Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Tanto oficialismo como oposición presentaron este lunes las conclusiones a las que llegaron después del trabajo de la comisión especial que investigó el proceso de adquisición de dos patrullas oceánicas al astillero español Cardama, y anunciaron distintas acciones. Por un lado, la Coalición Republicana adelantó que “en los próximos días” presentará una denuncia penal contra la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, “por el delito de abuso innominado de funciones”, según dijo el diputado nacionalista Pablo Abdala en conferencia de prensa en el Palacio Legislativo.
El legislador afirmó que la decisión se basa en el entendido de que el gobierno llevó adelante una “operación política” vinculada a “asuntos que son de la competencia” del Ministerio de Defensa Nacional y, “por lo tanto, la ministra Lazo es responsable legalmente, políticamente y penalmente, en la medida en que corresponda, con relación a ellos”. Agregó que la comisión investigadora terminó “de confirmar que las verdaderas irregularidades acontecieron a partir del 1° de marzo de 2025” y, más adelante, fue más preciso al argumentar que la decisión de presentar una denuncia penal contra Lazo tiene que ver con que “claramente ella ha protagonizado hechos de apariencia delictiva”.
El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, señaló que la coalición opositora decidió solicitar a la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, “que envíe inmediatamente a la Justicia todos estos antecedentes, sin necesidad de esperar el pronunciamiento” de la Asamblea General.
Media hora después de estas declaraciones, el Frente Amplio (FA) hizo sus anuncios en otra conferencia de prensa, que estuvo encabezada por su presidente, Fernando Pereira, en compañía de los senadores Nicolás Viera, Liliam Kechichian y Eduardo Brenta, y el diputado Joaquín Garlo. En ese marco, Garlo afirmó en primer lugar que “existieron hechos de apariencia delictiva” durante el proceso de compra –durante la anterior administración– y que el trabajo de la comisión confirmó “la existencia de otros hechos que no fueron denunciados oportunamente por el Poder Ejecutivo”. Señaló que la intención del FA es “denunciar estos hechos nuevos con apariencia delictiva ante la Fiscalía General de la Nación para que se disponga su investigación y se determinen las eventuales responsabilidades penales que correspondan”.
El oficialismo identifica al astillero español como el “principal responsable” de todo el proceso, aunque considera que “los hechos consumados por Cardama no podrían haberse [concretado] sin la acción u omisión de funcionarios públicos que intervinieron en ese proceso”. En esa línea, Pereira apuntó que “claramente hay responsabilidades políticas” y mencionó a los exministros de Defensa Nacional Javier García y Armando Castaingdebat y a “miembros de la Armada”, pero también al expresidente de la República Luis Lacalle Pou, quien “siguió esta compra y la avaló”. De hecho, para Viera, “el primer responsable político de esta situación en la que se encuentra el Estado uruguayo es el expresidente Luis Lacalle Pou”.
Fuera de Uruguay, los ojos volvieron a estar puestos en el gobierno de Estados Unidos, que este lunes hizo una serie de anuncios económicos controvertidos. Por un lado, el presidente Donald Trump escaló la guerra comercial contra su vecino Canadá y anunció que, a partir del 1º de enero de 2027, “los aranceles sobre todos los automóviles, camiones (tanto grandes como pequeños), piezas de vehículos y acero aumentarán al 50%”. Por otro lado, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, amenazó con imponer sanciones severas a cualquier país o entidad que mantenga vínculos económicos con Irán, con el fin de “cortar cualquier salvavidas económico que sostenga a este régimen tiránico hasta dejar a Teherán totalmente aislado”.
Hasta mañana.