Trabajadoras y trabajadores cuestionan la “complicidad” de la dirección frente a los hechos denunciados, que apuntan a una persona que ocupa un cargo de jerarquía.
La sentencia asegura que la intromisión en la vida privada de las víctimas las “revictimiza” y está “en las antípodas” de lo que establece la normativa nacional e internacional