puede estar discutiendo los cinco años de impuestos, tiene que ejecutar las políticas públicas que votó el presupuesto. En el presupuesto, el FA decidió gravar a los que más tenían a través de readecuaciones tributarias”, consignó, al tiempo que adelantó que, a raíz de esas modificaciones, “va a tener una recaudación importante”.

En el mismo eje, no tomó partido sobre los dichos del titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, pero aclaró que “para nada” quiere decir que “no se pueda aplicar en otra etapa” de la vida política del FA, porque “no termina cuando termina el gobierno de Orsi”. Pereira entiende que debe “trabajar para encontrar un mecanismo interno dentro del FA que nos permita generar mayor justicia tributaria”: “Convoqué a la unidad temática de economía para que elaboraran un informe sobre las distintas posibilidades de mejorar la justicia tributaria. Ya hicieron un primer informe, van a hacer un segundo en marzo y un tercero en abril”, acotó.

También se pronunció sobre el conflicto por el contrato firmado con el astillero vigués Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas, que el oficialismo cuestionó y derivó en una interpelación a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, en la cámara alta. Para el presidente del FA, la instancia parlamentaria fue “de una pobreza increíble” y el senador del Partido Nacional Javier García “mintió”, porque acusó presiones políticas en Abitab y la afirmación “quedó desbaratada debido a que uno de los dueños dijo que nunca pasó”.

“El asesor de García en este tema es Cardama. Yo nunca vi a nadie ponerse del lado de la empresa cuando hay un conflicto con el Estado. Lo que no hay duda es que la garantía no sólo fue turbia, fue una joda. Los uruguayos entendemos bien lo que es una joda”, afirmó. Para Pereira, dado que “ya ahí colocamos cerca de 30 millones de dólares”, hay que “ir hacia la rescisión, pero cumpliendo todos los pasos del contrato”, y eso es tener “sobriedad” para gobernar, por lo que “terminará cuando termine”. “Es obvio que por este camino va a ser muy difícil tener una patrullera. Es obvio que en junio de 2024 no la entregaron, es obvio que en junio de 2025 no la entregaron y parece obvio que en junio de 2026 no la van a entregar”, listó. En ese sentido, Pereira dijo que “para nada” descartan conformar una Comisión Investigadora a nivel parlamentario y lo analizarán, ya que “pasaron cosas que alguien tiene que explicar”.

Prisión domiciliaria para represores

Tras conocerse que el presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió en junio con el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, respecto de la situación de los militares represores presos en la Unidad 8, el tema volvió a la palestra pública y tanto el senador colorado Pedro Bordaberry como el diputado nacionalista Rodrigo Goñi presentaron proyectos de ley para dar prisión domiciliaria según determinados requisitos.

Pereira entiende que Orsi no se equivocó al reunirse porque “tiene una posición clara sobre el tema de los derechos humanos” que data de su papel como titular y secretario general de la Intendencia de Canelones. “Orsi tiene una posición comprometida con los familiares de detenidos desaparecidos. Se paró en la marcha presidencial para bajar a saludarlos y ya tuvo una reunión con ellos. Tiene un compromiso con la verdad, la memoria, la justicia y el ‘nunca más terrorismo de Estado’”, subrayó.

Concretamente sobre el encuentro entre Orsi y Pérez, dijo que “es discutible”, pero entendió “que esa era la mejor manera” para el mandatario. El presidente de la SCJ le dijo que “tienen que gestionar cada caso en cada juzgado y cada juzgado resuelve”, algo que es “lo mejor que puede pasar”, por lo que “no hay que construir ningún proyecto de ley”. “Parece que estuviéramos hablando de angelitos que están privados de libertad no se sabe ni por qué, y están privados de libertad por atrocidades contra uruguayos militantes, fundamentalmente de la izquierda. ¿Es rencor, es venganza? No, es justicia [...]. Si un juez resuelve que la situación sanitaria de un preso común o de un preso que esté en Domingo Arena es pertinente darle prisión domiciliaria, se la va a dar, y si no lo entiende, no va a ser ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo el que construya ciudadanos de clase A y de clase B”, concluyó.