Nacional

Autoridades prevén que en dos o tres meses comenzarán las obras del puente sobre la Laguna Garzón, tras años de polémica.

César Rodríguez es una de las caras visibles del Sindicato de Peones de Estancias, que se conformó recientemente y que nuclea a trabajadores de Tacuarembó y zonas de influencia. En diciembre uno de sus integrantes fue despedido por haberse sindicalizado, lo que motivó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Tras varias audiencias, el estanciero lo reintegró. A pesar de eso, Rodríguez espera “más reacciones” de ese tipo contra la incipiente organización sindical.

Aunque lo enfocaron desde diferentes puntos de vista, la mayoría de los actores políticos consultados por la diaria escogió el cierre de Pluna como “lo peor” que ocurrió en 2012. Entre las cosas positivas, aparecieron destacadas la creación de la Universidad Tecnológica y la situación de la economía.

El presidente José Mujica dijo ayer que el Plan Juntos consiguió construir 1.500 soluciones habitacionales durante 2012, atendiendo a “unas 4.000 familias de tres, cuatro y cinco personas”, que en su “mayoría son mujeres con varios hijos”. En declaraciones a Montecarlo, aseguró que no cree que “se pueda construir casas más baratas, sólidas y habitables” que las del Plan.

“Playas sin guardavidas. Disfrute con precaución” rezaban todavía ayer los carteles en las playas del departamento de Canelones, que comprenden 74 bajadas en Ciudad de la Costa, Costa de Oro y el río Santa Lucía. Los funcionarios debían estar en sus puestos el 8 de diciembre, pero, de manera similar a lo que sucedió en temporadas anteriores, la comuna y la Asociación de Guardavidas de Canelones (AGC) no acordaron puntos trascendentes de la contratación en tiempo y forma. Desde el sábado la Prefectura Nacional Naval reforzó la presencia en algunas playas.

Sara Méndez y su hijo Aníbal Simón cuentan cómo fue que lograron aprender juntos a reconstruir sus identidades.

La identidad atraviesa cada individuo, cada familia, cada historia y cada una de sus necesidades. Hablar de identidad y búsqueda de orígenes hace que espontáneamente surjan innumerables connotaciones que dan cuenta de un complejo engranaje difícil de simplificar. Un engranaje signado por tabúes y una añeja tradición de prácticas legitimadas social y legalmente, no siempre malintencionadas, que lentamente comienza a cambiar pero que dejó por el camino muchos estigmas e impedimentos para acceder a la verdad.

Aunque pueda sonar paradójico, son muchos los intereses que rondan sobre la gestión de residuos en el país, sector regido por una lógica de “capitalismo primitivo” según la definición compartida por quienes lo integran. Varias de las fuentes consultadas también coincidieron en que el sistema está controlado por “mafias”, y hay quienes denuncian que el gobierno es permeable a presiones de empresas que configuran los eslabones formales de la cadena y serían las principales beneficiadas. En el otro extremo se ubican los recolectores y los clasificadores, que pese a la precariedad en la que trabajan son quienes sostienen un negocio que por año mueve 150 millones de dólares según cifras oficiales, más otros varios millones por fuera de la formalidad.