Con diferencias previamente marcadas, los legisladores frenteamplistas, nacionalistas y colorados que integran la Comisión Permanente –que funciona durante el receso legislativo– discutieron este miércoles, con carácter de grave y urgente, la posibilidad de aprobar una declaración conjunta sobre la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El debate lo abrió el diputado del Frente Amplio (FA) Federico Preve, quien sostuvo que lo ocurrido en territorio venezolano el sábado 3 de enero “no es para nada un hecho aislado, ni una medida humanitaria, ni un gesto democrático y, mucho menos, un episodio menor”. Dijo que se trata de “la reaparición de una lógica que América Latina conoce bastante bien”, esto es, “la imposición de la fuerza de una potencia externa para definir los destinos políticos de nuestros países soberanos”.

“No hay que ser especialista en política internacional ni analista de geopolítica, porque la propia administración [del presidente estadounidense, Donald] Trump, en su documento de Estrategia de Seguridad Nacional, afirma sin tapujos que ‘Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger nuestro territorio nacional y nuestro acceso a geografías clave en toda la región’”, leyó el diputado del FA en sala.

Por su parte, el diputado del Partido Nacional (PN) Juan Martín Rodríguez –quien marcó el tono de las posteriores intervenciones de sus correligionarios– sostuvo que “hablar de Venezuela y caer en el facilismo únicamente de referirse a los acontecimientos de los últimos días evidencia el sesgo que el gobierno pretende darle a esta discusión”.

Rodríguez dijo que en Venezuela “hasta hoy persisten casi 1.000 presos políticos”, y que en los últimos años se ha registrado “la muerte de más de 300 venezolanos en protestas”. También mencionó “el exilio de ocho millones de venezolanos”; “al pueblo venezolano le han quitado todo. Le han robado el futuro, le han robado sus propiedades, le han robado su dignidad”, afirmó.

Asimismo, el diputado del PN dijo que actualmente “sigue existiendo un régimen”, dado que “lo que cayó fue un dictador y no el régimen”. “Sigue habiendo presos políticos porque sigue habiendo persecuciones y detenciones arbitrarias, basta con ver los portales de noticias”, expresó.

Rodríguez reafirmó la posición de su partido de condenar “todas las intervenciones”, ya que “el principio de no intervención y no injerencia son premisas que están grabadas a fuego, porque para Uruguay el derecho internacional tiene que ser, si no la más, una de las más importantes defensas contra los gigantes”. De todos modos, puntualizó que “jamás puede interpretarse” ese principio como “indiferencia”. En ese sentido, dijo que el PN “nunca fue indiferente” con la situación en Venezuela, y señaló que “eran otros los que callaban y optaban por el silencio cómplice”.

Bordaberry: “Es una situación extrema en la cual el derecho internacional no le ha encontrado solución”

A su turno, el senador del Partido Colorado (PC) Pedro Bordaberry aseguró que en el sistema político uruguayo hay consenso en cuanto a que Maduro “no es ni era el presidente de Venezuela”. “Esto no lo digo yo, esto no lo dice solamente el gobierno anterior del doctor [Luis] Lacalle Pou, [sino que] esto lo dicen [el presidente] Yamandú Orsi y [el canciller] Mario Lubetkin. Lo dijeron apenas asumieron y lo ratificaron”, manifestó.

“Maduro es un dictador, lo dice Lacalle Pou, lo dice Orsi, lo dice Lubetkin, lo decimos todos”, recalcó Bordaberry, y mencionó que actualmente el gobierno uruguayo no tiene un embajador en Venezuela. “No hay relaciones diplomáticas porque no hay en Caracas un gobierno reconocido por Uruguay”, resaltó. Para el senador del PC, Maduro “es un particular que detentaba un poder de facto, sin inmunidades y sin legitimidad, y según acusaciones públicas muy serias, es un individuo sobre el cual pesan cargos gravísimos”.

Si bien puntualizó que, a su juicio, “hay que defender” el principio de no intervención, Bordaberry también señaló que dicho principio “siempre está en crisis”. “¿Cómo hacemos para hacer valer una requisitoria de la justicia penal contra un delincuente, un reo, un narcotraficante, como Nicolás Maduro, si él mismo es el que se tendría que autootorgar la extradición? Nunca lo iba a hacer”, aseveró. “Es una situación extrema en la cual el derecho internacional no le ha encontrado solución”, agregó.

