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Gustavo Penadés en conferencia de prensa el 29 de marzo.

Foto: .

Penadés y Manini en el centro del escenario

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En una semana tradicionalmente de poca actividad, la agenda de noticias se centró en las denuncias contra el senador nacionalista Gustavo Penadés y las tensiones relacionadas con dos proyectos de ley oficialistas cuyo tratamiento se retomará en pocos días: el de reforma jubilatoria y el de “corresponsabilidad en la crianza” o “tenencia compartida”.

En el caso Penadés, lo principal fue que surgieron más acusaciones de explotación sexual de adolescentes, al parecer sobre hechos más recientes, además de la planteada por la militante nacionalista Romina Celeste. Esto puede sacar de escena la perspectiva de que el tema se descarte por la prescripción de los delitos que podrían tipificarse.

Además, el hecho de que Fiscalía haya decidido actuar de oficio sobre lo divulgado por Romina Celeste, sumado a la existencia de nuevas denuncias, toma prioridad en relación con la demanda por difamación que había anunciado Penadés. Si Fiscalía concluye que hay elementos para investigar delitos del senador, serán las conclusiones al respecto las que determinen si Romina Celeste dio a conocer hechos verdaderos o falsos, y si fueran verdaderos no corresponderá imputarle difamación.

Penadés adelantó su voluntad de que se suspendan con celeridad sus fueros si la Justicia quiere investigarlo, y el oficialismo está dispuesto a hacerlo. Por otra parte, abundaron los cuestionamientos a Luis Alberto Heber, por afirmar de antemano que Penadés había sido difamado y el ministro del Interior decidió adoptar otra posición.

El presidente Luis Lacalle Pou también fue cuestionado por sus declaraciones sobre el caso, y una foto difundida en Canal 4 llevó a que se le pidieran explicaciones al arzobispo y cardenal católico Daniel Sturla. En esta nota aportamos elementos sobre las normas vigentes para la investigación.

Lo de la reforma jubilatoria ha pasado al terreno de los cuestionamientos mutuos, muy duros, entre Cabildo Abierto y el resto de la coalición de gobierno. La negociación política sigue abierta, pero da la impresión de que ahora el centro de la cuestión no es cómo puede quedar el proyecto, sino cómo pueden quedar ante la opinión pública los partidos oficialistas involucrados en el debate.

En lo referido al proyecto sobre tenencia compartida, lo más notorio han sido las controversias entre oficialistas que lo defienden y actores políticos y sociales que se oponen a él –entre ellos el Sindicato Médico del Uruguay–, pero cabe señalar que todavía no es seguro que haya mayoría para aprobarlo.

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