La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) emitió una declaración en respuesta a las críticas del diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez sobre el accionar de una de las funcionarias del organismo. El 4 de junio, luego de que las autoridades de la Jutep comparecieran ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, el Partido Nacional hizo una conferencia de prensa para cuestionar lo que entienden como un “deterioro de la credibilidad” por parte del organismo. En ese marco, Rodríguez sostuvo que la actual mayoría de la Jutep “ha colocado, durante varios meses, a una funcionaria pública en pase en comisión, con connotada militancia política”, y esa funcionaria estuvo “a cargo del estudio de las declaraciones juradas”. “Una perla más para el collar, una mancha más al tigre”, criticó.
Tras la reunión del Directorio de la Jutep del 11 de junio, según consta en una resolución publicada en el sitio del organismo y de la que dio cuenta en primera instancia el diario El País, la Jutep cuestionó el “empleo de un término descalificativo e irrespetuoso para con el organismo” -Rodríguez lo renombró como “Junta de Opacidad y Falta de Ética Pública”- y con la funcionaria en cuestión. Entienden que esto “no constituye una crítica legítima ni fundada en relación a su actuación sino una descalificación personal e institucional grave que atenta contra el debido respeto a las instituciones republicanas”.
En la resolución firmada por la presidenta Ana Ferraris y por el vicepresidente Alfredo Asti pero que no fue suscrita por el vocal, el representante de la oposición Luis Calabria, la Jutep advierte que los fueros parlamentarios “tienen como única finalidad proteger la independencia del Poder Legislativo, no constituyendo un privilegio personal que ampare el agravio a las instituciones del Estado ni a las personas”. Añade que este tipo de expresiones “contribuyen a la deslegitimación y desprestigio del órgano encargado del combate a la corrupción y en nada aportan al debate de fondo respetuoso y fundado acerca de su proceder”. “Por el contrario, tienden a desvalorizarlo como instrumento legal para disuadir, prevenir, detectar y denunciar actos de corrupción”, sostiene.
Además, el organismo señala que existe normativa, como el Código de Ética en la Función Pública y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que impide “agraviar a una funcionaria pública por sus convicciones políticas personales”, ya que constituye “una forma de discriminación”. Agrega que la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ratificada por Uruguay, “obliga al Estado a prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia contra la mujer en el ámbito público, incluyendo actos de humillación e intimidación por razones políticas”.
En atención a todo esto, el Directorio de la Jutep repudió “el uso de todo tipo de expresión agraviante para hacer referencia al organismo” y en particular “la discriminación de la que fue objeto” la mencionada funcionaria. “Las descalificaciones contra funcionarios públicos por sus ideas políticas son inadmisibles en una democracia republicana, constituyendo un acto de discriminación y hostigamiento inaceptables en un Estado de Derecho”, sostuvo el organismo, al tiempo que expresó “la solidaridad institucional con la funcionaria agraviada y con todo el personal de la Jutep, reafirmando su plena confianza en la legitimidad y en el valor de su desempeño funcional”.
Ante la difusión de la información sobre la resolución, Rodríguez respondió este lunes con un posteo en la red X: “La mayoría política de la ´Junta de Opacidad y Falta de Ética Pública´ (emulando a otras oficinas regionales de la ´Gestapo´ del socialismo del siglo XXI), nos dedicaron una resolución… ¡Cómo desaprovechan los recursos, eh!”.