Las bancadas oficialistas aprobaron en Diputados una nueva ley de medios que quita las anteriores barreras a la concentración en pocas manos de ondas públicas de radio y TV y se desentiende del origen de los grupos económicos que las controlan.
Se trata, a esta altura, de toda una política pública con la que el actual gobierno favorece a los dueños de empresas de comunicación. Un repaso veloz debería incluir, en esta línea, la adquisición por parte de Antel de los derechos de retransmisión de los canales privados por 1.230.000 dólares anuales por señal y sin vinculación con el uso efectivo del servicio por parte de los usuarios, y la cesión de la infraestructura pública para que los propietarios de empresas de cable puedan facturar como proveedores de banda ancha.
No menos importante en esta política es la reciente inclusión en el proyecto de ley de financiación de partidos políticos, que muy probablemente no tendrá efecto en las próximas elecciones nacionales, de una disposición que retribuye, también millonariamente en dólares, a los medios que deban ceder espacio publicitario gratuito a la propaganda electoral, a pesar de que se trata de concesionarios de frecuencias públicas.
Esta política, junto con otras acciones del actual gobierno, no hace sino debilitar la transparencia, no ya como ideal de gestión democrática, sino como condición para controlar el avance de grupos económicos que operan fuera de la ley.
Para la historia
Por segunda vez, Uruguay fue parte del muy minoritario grupo de países que no votó una resolución que solicita el alto al fuego en Gaza en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y el ministro de Relaciones Exteriores debió concurrir al Parlamento para explicar el apartamiento de la posición histórica de nuestro país.
El gobierno de Israel, por su parte, anunció que prevé continuar por varios meses la ofensiva en la zona, que ya ha cobrado la vida de casi 20.000 civiles y significa un récord de asesinatos de niños y niñas de la historia reciente.
“La representación en la ONU no debería ser del gobierno de turno, sino del Estado uruguayo como tal, que desde hace muchos años había mantenido algunos lineamientos básicos en la política exterior. Entre ellos, el de defender la solución pacífica y negociada de los conflictos, incluso cuando son, como este, extremadamente complejos y difíciles de conciliar”, dice nuestro editorial.
También pasó
El Sindicato Médico entró en conflicto con ASSE por la situación de la atención a niños y niñas.
Decreto reglamentario del gobierno evitó la salida de Spotify y ahora la discusión pasará a una comisión del Ministerio de Industria.
Tras anunciar fuertes medidas de ajuste, el nuevo gobierno de Argentina se dispone a reprimir con dureza la protesta social.
La intendenta de Montevideo y precandidata frenteamplista a la presidencia Carolina Cosse anunció que apoya la campaña para plebiscitar la reforma de la seguridad social.
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La historia de las comunidades afro en Argentina, escrita por Uki Goñi, quien tal vez sea la figura más infravalorada de la música y el periodismo rioplatenses.
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A 40 años de la muerte de Ángel Rama, escribí sobre su voluminosa correspondencia, editada en un libro el año pasado.