Antes de finalizar, el senador colorado citó un fragmento de la novela Doña Bárbara del escritor venezolano Rómulo Gallegos, y finalizó con un enérgico grito mientras sostenía los puños a la altura de la cabeza: “¡Viva Venezuela libre!”.

Luego de la intervención de Bordaberry, la diputada del FA Ana Olivera recogió el guante y expresó que “no tenía la menor idea” de que durante el debate de este miércoles “podía llegar a justificarse la intervención” militar de Estados Unidos en Venezuela. “Yo creo que aquí el problema no son los sistemas jurídicos. Yo creo que no hay nada que pueda justificar lo que está sucediendo, que no es solamente la intervención que se desarrolló el 3 de enero en Venezuela”, señaló.

En respuesta a la intervención de Rodríguez, Olivera sostuvo que “no es un facilismo” centrarse en lo que pasó durante el pasado fin de semana, ya que la agresión militar estadounidense a Venezuela fue “la ratificación de algo que se venía anunciando que iba a suceder y que puede seguir sucediendo”. “Basta leer la Estrategia de Seguridad Nacional”, afirmó.

Borbonet: “La discusión es si estamos de acuerdo en avalar o no una invasión de un país a otro”

Luego de Olivera, intervino en la discusión el senador del PN Sebastián da Silva, quien protagonizó un ida y vuelta con la presidenta de la Comisión Permanente, la senadora del FA Bettiana Díaz, quien consideró que el legislador de la oposición no se estaba dirigiendo formalmente a la mesa como establece el reglamento del Parlamento.

Da Silva enfocó su discurso en la posición que ha tenido el FA en el último tiempo con relación a la situación política en Venezuela. En ese marco, dijo que los principios de no intervención y de la autodeterminación de los pueblos son doctrinas “blancas y herreristas”, mientras que, por otro lado, se pregona la “doctrina de las amistades ideológicas en política exterior”.

“La doctrina en política exterior es la afinidad ideológica, pero cuando vienen estas caídas, que son terribles, dejan un tendal de heridos”, afirmó Da Silva, en referencia al FA. “Cuando se abra esa caja de Pandora, ahí vamos a saber las verdaderas razones por las cuales los frentistas no piden perdón por haber apañado, avalado, promovido al régimen chavista y madurista. Esa es la única verdad, y esa verdad verdadera, llena de dólares, es uno de los cánceres de la llamada ‘nuestra América Latina’”, manifestó el legislador nacionalista.

Por su parte, el senador del FA Daniel Borbonet señaló que el actual gobierno uruguayo no reconoció a Maduro como presidente tras las últimas elecciones nacionales en Venezuela, y apuntó que a Maduro “tampoco lo aceptó en el Mercosur”. “Ayer en la OEA [Organización de los Estados Americanos] nuestro delegado [Edison] Lanza fue muy claro y categórico en la posición del gobierno nuestro con el gobierno de Venezuela”, destacó.

Entre otras cosas, Lanza denunció que hubo “una flagrante violación del derecho internacional y de los principios básicos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA” en el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, y abogó por “una transición política pacífica que restablezca la democracia” en el país sudamericano y que incluya “la libertad de todos los presos políticos”.

Borbonet sostuvo que la sesión de este miércoles no había sido convocado para “discutir sobre ese tema” (el vínculo del gobierno uruguayo con Maduro), sino para pronunciarse sobre “algo que es grave y que nos tendría que encontrar unidos en nuestro país a todos los parlamentarios, por la gravedad de lo que sucedió”. “La discusión es si estamos de acuerdo en avalar o no -independientemente del país- una invasión de un país a otro y que se rapte, porque no fue una captura: se raptó a Maduro y a su esposa”, afirmó el senador frenteamplista.

Posteriormente, el diputado del PN Pablo Abdala cuestionó la postura del gobierno uruguayo, emitida durante el fin de semana. Para Abdala, se trata de una posición “renga” y “hemipléjica”. El sábado, horas después de la agresión militar a Venezuela ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, Orsi rechazó la “intervención militar” y abogó por la “búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana”. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en tanto, rechazó “la intervención militar de un país en territorio de otro” y reafirmó “la importancia de respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”.

Posteriormente, el gobierno uruguayo suscribió una declaración conjunta de Brasil, Colombia, Chile, México y España en la que, entre otras cosas, se expresa preocupación frente a “cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos”, algo que “resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región”.

Para Abdala, Orsi “encontró la excusa perfecta” al condenar la intervención militar estadounidense pero sin “condenar lo que siempre debió condenarse y debe seguirse condenando, que es la circunstancia de que Venezuela está sometida a un régimen oprobioso dictatorial y que claramente viola de forma sistemática los derechos humanos”.

