Laura Fernández

Violencia es también aceptar una candidatura siendo mujer, a sabiendas de que tarde o temprano llegará el mal rato, el comentario infeliz, la no disculpa.

Bienvenidas las reacciones en cadena frente a la sola idea de hacer de la miseria un delito. Lo que conmueve conduce.

A Amelia Sanjurjo no la hallaron todos quienes se lo arrogan. La encontraron las viejas incansables; los familiares que nunca se rinden; las almas que ensanchan y multiplican la Marcha y el Silencio cada 20 de mayo.

Una ley interpretativa que diga que el hecho de residir fuera del país no obsta al ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía en nada involucra las garantías del sufragio.

Resulta un anacronismo indefendible exigir la presencia en el país para ejercer nada menos que un derecho humano como el voto.

El voto en el extranjero, lejos de alejar, acerca. Permite reforzar los lazos de pertenencia de los emigrantes respecto al país de origen.

Hoy Uruguay y Surinam son los únicos países en América del Sur que no reconocen a su diáspora el derecho al sufragio, situándose en las márgenes de la tendencia internacional

Se dijo desconocer lo que se venía manejando hacía meses. Se hizo lugar a los requerimientos de un delincuente, en desmedro del interés nacional. ¿Qué más debería pasar para que reaccionemos?

Lo que resulta inadmisible es que, en el momento de mayor turbiedad de este gobierno, se venga a señalar con el dedo a un colectivo que cada día resigna su tiempo para dar la pelea junto a quienes menos tienen y más precisan.

El caso Marset sigue en el punto cero, sin nadie que se haga cargo, y ahora se le agrega una gestualidad política innecesaria, que sólo complica las cosas para nuestros compatriotas en el exterior.

Ahora resulta que ocurrió un resultado que nadie quiso, que la mano invisible de la burocracia entregó en mano un pasaporte, en una cárcel, a un narcotraficante con antecedentes y buscado por la Policía, Interpol y la DEA

La idea central es evidenciar y aportar soluciones ante la necesidad de una política de más información, de seguimiento y más control en la adquisición y tenencia de armas de fuego.

Prescindir de esos especialistas, retirar Estado y habilitar el espacio a la discrecionalidad y los acuerdos entre privados, multiplica los riesgos, quita transparencia y violenta derechos.

La reducción de problemas complejos a una caricatura de buenos o malos, policías o ladrones, libertad o miedo, rinde en la cortita. Por eso, más que nunca, la disputa de ideas está en el mano a mano.

La concreción de los juzgados de género no solamente evitará el peregrinaje de las mujeres, sino que serán capaces de dar una respuesta integral a la problemática. Pero lo cierto es que no se concretan.

Estos proyectos se fundan (a veces) en un conjunto de falencias, imperfecciones y hasta horrores de nuestra sociedad, pero proponen una “solución” que, lejos de serlo, atrasa el reloj de la consagración de derechos.