Opinión

Parece que la norma jurídica más fiera de la historia uruguaya está viviendo sus últimas horas. Ya hay un borrador de proyecto acordado por el Frente Amplio y el Ministerio de Relaciones Exteriores para acabar con la Ley de Caducidad, que determinó en 1986 la impunidad para las violaciones de derechos humanos cometidas por la última dictadura cívico-militar. Sólo resta afinar detalles menores. La semana próxima habrá novedades, y este mes, seguro, la iniciativa habrá llegado al Parlamento. También falta decidir si la presentará el Poder Ejecutivo o la bancada oficialista, y a través de cuál de las dos cámaras.

La evaluación iniciada el sábado por dirigentes del Partido Nacional sobre su desempeño en el último ciclo electoral se desarrolla sin que las cosas sean llamadas por su nombre. El doctor Luis Alberto Lacalle está en el banquillo de los acusados, pero no lo acusan directamente: ante críticas que no afrontan lo central, tiene espacio para ensayar defensas que son apenas ejercicios de retórica, y la oportunidad de corregir errores se pierde.

El conflicto AUF vs. árbitros dio como resultado visible el incumplimiento de la fecha fijada para comenzar la temporada 2010-2011. El fin de semana pasado no se inauguró el Campeonato Uruguayo, dando fin a un ya excesivo receso que ya lleva más de 100 días de inactividad para la mayoría de los equipos, en tanto jugaron por última vez el 2 de mayo, y hoy se cumplen los tres meses de quietud para Peñarol y Nacional, actores de las finales de la temporada pasada, que finalizó el 18 de mayo.

Las controversias sobre la clausura de actuaciones judiciales contra los hermanos Dante, José y Jorge Peirano Basso exigen una lectura atenta. Tratemos de distinguir lo claro de lo oscuro.

El conflicto entre los árbitros de fútbol y los dirigentes de los clubes de fútbol se da entre el afuera y el adentro del gobierno del fútbol. No es una situación original. Se la puede detectar permanentemente año a año, temporada a temporada. Unas veces el conflicto se establece entre los futbolistas y los dirigentes, en otras oportunidades se instala entre entrenadores y dirigentes, en este caso el choque es entre árbitros y dirigentes.

“Por eso estamos hablando con la Suprema Corte”, repitió tres veces el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ante otras tantas preguntas que le planteaba Emiliano Cotelo al entrevistarlo ayer en El Espectador. El periodista quería saber dónde están “los antecedentes judiciales o administrativos” de menores de edad “en conflicto con la ley” que, según el Código de la Niñez y la Adolescencia vigente desde 2004, se deben “destruir en forma inmediata” cuando el infractor cumple 18 años o termina de purgar la sanción que la Justicia le haya impuesto.