Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Una vez más, la evolución de los casos de covid-19 se lleva el principal destaque, con el registro ayer de 390 casos nuevos (312 de ellos en Montevideo) y 2.650 activos. El porcentaje de positivos en el total de pruebas diagnósticas también asciende.

Como ya se ha dicho, los datos de estos días todavía corresponden en gran medida a contagios que se produjeron antes del último paquete de medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo, y básicamente confirman hacia dónde conducían las tendencias en alza que motivaron aquellas medidas, cuyo efecto aún no podemos evaluar.

Corresponde esperar que ese efecto se produzca de dos maneras. Una de ellas debería ser directa, relacionada con la disminución de contactos laborales en organismos estatales, de las trasnochadas colectivas en bares y restaurantes, o de otras actividades que se acotaron. La otra, indirecta pero tanto o más importante, dependerá de las precauciones no obligatorias que se hayan adoptado o se estén adoptando, en escala colectiva o individual, debido a la percepción de que el riesgo no ha pasado (en parte, por la propia adopción de nuevas medidas gubernamentales).

De lo antedicho se desprende, por otra parte, que no se trata de quedarnos esperando a ver qué sucede dentro de unos días, sino de hacer cuanto podamos, ahora y mientras no mejoren los indicadores, para contribuir a que disminuya la velocidad de propagación del virus.

Las acciones en ese sentido se despliegan en diversos escenarios, y entre ellas tiene indudable importancia, en el primer nivel de asistencia, el trabajo de la medicina familiar y comunitaria. Quienes la practican demandan más recursos tecnológicos, acceso a datos de epidemiología locales y disponer con mayor rapidez de los resultados de testeos.

Sería deseable que los esfuerzos en defensa de la salud pública también se intensificaran para mejorar los hábitos alimentarios, con advertencias sobre niveles perjudiciales de azúcares, sodio y grasas. En ese terreno, sin embargo, el Poder Ejecutivo no sólo ha postergado el contralor del cumplimiento de las normas, sino que se encamina a disponer que estas sean menos rigurosas, con un aumento de los valores que se consideran excesivos. Es probable que esa modificación sea aprovechada por las empresas para reclamar nuevas postergaciones de la fiscalización.

El artículo de Leonel Briozzo que publicamos en esta edición ilustra sobre la relación entre la pandemia de covid-19 y la mala alimentación, que junto con otros problemas globales tienen consecuencias negativas acumuladas para los sectores sociales más vulnerables y vulnerados, con repercusiones relevantes en el embarazo, la crianza y otros derechos sexuales y reproductivos.

Y ya que hablamos del derecho de las personas más vulnerables y vulneradas a la crianza, cabe señalar que ayer el ministro Pablo Bartol reafirmó su respaldo y el del presidente Luis Lacalle Pou a la directora del Pronadis y de la Secretaría de Cuidados, Gabriela Bazzano. También dio a entender que coincide con Bazzano sobre la necesidad de replicar las prácticas de la asociación civil Seamos en una política pública.

Hasta el lunes.