Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Ayer no fue un buen día para la “coalición multicolor”. Temprano se difundió la renuncia de Ricardo Gil a la Junta de Transparencia y Ética Pública, y el ahora ex jerarca no sólo acusó al Poder Ejecutivo de debilitar la independencia del organismo que presidía, al cambiar su integración “en el marco de una distribución de cargos cuotificada”. También recordó que la Junta y la Fiscalía señalaron, en su momento, “múltiples y graves irregularidades” de Armando Castaingdebat en la intendencia de Flores, pese a lo cual fue nombrado subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

En la noche salió a escena el ex presidente Tabaré Vázquez, y empleó su muy considerable peso político para cuestionar que, en el marco de la actual crisis, se haya aplicado el aumento de tarifas vigente desde el 1º de abril, y reclamar que se instale una “mesa de diálogo nacional” orientada a definir políticas de Estado. En forma nada inocente, Vázquez dijo que en ella se podría, por ejemplo, acordar el establecimiento de “impuestos a grandes capitales o a capitales en el exterior”, y que si eso se hace “en consenso entre gobierno y oposición, no va a haber conflictividad”.

El tema es que el presidente Luis Lacalle Pou ya expresó que no quiere aumentar la carga fiscal sobre ganancias o patrimonios de gran envergadura, con el argumento de que eso jugaría en contra de la recuperación económica tras el actual período de emergencia. Ahora su antecesor da a entender que Lacalle Pou lo hizo por temor a enfrentarse con intereses poderosos, y le ofrece apoyo para que se anime…

Entre ambas noticias, y para regocijada sorpresa de los senadores frenteamplistas, el secretario nacional de Deportes, Sebastián Bauzá, compareció ante la comisión que considera el proyecto de ley de urgente consideración (LUC), y manifestó que no fue consultado sobre los artículos en materia de seguridad de los espectáculos deportivos ni está de acuerdo con ellos. Bauzá propuso que se modifiquen esos artículos para aplicar otro tipo de medidas, en línea con las que llevó adelante el anterior gobierno nacional.

El mal día se completó con otros cuestionamientos al proyecto de LUC en la comisión del Senado, menos inesperados pero contundentes, por parte del rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, y de las autoridades de la Universidad Tecnológica.

A su vez, se difundieron quejas por las modificaciones que está llevando a cabo el Mides en varios de sus programas, defendidas por las autoridades de ese ministerio como formas de evitar superposiciones, ampliar la gama de organizaciones de la sociedad civil que participan en algunas áreas, y en otras abordar las tareas directamente con funcionarios. Es posible también que, cuando se pase raya, estas decisiones contribuyan a las directivas de disminución de gasto emanadas del Poder Ejecutivo.

En esa línea, no sorprende que, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, el desembolso estatal en Uruguay para enfrentar la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales sea 0,7% del Producto Interno Bruto, la cuarta parte del promedio de América Latina y el Caribe.

Hasta el lunes.