Opinión

Seguro que no es de ahora, y pasa desde hace añares. Seguro que no es acá, y pasa en casi todos lados. Pero en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se ha dado un golpe institucional con una impunidad y descaro manifiestos, que por un proceso de cercamiento y agotamiento, con la complicidad voluntaria en algunos casos y medianamente inocente en otros, terminó volteando a un gobierno que cuidaba los intereses del fútbol profesional, y por tanto de los clubes que componen la AUF, en detrimento de la mezquina voracidad de "la empresa", que, con políticas de prestamistas salvadores in extremis, se ha ido quedando con las voluntades de los clubes que ahora levantan la mano de acuerdo a sus necesidades.

Con la aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador, el fantasma de la inconstitucionalidad volvió a tocar a la puerta de la escena política. Más allá del análisis del articulado de dicha ley -su discutida adecuación al ordenamiento nacional y el debate pendiente sobre las implicaciones de pensar soluciones a determinadas problemáticas mediante el aumento de penas, sin problematizar la importancia de un “derecho penal mínimo”-, resulta pertinente reflexionar en torno al uso de la hermenéutica jurídica como estrategia de la oposición, ante iniciativas legislativas que logran consolidarse, entre otras razones, por la existencia de mayorías parlamentarias frenteamplistas.

Un país cuyo prócer pasó exiliado los últimos 30 años de su vida no puede fregarse en instituciones humanitarias como el refugio o el asilo político. Un país donde, hace no mucho tiempo, miles de personas acusadas de “terrorismo” y “sedición” fueron encerradas, torturadas y desterradas, no puede permanecer indolente cuando ocurren cosas así en otros lugares. Los herederos políticos del colorado Luis Batlle y del blanco Gustavo Gallinal, encarcelados en 1931 en la Isla de Flores por la dictadura de Gabriel Terra y luego expulsados, no deberían tomarse a la ligera el sufrimiento de los reclusos musulmanes en la base militar estadounidense enclavada en el territorio cubano de Guantánamo.

La noticia del paso previo a la posibilidad de que El País Cultural deje de publicarse ha generado repercusiones de todo tipo en la prensa escrita y las redes sociales. Las voces en torno al hecho han oscilado entre aquellos que creen que esto significa un duro golpe a la crítica cultural uruguaya y quienes consideran que, más allá de una voz más dentro de las tantas, lo que se pierde en realidad no es mucho. Todo lo que se generó en torno a esta noticia debe servir también para replantear, revisar y actualizar algunas nociones sobre la crítica cultural, el modo en que se ha desarrollado y se desarrolla en el medio uruguayo y la forma en que puede ser un instrumento útil para entender los tiempos que vivimos.

A quien desde hace un cuarto de siglo se acostumbró a vivir pendiente de los viernes para leer El País Cultural le costará creer que llegue ese final. Costaría menos creer que haya sido una decisión adoptada por una empresa más comprometida con el lucro que con la reflexión y la cultura artística que, digan lo que quieran algunos vanos teóricos posmodernos, es desinteresada e inviable como negocio.

¿Por qué dudar de la eficiencia que las Fuerzas Armadas (FFAA) podrían brindar en la custodia de plantaciones legales de marihuana? Nadie podría cuidarlas mejor que esa amplia cantidad de gente ociosa y de recursos desparramados por todo el país, con poder de miedo. Además, sería una buena oportunidad para que las FFAA demuestren al imaginario colectivo que no son los verdes tiranosaurios que algunos quieren ver.