No hubo consenso entre el oficialismo y la oposición

Si bien en lo previo el objetivo era acordar y aprobar una declaración conjunta, tras un cuarto intermedio para acercar posiciones con la oposición, Borbonet anunció en sala: “Estuvimos cerca, [pero] no salió”.

Así, el Parlamento aprobó este miércoles una declaración elaborada por el FA, únicamente con los votos del oficialismo (seis en 11). El texto tiene cinco puntos. En primer lugar, se rechaza “la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela” y se reafirma “la importancia de respetar el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”. En segundo lugar, se reafirma “el carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas nucleares, en consonancia con la posición de consenso de nuestra región”. En el tercer punto se exhorta al “cese de las intervenciones militares y políticas en América Latina, reafirmando su condición de zona de paz”. En la declaración también se hizo un llamado a la comunidad internacional a “garantizar que el pueblo venezolano pueda ejercer su voluntad libre y soberana, sin injerencia extranjera”. Por último, se exhorta a “la promoción de gestiones diplomáticas y multilaterales, especialmente en el marco de la ONU y otros foros internacionales, que favorezcan el diálogo, la paz y el respeto a la autodeterminación del pueblo venezolano”.

En este caso, el texto presentado por el FA y aprobado en el Parlamento no incluyó ninguna mención a “una transición política pacífica que restablezca la democracia” ni tampoco a “la libertad de todos los presos políticos”, como sí lo hizo este martes el representante uruguayo en la sesión del Consejo Permanente de la OEA.

La declaración propuesta por la oposición

Por su parte, la Coalición Republicana, junto con Cabildo Abierto, presentó una declaración alternativa, que fue rechazada en el plenario este miércoles por el oficialismo. Sobre la adhesión de su partido al texto del PN, el PC y el Partido Independiente, el diputado cabildante Álvaro Perrone dijo a la diaria que se trata de un respaldo “en este caso puntual por este tema”, en el que entienden que “no pueden existir dos visiones”.

El texto de la oposición tenía seis puntos. El primero expresaba la “más absoluta condena al régimen dictatorial venezolano, sostenido durante años de manera ilegítima, apelando a la persecución, a la represión y a la encarcelación sistemática de la disidencia, a la violación contumaz de los derechos humanos, al fraude electoral y al terrorismo de Estado”.

En ese marco, la Coalición Republicana manifestó, en segundo lugar, que “la caída del dictador Nicolás Maduro, no así la de un régimen que mantiene su ilegitimidad, debería implicar el inicio de un proceso que devuelva a Venezuela una sociedad libre, plural y democrática”, algo que, en principio, no es una prioridad para Trump. Para la oposición, debería respetarse el “pronunciamiento popular del 28 de julio de 2024”, en el que el pueblo venezolano “eligió a Edmundo González Urrutia como su presidente”.

Por otra parte, en la declaración de la Coalición Republicana se sostiene que el derecho internacional, así como los organismos internacionales, ha “fracasado” en asegurar tanto “la protección de los derechos humanos” como “el cumplimiento de las normas penales y el sometimiento de los delincuentes a la Justicia”. “Alertamos del fracaso del derecho internacional en el enfrentamiento a las organizaciones delictivas transnacionales y la necesidad de adoptar normas que, en aplicación del principio de no intervención, que reafirmamos y que impide la injerencia de un Estado en otro, permitan la detención de integrantes de organizaciones terroristas y narcotraficantes que se escudan en naciones y gobiernos para delinquir y no responder ante la Justicia”, se expresa.

Asimismo, en el texto se señala que “los amigos ideológicos del chavismo y de Maduro”, ya sean “locales, regionales y mundiales”, se transformaron en “meros cómplices silenciosos de un régimen oprobioso y opresor de su pueblo”.

En otro punto, la oposición manifiesta que no justifica “injerencia extranjera alguna” y remarca que “los únicos que deben definir el destino de los venezolanos son los propios venezolanos”. Por último, se señala: “Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, que durante los años de dictadura en Uruguay, recibió a miles de compatriotas que allí vivieron su exilio; augurando el comienzo inmediato de una transición democrática, pacífica y respetuosa de la voluntad popular, que permita a Venezuela recuperar la libertad, la institucionalidad, la convivencia democrática, la plena vigencia de los derechos humanos y el retorno de sus más de ocho millones de exiliados por el mundo”.