En el marco de la Semana de los Derechos de las Infancias y Adolescencias, este lunes se llevó a cabo en el Palacio Legislativo el conversatorio “Pistas para comprender la pobreza infantil: las características de los hogares con niños, niñas y adolescentes a cargo”, organizado por el Observatorio de Infancia y Adolescencia (OIA) del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) y la Plataforma de Infancias y Adolescencias del Uruguay (PIAS).
El encuentro constó de dos instancias: una mesa técnica y otra política. En la primera participaron el psicólogo Fernando Olivera, integrante de PIAS; la pediatra Soledad Iglesias, de OIA; el economista Carlos Grau, de Cinve; y Ximena Baráibar, asistente social y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. En la segunda mesa intervinieron Óscar Andrade (Frente Amplio), Graciela Bianchi (Partido Nacional) y María Eugenia Roselló (Partido Colorado).
Grau inauguró la mesa con una presentación del trabajo de Cinve vinculado a la medición de la pobreza. Las últimas cifras de la pobreza medida por el método de ingreso, correspondientes al primer semestre del año, muestran que el 14,8% de la población se ubica por debajo de la línea de pobreza, lo que equivale a 2,9 puntos porcentuales menos –unas 103.013 personas– que en el mismo período de 2025. Desde Cinve se entiende necesario complementar la incidencia de la pobreza con dos indicadores adicionales: la brecha monetaria y la severidad de la pobreza.
La brecha monetaria es el resultado de multiplicar la variación de la cantidad de pobres por la variación de la brecha promedio. La variación porcentual entre 2026 y 2025 fue de -24,3%. “Es decir, si mi objetivo es acercar a todos, ahora tengo un objetivo que es menos exigente, desde el punto de vista de la política, porque, en promedio, todos los que están por debajo están más cerca”, explicó Grau.
Otra forma de interpretar la distancia promedio entre el ingreso del hogar y la línea de pobreza es sobre la cantidad promedio de días del mes a los que las personas pobres pueden acceder a una canasta básica. En ese sentido, en el primer semestre de 2025, el ingreso promedio de las personas alcanzaba para vivir 21,5 días, mientras que en 2026 fue de 22,7 días.
Con respecto a la distribución de las personas que se mantienen pobres, en 2025 el 17,1% estuvo a 4.000 pesos de llegar a la línea de pobreza; en 2026 ese porcentaje creció a 22,7%. Es decir, “son más las personas que están cerca de llegar a la línea de pobreza, o sea, no solamente [están los que] pasaron para arriba, sino que los que quedaron por debajo ahora tienen mayor probabilidad de salir de la línea de pobreza”, puntualizó el economista. El porcentaje de los que estaban a 15.000 pesos de llegar a la línea, en tanto, se redujo de 41,2% a 34,7%.
Por otro lado, el riesgo de caer debajo de la línea de pobreza ante cambios menores en el ingreso “no aumentó” y “disminuyó levemente”, del 11,8% al 10,5%, según analizó Cinve. Por su parte, el índice de Gini, el principal indicador utilizado para medir la desigualdad, cayó 1,2% entre 2025 y 2026.
En relación con el índice de pobreza multidimensional, que considera en situación de pobreza a las personas privadas de cuatro o más de los 15 indicadores evaluados, la tasa alcanza el 27,5% en el tramo de 0 a 18 años. En cuanto a la incidencia de algunas de las privaciones en este grupo etario, el 92,5% vive en un hogar donde al menos una persona no completó el ciclo educativo, el 63,1% reside en hogares donde se registran situaciones de informalidad laboral y el 58,5% enfrenta privaciones vinculadas a la vivienda.
Grau introdujo un nuevo indicador, propuesto por el Cinve, que es el de indigencia multidimensional. Para medirla se propone pasar de considerar cuatro privaciones a ocho privaciones. Desde el observatorio también plantean incorporar una “mirada complementaria de la pobreza”, que contemple tanto su dimensión monetaria como la multidimensional, denominada “pobreza en sentido amplio”.
Por último, el economista presentó algunos “posibles indicadores adicionales a ser incluidos en el cálculo de la tasa de pobreza multidimensional”: la relación entre endeudamiento e ingreso del hogar, el estado de salud de los integrantes del hogar y la sensación de seguridad del barrio donde se encuentra el hogar.
El desafío de la violencia y la necesidad de “protocolos interinstitucionales”
A su turno, Olivera puso el foco en una “mirada más social” del problema. El referente de PIAS afirmó que “la situación de las infancias y adolescencias de Uruguay constituye uno de los principales desafíos sociales y políticos”. Si bien reconoció que los datos recientes muestran un avance en la reducción de la pobreza monetaria, sostuvo que todavía “persisten profundas desigualdades estructurales que condicionan las posibilidades de desarrollo”.
“La pobreza infantil no puede comprenderse, exclusivamente, a partir de los ingresos”, afirmó. En ese sentido, señaló que la dimensión multidimensional “permite identificar un conjunto de privaciones que afectan las condiciones de vida”. Las privaciones en educación, informalidad y vivienda están “estrechamente relacionadas y contribuyen a reproducir las desigualdades entre generaciones”, apuntó.
En cuanto a los desafíos, Olivera distinguió la violencia como el principal. De acuerdo con el registro de la campaña de PIAS titulada “No son balas perdidas”, en lo que va del año 21 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados y 41, baleados. “Resulta urgente generar protocolos interinstitucionales específicos de actuación ante asesinatos o lesiones por arma de fuego que involucren a niños, niñas y adolescentes”, afirmó el psicólogo.
Olivera llamó a contemplar “la atención inmediata y sostenida de los sobrevivientes, el acompañamiento psicosocial y económico de las familias, la evaluación de riesgo de hermanos y otros integrantes del hogar”, así como “la continuidad o la reinserción educativa”. Igualmente, exhortó a “promover una revisión profunda de la normativa sobre tenencia y porte de armas de fuego”, la cual “debe contemplar la cantidad de armas autorizadas por persona, las condiciones de acceso, mecanismos de control y trazabilidad de las municiones”.
“Uruguay debe avanzar hacia una estrategia nacional de infancias y adolescencias que abarque todo el territorio nacional, que trascienda los períodos de gobierno y que permita articular las respuestas de los diferentes organismos del Estado”, afirmó Olivera.
