Durante la semana, entre la incertidumbre por la llegada del papa León XIV, las fallas en el servicio de internet de Antel y las persistentes y pronosticadas lluvias, apareció la agenda del gobierno. El lunes, aún con la disminución de la pobreza sobrevolando, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, anunció que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley para permitir –bajo determinadas condiciones– las jubilaciones a los 60 años, una promesa de campaña con un incierto futuro, dada la composición de la Cámara de Diputados.
Dos días después, el presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció el arribo de una de las inversiones “más grandes de la historia reciente”. Según se informó, la empresa española Solaria –con la que ya se firmó un preacuerdo– desembolsará unos 5.700 millones de dólares para la construcción de dos centros de datos y un parque fotovoltaico en Canelones, San José y Florida.
Se prevé que la “megainversión”, tal como fue presentada por el gobierno, genere miles de puestos de trabajo (3.100 temporales y 1.500 permanentes) y esté plenamente operativa a principios del próximo gobierno. Funcionará en régimen de zona franca, aunque probablemente tenga que tributar el impuesto mínimo global. Fuentes de UTE señalaron a la diaria que con Solaria se negoció un contrato de compraventa de energía por 20 años, prorrogable a otros 20.
Desde la oposición, en tanto, ya se elevaron pedidos de informes y se alertó sobre la “poca espalda” de la empresa española para emprender un proyecto de semejante magnitud.
“Apariencia delictiva”
El oficialismo también consiguió esta semana darle el cierre que quería a la investigación parlamentaria sobre el caso Cardama. Una vez más, fue gracias a Cabildo Abierto.
El miércoles, al rato del anuncio de Orsi, la Asamblea General se reunió para tratar finalmente los cuatro informes que se elaboraron acerca de la frustrada compra de dos patrullas oceánicas al astillero español.
En el del Frente Amplio se señala, entre otras cosas, que “la consumación del fraude y la magnitud del daño causado al patrimonio público no hubieran sido posibles sin la intervención de funcionarios públicos que, mediante decisiones activas u omisiones en el ejercicio de sus cargos, permitieron que la situación se desarrollara en los términos en que lo hizo”.
Para la Coalición Republicana, en cambio, el proceso de contratación de Cardama “se ajustó a derecho” y “no existen hechos de corrupción en los que estén vinculados funcionarios públicos”. Nuevamente, el bloque no mostró fisuras: a pesar de que ni el Partido Colorado ni el Partido Independiente estuvieron directamente involucrados en la elección de Cardama durante el gobierno anterior, ambos cerraron filas detrás del Partido Nacional. Con relación a la garantía de fiel cumplimiento, en el informe de la oposición se sostiene que fue el estudio jurídico Delpiazzo el que “nunca advirtió sobre la existencia de indicios de que la documentación presentada fuera falsa”.
Sobre esto último, en el informe de Identidad Soberana se consigna que Cardama llegó a presentar nueve “alternativas de garantías”, las cuales fueron “sucesivamente rechazadas”, hasta que se aceptó la de Eurocommerce. “¿Nueve veces rechazada la garantía? ¿No es un elemento indiciario? ¿No es un comportamiento heterodoxo, sospechoso? Por supuesto que sí”, aseveró en sala el diputado y líder del partido, Gustavo Salle. Con todo, Identidad Soberana también cuestionó que la actual administración haya pagado 16 millones de euros a la empresa española antes de la rescisión del contrato.
Cabildo Abierto, que había elaborado un escueto informe de apenas tres párrafos, no participó en la discusión. Al momento de la votación, sus dos diputados se retiraron de sala, lo cual permitió que se aprobara la moción del Frente Amplio, en la que se hace referencia a “hechos y actos con apariencia delictiva”. Toda la información recabada durante la investigación parlamentaria fue derivada a Fiscalía.
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