La sequía de 2023 produjo una de las imágenes más impactantes de la crisis hídrica que enfrentó Uruguay: el embalse de Paso Severino prácticamente vacío. La falta de lluvias, junto con otras problemáticas antropogénicas, provocaron que la cuenca del río Santa Lucía, única fuente de agua dulce para la región metropolitana, se secara. El gobierno se vio obligado a abastecer a más de la mitad de la población del país con una mezcla de agua dulce y salada durante 70 días.
Los sucesivos gobiernos han seguido diferentes estrategias en torno a qué hacer para asegurar el abastecimiento de agua potable durante las sequías. El anterior presidente, Luis Lacalle Pou, propuso el proyecto Neptuno, una planta de toma de agua que se construiría en el estuario del Río de la Plata. El actual presidente, Yamandú Orsi, descartó el proyecto Neptuno desde que asumió el cargo en marzo del año pasado. En su lugar, su administración ha reactivado antiguos planes para construir una represa en Casupá, localidad ubicada en el departamento de Florida. El plan tiene el potencial de resolver parte de los problemas hídricos que tiene Uruguay, pero los agricultores afirman que se les ha dejado de lado en lo relacionado con los detalles de la necesaria expropiación de 96 granjas. Mientras tanto, otros dicen que el avance de la represa ha sido demasiado lento.
Captura de video de una cámara trampa en Casupá, el 28 de junio de 2025. Foto: Leticia Peralta
La represa de Casupá
Casupá se encuentra en el este de Florida, cerca de las fronteras del departamento con Lavalleja al este y con Canelones al sur. El nombre de la localidad significa “al borde de la selva grande” en guaraní, lenguas de uno de los pueblos originarios de América del Sur.
El proyecto de la represa se remonta a la década de 1960 y resurgió en 2019. En 2017 se llevó a cabo un estudio de impacto ambiental. En octubre de 2025, el gobierno recibió un préstamo de 130 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para financiar tanto la actualización de este estudio como la eventual construcción de la represa. Las autoridades tienen previsto que la construcción comience a principios de 2027 y finalice a mediados de 2029.
Mientras tanto, Uruguay está viviendo otro período de suministro de agua incierto. Los actuales meses de verano se han caracterizado por unas precipitaciones inferiores o cercanas a lo normal en gran parte del país y unas temperaturas más altas de lo habitual. Según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), esto se debe al fenómeno La Niña. El 30 de diciembre, OSE activó medidas en previsión de la sequía, entre ellas la preparación de infraestructuras de emergencia y el anuncio de directrices para la conservación del agua. A su vez, la empresa estatal recomendó no utilizar agua de mangueras para el lavado de fachadas, patios, calles y veredas; utilizar el agua de forma racional en el lavado de vehículos; regar los jardines de manera eficiente y moderada; usar de forma moderada el lavarropas y el lavavajillas, y minimizar el llenado de piscinas.
El meteorólogo Nubel Cisneros explicó que la escasez de agua será significativa durante enero y febrero. Entiende que las precipitaciones de este verano estarán entre un 40% y un 60% por debajo de la media.
Impactos ambientales
La represa de Casupá es una posible solución a largo plazo, pero tendrá varios impactos. Según un informe encargado por OSE, se talarán unas 426 hectáreas de monte nativo y se verán afectadas 787 hectáreas de pastizales naturales. En los diversos documentos que componen la evaluación de impacto ambiental de la represa, se considera que los hábitats de un total de 26 especies incluidas en las listas de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) se verán afectados por esta acción. Entre ellas se encuentran aves como la viudita blanca grande (Heteroxolmis dominicana), reptiles como la lagartija manchada (Stenocercus azureus) y mamíferos como la marmosa (Cryptonanus cf. Chacoensis).
Leticia Peralta trabaja con su familia para cuidar de unas 1.000 cabezas de ganado dentro de la zona del embalse propuesto para la represa, lo que supondría la inundación del 40% de sus tierras de cultivo. Las cámaras trampa de Peralta han registrado parte de la fauna local: “Es muy importante mantener intactos sus hábitats y ecosistemas, porque si se trasladan allí es porque todo está en equilibrio”.
El proyecto presentado por OSE en 2017 incluye un programa de rescate de fauna silvestre, que trasladaría las especies de baja movilidad a áreas de conservación cercanas y también propone instalar una zona de amortiguación de aproximadamente 800 hectáreas alrededor del embalse, con la intención de compensar la pérdida de bosques y pastizales nativos, mediante la restauración de ecosistemas y corredores biológicos.
Sin embargo, el estado actual de la cuenca del río Santa Lucía también es motivo de preocupación. La evaluación de impacto ambiental de la represa reconoce los niveles excesivos de fósforo de la cuenca, causados por actividades agropecuarias. La evaluación prevé que el embalse también podría contener altos niveles de fósforo, lo que facilitaría la proliferación de algas y comprometería la idoneidad del agua para el consumo humano. Al igual que con la represa existente de Paso Severino, esta agua tendría que ser tratada antes de ser distribuida. María Selva Ortiz, integrante de Redes Amigos de la Tierra, recuerda lo ocurrido en 2013, cuando una floración de cianobacterias causó problemas en el sabor y el olor del agua proveniente de Paso Severino y afectó el acceso a agua potable para un gran porcentaje de la población del país.
