Opinión

Creo que detrás de la discusión sobre el Antel Arena hay dos visiones, profundamente diferentes, sobre las empresas públicas y su vínculo con la innovación.

¿Por qué no nos consultan? Y si lo hacen (o fingen hacerlo), ¿por qué no toman en cuenta nuestras opiniones y fundamentos respaldados en nuestros estudios y experiencia?

Nadie duda de que las víctimas de delitos violentos sufren daños graves en diferentes niveles (físicos, psicológicos, económicos) que deben ser reparados, pero no parece ser la acción afirmativa el instrumento adecuado.

El avance de la sacralidad (y del pensamiento literal) es de temer y es profundamente peligroso, no porque limite la opinión, sino porque limita el pensamiento.

No vemos cómo puede ser posible, respetando el libre mercado y aplaudiendo derechos exclusivos a los más emprendedores, revertir el injusto desarrollo social.

Asistimos a un cambio de paradigma de seguridad, y por ende a la forma de entender el delito y sus protagonistas. Se trata de un retorno a la seguridad pública, en el que convergen varias tendencias.

La orientación política de Desiderio (y en definitiva, de las organizaciones que representa) puede preverse: ayudar a modificar el sistema contemplando intereses particulares de grupos de presión.