Nacional

La Intergremial judicial convocó ayer una conferencia de prensa antes de una reunión que mantendrá hoy con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. Lo que unió a las asociaciones de Funcionarios Judiciales, de Actuarios Judiciales, de Defensores de Oficio, de Magistrados y de Magistrados Fiscales fue el conflicto con el Poder Ejecutivo por el aumento salarial que reclaman desde 2011.

La fonoplatea que hizo ayer el proyecto Radio Vilardevoz en el anexo del Palacio Legislativo fue un verdadero "desembarco". Allí le transmitieron a los legisladores sus opiniones sobre los lineamientos para una nueva ley de salud mental, que a fines de julio el Ministerio de Salud Pública entregó al Parlamento. Los parlamentarios se comprometieron a aprobar la nueva ley de salud mental, preferentemente para antes de fin de año, aunque aclararon que la aplicación de la norma se hará de forma gradual y el presupuesto que se le destinará incorporará "partidas específicas".

“El que diga que esto tiene un fin político miente”, le comentaba la militante del Partido Independiente María Eugenia Stahl, en la puerta de la Torre Ejecutiva. La marcha denominada en Twitter #nomastrabajadoresasesinados tuvo una convocatoria de alrededor de 100 personas: cortaron media calzada de 18 de Julio, desde la plaza Cagancha hasta el fin de la avenida, en la plaza Independencia. En medio del centenar de personas, un par de mujeres de avanzada edad exhibían una bandera de Uruguay con la escritura: “Ser joven no es delito, ser adulto tampoco. Sí a las razias”.

Finalmente, se concretó la tan mentada instancia de negociación con el Poder Ejecutivo que era reclamada por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU). Tras haber sido suspendida el viernes porque no habían sido convocados los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), ayer los jerarcas y sindicatos estuvieron reunidos durante casi cuatro horas. Además de las delegaciones del MEF, la OPP y la CSEU, participaron en la reunión representantes del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó ayer lo sucedido en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili) el 24 de julio, cuando un grupo de funcionarios golpeó a dos jóvenes internos en el piso. “La CIDH insta al Estado a continuar con las investigaciones judiciales emprendidas, sancionar a los responsables y adoptar medidas a fin de evitar que se repitan hechos similares”, señaló el organismo en un comunicado.