José Langone, biólogo jubilado que trabajó para OSE durante 35 años, advierte que la represa de Casupá podría tardar más de lo previsto en convertirse en un proveedor clave de agua potable. Describe, por ejemplo, las 10.000 hectáreas de eucaliptos situadas al norte de la represa, que competirían por esta agua.
El papel de las comunidades
El estudio de impacto ambiental presentado en 2017 señala que la inundación causada por el embalse de Casupá en su “nivel normal” será de 2.126 hectáreas, mientras que en su “nivel máximo” la superficie asciende a 2.882 hectáreas. Sin embargo, el texto también menciona que el impacto de las expropiaciones será de 3.935 hectáreas. Este proyecto requería la expropiación total o parcial de 46 fincas. También se verían afectadas varias carreteras locales. “No sabemos quiénes ni cuántos serán expropiados”, expresa Carlos Sarrosa, ingeniero agrónomo y ganadero. “No hicieron ningún estudio social ni económico, y lo anunciaron como un eslogan de campaña política”, agrega. Sarrosa afirma que aún no ha recibido información oficial clara, a pesar de que tres de sus granjas, unas 300 hectáreas, serán inundadas.
Peralta está de acuerdo: “La información sigue siendo la misma. No saben cómo, cuándo ni quién se encargará del proyecto, ni cómo ayudarán a los afectados, ni cómo mitigarán el daño ambiental, social o agrícola”. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, visitó la zona en setiembre y octubre, y aseguró que el proyecto seguirá adelante.
Luis Oliva, alcalde de Casupá, reconoce que la iniciativa está causando disputas entre los agricultores y los 2.300 habitantes del pueblo, “donde hay pocas fuentes de empleo”. Espera que la población aumente en un 50% durante la construcción, lo que podría generar un crecimiento inmobiliario, un aumento de la demanda de alquileres, oportunidades turísticas y mejoras en las carreteras y la infraestructura. Sin embargo, luego de haber defendido el proyecto, ahora admite tener reservas desde que se enteró de los posibles daños que podrían causar las expropiaciones de tierras necesarias.
Gobernanza
Ocho empresas uruguayas y ocho extranjeras han presentado ofertas para llevar adelante el proyecto. Entre ellas se encuentran China International Water & Electric Corporation, Sinohydro Corporation y un consorcio compuesto por CCCC Water Resources and Hydropower Construction, Yellow River Engineering Consulting y la empresa uruguaya Impacto Construcciones.
Los agricultores de la zona afirman que OSE ha admitido que no dispone de mediciones in situ de los terrenos donde se construirá la represa; algunos estudios topográficos se han realizado utilizando mediciones con drones y satélites. OSE ha reconocido que faltan estudios medioambientales, según los agricultores locales, y que estos dependen del Ministerio de Ambiente. Tanto esa cartera como OSE se negaron a responder las preguntas enviadas para esta nota. En el Observatorio Ambiental Nacional, el Ministerio de Ambiente reconoce la necesidad de actualizar el estudio de impacto ambiental de la represa en Casupá y establece directrices para que OSE lleve adelante los análisis correspondientes. Desde julio de 2025, momento en que la cartera hizo el encargo a la empresa estatal, no hubo actualizaciones en la información disponible en la plataforma.
Alternativas
El geólogo Marcel Achkar, investigador y docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, cree que es necesario descentralizar el sistema de agua utilizando fuentes locales, cursos de agua más pequeños y aguas subterráneas. También propone reducir las pérdidas de “agua no facturada” –la que se pierde debido a fallos en la distribución–, que en Uruguay se sitúa en torno al 50%. Esta cifra está muy por encima de la media regional, que se sitúa entre el 30% y el 35%. Para Achkar, la restauración de la cuenca del Santa Lucía es crucial: “Es una carrera contra el tiempo. Aún es posible recuperar su calidad ambiental”.
Cuando era intendente de Canelones, el propio presidente Orsi advirtió del deterioro de la cuenca en 2023, incluyendo denuncias por desvíos del río Santa Lucía realizados por privados. Según Ortiz, la mayor parte de la contaminación de la zona proviene de la actividad agrícola. Langone señala que “sólo el 7% de la cuenca no ha sido afectada por los seres humanos y sólo el 2% es monte nativo”. Durante su mandato en la OSE, se construyó una planta de tratamiento de agua en Aguas Corrientes. Afirma que ahora debería construirse otra en Juan Lacaze (en el departamento de Colonia), lo que podría reducir los problemas de salinidad del agua. Por su parte, Ortiz considera que una de las ventajas de la nueva represa sería la posibilidad de mantener el suministro de agua de forma más fiable en tiempos de crisis.
El futuro
Algunos críticos siguen frustrados por la falta de avances en medidas para garantizar el abastecimiento de agua potable para la población. “Estamos en la misma situación que durante aquella sequía extrema”, afirma Langone, en alusión a la crisis hídrica de 2023. También señala que no se ha implementado ningún plan para reparar las tuberías de Montevideo, responsables de gran parte de las pérdidas de agua.
Miguel de França Doria, del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de la Unesco, afirma que Uruguay debe cambiar su relación general con el agua. Dice que el país necesita promover la resiliencia, aprovechar los acuíferos y mejorar la eficiencia. Reconoce que la represa propuesta podría formar parte de esa estrategia. Concluye que “necesitamos una nueva cultura del agua, porque nuestras sociedades se desarrollaron en un mundo que ya no existe”.
Artículo publicado en alianza con Dialogue Earth