A mediados de mayo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley, presentado por la oposición, que reduce la mayoría de las multas por exceso de velocidad. La iniciativa se aprobó luego de un acuerdo con el Frente Amplio (FA), por el que se le hicieron modificaciones a la redacción original. El espíritu del acuerdo en Diputados era que siguiera tal cual en el Senado, ya que incluso el consenso también incluía al Congreso de Intendentes. Sin embargo, luego de que la Comisión de Transporte del Senado lo arrancó a tratar, se empezaron a plantear cambios.
El senador del FA Aníbal Pereyra, miembro de la comisión, dijo a la diaria que en la primera reunión de la comisión el oficialismo planteó enviar lo que se había aprobado en la cámara baja a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Congreso de Intendentes, para conocer sus opiniones al respecto. “Se había planteado votarlo inmediatamente, pero el propio Congreso de Intendentes envió un documento con modificaciones”, agregó.
Pereyra señaló que el proyecto no va a salir “inmediatamente” de la comisión porque a partir de este miércoles recibirán a los tres organismos que consultaron, empezando por el Congreso de Intendentes.
El senador nacionalista Sergio Botana, presidente de la comisión, dijo a la diaria que los cambios planteados por el Congreso de Intendentes “están bien”. Señaló que uno de ellos, que definió como “jurídicamente imprescindible”, establece que la Unasev “debe adoptar el proyecto de multas del Congreso de Intendentes”, porque si el texto dispone, como salió de Diputados, que solamente lo tiene que “considerar”, esto puede “violar la autonomía departamental”.
Botana apuntó que otro tema que plantearon es que el descuento sea “para todas las multas y no solo para las de [exceso de] velocidad”, aunque aclaró que no piden que se reduzcan las multas por conducir bajo los efectos del alcohol o por maniobras peligrosas, sino las de “pasar un semáforo en rojo”.
El senador nacionalista y exintendente de Cerro Largo sostuvo que el Congreso de Intendentes “siempre tuvo estas discrepancias”, pero “como los diputados lo querían votar”, los dejaron que lo hicieran “y el Congreso no armó lío”. “Ahora tampoco armó lío: nos pidió si podíamos atender estos reclamos para evitar problemas. Y la verdad es que son todos para evitar problemas prácticos”, puntualizó.
Blás presentó un segundo proyecto que para el diputado Conrado Rodríguez es “complementario”
A su vez, el senador nacionalista Rodrigo Blás, también integrante de la comisión, presentó un proyecto de ley que tiene como objeto, “por única vez y con carácter extraordinario”, establecer “un régimen de regularización de deudas originadas en multas por infracciones de tránsito, permitiendo su cancelación mediante el pago de 50% del monto adeudado durante un plazo de 120 días” a partir de la promulgación de la ley.
En la exposición de motivos, Blás señaló que la iniciativa la presentó en el entendido de que el Parlamento aprobará “en estos días” una modificación al régimen sancionatorio vigente, reduciendo el valor de las multas de tránsito. “Esa decisión implica el reconocimiento de que las sanciones actualmente establecidas han alcanzado montos que, en numerosos casos, resultan desproporcionados para la realidad económica de muchos uruguayos”, agregó.
Como consecuencia de eso, Blás señaló que “se generará una situación en la que quienes cometan infracciones con posterioridad a la entrada en vigencia de esa reforma deberán afrontar multas sensiblemente menores que aquellas personas que mantienen deudas originadas bajo el régimen anterior”. “Esa diferencia justifica la adopción de un mecanismo excepcional que permita atenuar esa inequidad y facilitar la regularización de las obligaciones pendientes”, afirmó.
En diálogo con la diaria, el diputado colorado Conrado Rodríguez, uno de los tres redactores del proyecto original –junto con el blanco Sebastián Andújar y el cabildante Álvaro Perrone– consideró que el proyecto presentado por Blás es “complementario” al de ellos, que “no podría tener efecto retroactivo”.