Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La situación relacionada con la covid-19 se agrava, no sólo por la sostenida tendencia al aumento de las cantidades de casos diarios y de personas que cursan la enfermedad, sino también por la cercanía de los riesgos asociados con las fiestas de fin de año, en un contexto de clara disminución de las precauciones en parte de la población.

En este marco, el Poder Ejecutivo apuesta básicamente a reforzar las capacidades del sistema sanitario, pero no a frenar la reanudación de actividades. No hay evidencias de que esté logrando, con la simple reiteración de exhortaciones, modificar las conductas individuales y colectivas que explican en gran medida el empeoramiento de los indicadores, y tampoco ha tomado ninguna iniciativa que apunte a ampliar la participación social y política en la discusión de alternativas para aclarar protocolos y prevenir contagios.

Ante esto, el Frente Amplio (FA) reiteró la demanda de diálogo que no fue atendida cuando la situación era mucho mejor, volvió a señalar que le parece insuficiente el apoyo estatal a los sectores más afectados por la enfermedad de modo directo o indirecto, y destacó que no hay información actualizada sobre el uso del Fondo Coronavirus.

En lo referido al impacto social de la emergencia, que previsiblemente se agravará por la caída de los ingresos veraniegos relacionados con el turismo, es útil conocer un estudio sobre los efectos de la pérdida del empleo, que abarca el mediano plazo y la consecuencias para el futuro laboral, la salud (tanto física como mental) y la situación de las familias.

A esto se suma que, no por la covid-19 sino por la orientación de la política económica, el proyecto de presupuesto que hoy comenzará a votar el plenario del Senado dispone una pérdida de salario en el sector público para el año que viene, sin que se haya alcanzado un acuerdo para garantizar en qué momento y de qué manera se recuperará.

Cabe reiterar que la negociación en curso no se da solamente entre la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado y los legisladores oficialistas, sino también entre estos y el equipo económico, que no ha dado ninguna señal de interés en establecer tales garantías.

Es claro que actitudes como esta contribuyen a encrespar las relaciones entre la coalición de gobierno nacional y las organizaciones que integran la Intersocial, y una de las consecuencias es que, en el marco de esta, se hace difícil llegar a un consenso sobre los artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) cuya derogación está planteado buscar mediante un referéndum. Pasan las semanas, se acerca el final del año y no se ha resuelto el debate entre quienes quieren ir contra parte de la norma y quienes proponen su derogación total.

El PIT-CNT quiere impugnar algunos de los artículos aprobados con votos del FA pero no la totalidad de la LUC, y varios de sus dirigentes han señalado en voz alta que, a medida que la actual indefinición se prolonga, aumentan los riesgos para el logro de una alianza amplia por el referéndum y para el éxito de esa iniciativa.

Hasta mañana.