Edgardo Rubianes

Las innovaciones incrementales, tanto del punto de vista económico como social, deben constituir un componente esencial de la futura política pública de ciencia, tecnología e innovación de un nuevo gobierno progresista.

¿Podemos imaginarnos que no haya niños que vivan en inseguridad alimentaria? ¿Podríamos plantearnos que, por ejemplo, una de nuestras “misiones” para el bicentenario sea pobreza infantil igual a 0%?

“Uruguay se salva con el agro o con él perece” es una consigna de larga data, utilizada cada vez que entramos en fases recesivas. Es una forma más de expresar la base de ese entrampamiento y la ciclicidad histórica recurrente.

En relación a lo programático-estratégico, se precisa definir sectores y eslabones de cadenas productivas a ser priorizados dadas las capacidades instaladas o las potencialidades prospectadas.

El estudio de la ejecución efectiva de la ANII evidencia un gran recorte: en valores constantes, en 2022 se ejecutó un 25% menos que en 2019.

Dentro del declarado y sorpresivo aumento de la inversión en ciencia y tecnología informado por el gobierno hay medias verdades y manipulaciones varias de la información.

Pascale propuso acciones institucionales, financieras y de estrategia económica muy concretas. Es decir, planteó superar la retórica sobre la economía del conocimiento y empezar a hacer.

La política de ciencia, tecnología e innovación de estas autoridades se ha caracterizado por un recorte efectivo de los fondos destinados al área, y se lo intenta ocultar mediante opacidad informativa.

La comparación interanual que resulta es concluyente: en valores constantes la ejecución de la ANII en 2022 fue 16,6% menor respecto de la realizada en 2019.

Nos resulta consistente proponer que una cadena productiva exportadora muy rentable como la cárnica financie desarrollos científicos y tecnológicos y formación de recursos humanos calificados.

Mientras el congreso de Estados Unidos aprueba una sideral financiación para ciencia y tecnología, la actual Rendición de Cuentas se caracteriza por incongruencias entre objetivos y financiaciones concretas.

La finalización administrativa de la emergencia sanitaria pone un límite formal a un tiempo complejo y doloroso para todos caracterizado, según los períodos, tanto por aciertos como por desaciertos en el manejo sanitario.

¿Continuará la ANII funcionando, ahora de modo agravado, fuera del marco legal? ¿Se lo va a seguir permitiendo?

Años después, Wilson Ferreira, que votó la Ley de Seguridad, pero no la de Enseñanza, reconoció con honestidad su error cometido respecto a la primera. Sanguinetti nunca lo hizo respecto a ninguna de las dos.

No permitamos que nos metan en corrales de ramas en la discusión y agreguemos inteligencia a la gran cuota de fe que, sustentada en 800.000 firmas, tenemos para darla.

A la carencia de explícitas definiciones político-estratégicas sobre ciencia y tecnología se agrega ahora esta falta de transparencia informativa sobre los recursos financieros y cambios legales intempestivos sin fundamentación.